Las últimas jornadas comunicativamente monográficas del Govern –el lunes anunció el enésimo debate educativo y ayer un paquete de medidas contra la inteligencia artificial– no han evitado que los errores en las pruebas PISA y la crisis educativa condicionen la agenda del Parlamento. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido este miércoles en la cámara con las mismas anotaciones que semanas atrás tenía sobre el atril la consejera Esther Niubó; una cronología detallada del fiasco de PISA que señala a los técnicos y exculpa a los dirigentes políticos.
La radiografía de Illa no ha mencionado a Niubó, en primera instancia, a pesar de las peticiones constantes de la oposición para que sea destituida. Illa se ha limitado a repetir los hechos que han invalidado los resultados de PISA en Cataluña, admitiendo «errores de interpretación, de supervisión y carencias en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización». No ha sido hasta el final del pleno que ha hecho público que Niubó ha puesto el cargo a su disposición. Y, después de estudiar los hechos, el presidente asegura que ha llegado a una conclusión: “No aportaría nada hacer un cambio de personas y no lo haremos”.
Illa ha agradecido a la junta de portavoces que haya permitido hacer la comparecencia ahora, “cuando las investigaciones están avanzadas”, y no en el momento en que estalló la crisis. Guiño a Comuns y ERC, que quisieron retrasar la comparecencia a pesar de la presión de Junts y CUP para hacerla antes de vacaciones. Meses después, las conclusiones tampoco presentan novedades significativas: los técnicos de la consejería habrían ignorado hasta siete avisos del Ministerio de Educación sin comunicarlo a los superiores. Y, una vez estallada la crisis, el Govern ha abierto tres expedientes que aún permanecen en el anonimato –para garantizar “el derecho a defensa” de los afectados, ha dicho Illa–. Niubó también ha apartado del mapa a su segunda, Teresa Sambola.
La oposición no ha encontrado explicaciones nuevas, pero sí la imagen que buscaba. “Ha habido errores graves e inaceptables del gobierno”, ha admitido el presidente en sede parlamentaria sin detallar más novedades de la investigación interna que está en marcha: el 30 de mayo, aún a tiempo de corregir el error, el Ministerio de Educación avisa a los trabajadores del Consejo de Evaluación y Prospectiva de Cataluña de una incidencia en la muestra de PISA y pide corregirla, pero “no se ha podido acreditar que la advertencia llegara a los centros”, ha detallado ahora Illa. No sería hasta finales de febrero, meses después, que los técnicos informan “oralmente” a la directora de la Agencia de Evaluación. “Durante meses existía dentro de la organización información de una incidencia en la aplicación de las PISA que no habría llegado a los niveles de dirección que deberían conocerla”, se ha defendido Illa.
La oposición señala la “opacidad” y pide cesar a Niubó
El presidente ha reiterado que, los últimos meses, el ejecutivo “ha explicado los hechos, ha determinado responsabilidades y ha corregido aquello que no ha funcionado”. Pero no ha convencido. “Le preguntamos cuándo lo supieron, qué día”, ha insistido la diputada de Junts, Mònica Sales, desacreditando la cronología hecha por Illa. “Ustedes lo sabían mucho antes, estoy completamente convencido”, ha espetado también el diputado republicano Jordi Albert. Y Jéssica Albiach, de los Comuns, ha acusado al ejecutivo de conocer el problema “durante más de un año” y de “no quererlo explicar”. Tres ejemplos, dos de ellos de socios de investidura, que resumen el debate de este miércoles.
La oposición ve la crisis de PISA como el detonante perfecto para cesar a Niubó, una petición que genera unanimidad en el Parlamento –excepto el PSC– y que la diputada de la izquierda anticapitalista Pilar Castillejo sintetiza en dos ideas. “La consejera tiene dos explicaciones posibles: o bien conocía la dimensión del fiasco y lo ocultó o bien dirigía un departamento que ignoró siete avisos sin que ella se enterara. En el primer caso hay ocultación; en el segundo, incapacidad política. Pero en ambos debe asumir responsabilidades de primer orden”, ha apuntado hoy en el Pleno. “La pregunta”, había abierto fuego Sales (Junts) poco antes, “es cómo es que aún hoy mantiene a la consejera Niubó en el cargo”. El primer partido de la oposición ha acusado a Niubó de ser “la peor consejera de la historia” y los Comuns han pedido que el debate de país que Illa propone no sea “la excusa para salvar a Niubó”.
Dudas con el enésimo debate sobre la educación
El ejecutivo ha pedido “aprovechar” la crisis de PISA como punto de inflexión para el sistema educativo y apelado “al conjunto del país” a un gran pacto que –recuperando el último lema de campaña del PSC– permita abrir “una nueva etapa”. Todo ello, enmarcado en una nueva estrategia incentivada por un nuevo inicio de curso convulso en las escuelas. Los sindicatos mayoritarios convocaron varias huelgas en marzo tras un primer acuerdo de mejora firmado solo con CCOO y UGT. Educación logró un segundo pacto incorporando Profesores de Secundaria y USTEC, pero el sindicato mayoritario perdió la votación ante unos docentes que han rechazado masivamente las mejoras acordadas por insuficientes. Y el conflicto continúa abierto.
En este contexto, Illa ha encargado una nueva diagnosis al Consejo de Educación de Cataluña, un órgano de carácter consultivo con 75 entidades pero dominado por la administración. Durante su intervención, ha prometido que el pacto tendrá pocas medidas, para que sean fáciles de fiscalizar, recursos y fechas de cumplimiento concretas. Paralelamente, Illa ha convocado a los partidos de la oposición a una reunión este viernes para debatir una estrategia que acelere los compromisos ya establecidos en la Ley de Educación Catalana (LEC) de 2009. La mayoría asistirá, pero reticentes de su idoneidad. Los de Carles Puigdemont han fijado cuatro compromisos para formar parte del famoso pacto de país, comenzando por recuperar la autoridad de los docentes –también con más mejoras salariales– y una reducción efectiva de ratios. ERC y Comuns también han avisado que se levantarán del pacto si lo intuyen como una maniobra de distracción del Gobierno. PP y Vox se han desmarcado de entrada porque el modelo de Illa no es el suyo.
