El último recuento de escuelas que no harán salidas ni colonias este curso supera los 1.300 centros públicos, casi cuatro de cada diez. Una situación que genera inquietud en las familias y también en el Departamento de Educación, que ha pedido mantener este aspecto singular de la escuela catalana. Presiones públicas que los sindicatos críticos denuncian que también llegan en privado. En una rueda de prensa conjunta, la USTEC, la CGT y la Intersindical han señalado que la inspección de Educación da «consejos» a los centros que se convierten de facto en una manera de «presionar los claustros». Las tres organizaciones también cuestionan la actitud de algunas direcciones y la «presión mediática» tras haber tomado la decisión.
El boicot a las salidas y colonias, que ya logró sus efectos deseados a finales de la década de los 2000, surgió de las asambleas educativas al mismo tiempo que los sindicatos negociaban mejoras laborales con la consejería. El rechazo masivo a los dos acuerdos del curso pasado ha mantenido la negativa de muchos docentes a participar en las salidas como “medida de presión” para “hacer sentar al Gobierno” a negociar en el marco que los sindicatos plantean. La decisión se ha estabilizado en los claustros, que cuentan con el aval del consejo educativo de la mayoría de estos centros. Por eso denuncian que los movimientos de las direcciones o inspección para “dejar sin efecto” la medida son “inaceptables”. Según los sindicatos, algunos equipos directivos han promovido nuevas votaciones en los centros, han introducido nuevas actividades u otros mecanismos para “esquivar” la decisión del claustro.
Los sindicatos se defienden así de las críticas que llegan del ejecutivo –muchas de ellas indirectas– y de algunos sectores de la sociedad. La medida genera preocupación en el sector de las casas de colonias, que temen pérdidas económicas importantes. En este sentido, las organizaciones de docentes recuerdan que las medidas de presión, para ser efectivas, deben tener una afectación y que la caída de reservas de casas de colonias se debe entender en esta dirección. A pesar de todo, el sector está en conversaciones con la Generalitat, dispuesta a paliar la pérdida económica que pueda tener este curso.
Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFac), que agrupan unas 2.400 AFA, han avisado que «si se dejan de hacer colonias estaremos vaciando de contenido la escuela pública», pero han cedido la responsabilidad al departamento, el responsable, según la asociación, de dar una respuesta. «Las asociaciones no podemos asumir la responsabilidad de una tarea educativa, es un peligro si se acaba difundiendo los límites entre lo que le toca hacer a la escuela y lo que le toca a la AFA», ha apuntado su presidenta, Laura Gasull. «Entendemos la reivindicación de los docentes, pero lo que deberíamos estar discutiendo es cómo resolvemos el problema y no discutiendo qué alternativas hay si los centros dejan de hacer estas actividades», añadía, dirigiéndose a la consejería, en una entrevista en TV3.
“Las colonias no deberían ser el tema estrella”
«Las salidas y colonias son el tema estrella [del debate] cuando en realidad no debería ser lo más importante. La cuestión son las carencias estructurales que padece nuestro sistema educativo», ha señalado la delegada de USTEC-STEs en Lleida, Rosa Aguilar. En la misma línea se han expresado los representantes de CGT e Intersindical, que ceden la responsabilidad a la consejería y avisan que, hasta ahora, las colonias se han hecho “por la buena voluntad y por la vocación” de los docentes. Las organizaciones critican los 50 euros extra que la consejería dará a partir de ahora a los docentes que participen, asegurando que el plus no llega a los tres euros la hora. “¿Qué funcionario público de la Generalitat cobra así las horas extra?”, se preguntaba hace unos días la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura.
Mientras tanto, el departamento intenta frenar el veto. En una entrevista reciente a la agencia EFE, la consejera Esther Niubó ha criticado la medida a la vez que ha anunciado nuevas medidas. “Es una medida que no comparto de ninguna manera, en un momento en que se han llegado a acuerdos importantes, no acabo de saber cuál es el objetivo de todo esto”, cuestionaba de entrada la titular de Educación. A continuación, anunció algunas medidas: además de los 50 euros, habrá compensaciones horarias, y también se trabaja para mejorar la protección jurídica de los docentes, una de las demandas de los docentes.
Los tres sindicatos han denunciado estas supuestas presiones en un acto frente a los servicios territoriales de Lleida, donde han presentado una queja formal ante algunas situaciones vividas durante el inicio de curso. Las organizaciones han tenido que entrar por una puerta secundaria y han esperado media hora para poder entregar la queja. Ejemplo tanto anecdótico como paradigmático de la poca sintonía que hay entre los docentes y la administración.
