Gabriel González

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cortes de carreteras más significativos e iniciativas como el veto a las excursiones y las colonias. El último recuento suma un total de 570 asambleas. Más de 32,000 docentes –un cuarto de la plantilla– están llamados a participar en sus debates, que se prolongan durante horas. El movimiento ha crecido y ha decidido finalmente dotarse de una estructura formal.

“Este trabajo interno es también lo que hemos estado haciendo en los últimos encuentros de septiembre”, apunta Mónica Rodrigo, una de las portavoces, en conversación con El Món. Todo queda de esta manera: cada municipio se estructura en diferentes asambleas –algunas propias de cada centro y otras, más amplias, agrupan más de una escuela de una misma área geográfica– y estas reportan sus debates a las asambleas territoriales –hay una cuarentena, mayoritariamente, una por comarca–. Una organización básica que encuentra más dificultades en el siguiente nivel. “No podemos hacer siempre reuniones de cinco horas”, remarcan desde el movimiento, que han reestructurado la organización para que los debates definitivos sean más efectivos. A partir de ahora, todos podrán asistir a las asambleas generales, pero solo un representante de cada territorial tendrá voto. Los sindicatos críticos –USTEC, CGT, Intersindical y COS– también estarán presentes en la toma de decisiones.

El movimiento ha decidido ganar en formalidad después de un inicio de curso que ha mostrado las carencias de un sistema capaz de movilizar al conjunto de la comunidad docente, pero poco práctico a la hora de llegar a grandes consensos. «Las primeras semanas de septiembre hemos chocado con la realidad”, admite Rodrigo. “Las plantillas han cambiado mucho en los centros y las asambleas deben reestructurarse con las personas nuevas”, comenta. Desde las asambleas había surgido la idea, incentivada también por los sindicatos, de crear un listado de prioridades en el último encuentro, celebrado el fin de semana pasado en L’Hospitalet de l’Infant. Pero no ha habido margen para cerrar un documento y la AEC ha ampliado el plazo para hacer anotaciones hasta el 17 de octubre. Los docentes debatirán finalmente un documento final de prioridades –que, a diferencia de lo que querrían los sindicatos más grandes, será «vivo» y puede ir cambiando– el 24 de octubre en una asamblea que se celebrará en Ponent.

Desde las asambleas también se apuesta por asistir a las reuniones que convoque la consejera con los sindicatos. Como organismo autónomo que no se presenta a ninguna elección sindical, no tiene representación en las mesas sectoriales, pero podrían asistir si un sindicato los convoca. De hecho, Ruben Satorra, uno de sus integrantes, ya hizo acto de presencia en la última reunión entre la consejera Esther Niubó y el sindicato USTEC en nombre de la AEC. En este sentido, y a pesar de haber entrado en las conversaciones con el departamento, Mónica Rodrigo descarta hacerle la competencia a los sindicatos. La asistencia a estos encuentros “no es para tomar decisiones” sino “para que se nos tenga en cuenta”, asegura la activista. “Si nos convertimos en un sindicato ya no seríamos lo que somos. Está bien que ellos negocien, pero también que haya un mecanismo de escucha directa”, concluye.

Nuevas huelgas en noviembre

La AEC también ha retrasado el calendario de futuras movilizaciones, si bien USTEC ha hecho público que el movimiento y los sindicatos trabajan con la idea de realizar nuevas huelgas a finales de noviembre. Los días previos, durante el mes de octubre, ambas partes apuestan por realizar una labor interna de reorganización que permita animar a los docentes más desanimados y sumar a aquellos más nuevos. Todo el mundo da por hecho, sin embargo, que el primer trimestre terminará con nuevas protestas, si bien aún no se ha decidido si se replicará el formato descentralizado y prolongado en el tiempo del curso pasado o si se comenzará con días aislados.

El curso ha comenzado con una huelga el 8 de septiembre y un cambio de rumbo del Gobierno que ha situado al presidente Salvador Illa en el centro de la crisis educativa. El presidente, que hasta ahora había delegado la gestión en la consejera Esther Niubó, ha encargado personalmente una tarea de análisis y de elaboración de nuevas propuestas al Consejo de la Educación de Cataluña. Illa también ha liderado un encuentro este viernes con los grupos de la oposición –exceptuando a Vox, que no ha querido asistir– para iniciar dos grupos de trabajo, uno de ellos para establecer cuál debe ser el horizonte del 6% del PIB sobre educación. 

La oposición ha reaccionado con escepticismo calificando la reunión de “vacía de contenido” y alertando de lo que puede ser una “maniobra” del ejecutivo para desviar la atención. Así se han expresado exactamente formaciones como Junts o los Comuns, en la línea de otras declaraciones similares de ERC, CUP y PP. Alianza Catalana ha asistido, pero no ha opinado públicamente. Todo deja pocas conclusiones, pero una clara: sindicatos y asambleas preparan más protestas mientras el ejecutivo le pide al país un debate amplio y sin crispación.

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