El fiasco de las PISA ha revuelto a toda la comunidad educativa en contra de un error difícil de explicar que cierra el curso escolar con una nueva polémica. Cataluña no podrá compararse con el resto de territorios –ni tampoco con su propio historial– con los resultados de las pruebas de 2025, que se harán públicos en septiembre, porque más alumnos de la cuenta quedaron exentos de hacer el examen. Las primeras hipótesis del Departamento de Educación han apuntado a un error de interpretación de los docentes de la metodología para hacer la selección, lo que ha indignado a las direcciones. Esta reacción ha obligado a matizar el discurso oficial. La oposición también quiere saber por qué el Gobierno ha tardado cuatro meses en hacer público el problema, crítica que llegó antes de saberse que el ministerio hacía más de un año que había avisado a Cataluña. Los sindicatos también cargan contra el ejecutivo y la Síndica de Greuges se ha sumado recientemente con una investigación de oficio. Estas son todas las voces críticas con la última gran polémica del curso en Educación.
La síndica abre una investigación
La Síndica considera PISA como una “herramienta de referencia” para evaluar el funcionamiento de los sistemas educativos y orientar las políticas públicas, y ve “necesario” profundizar en el análisis del error. La proporción de alumnos excluidos por motivos relacionados con discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales representa el 19,6% del total de la muestra, “una cifra mucho superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4º de ESO”, remarca la Síndica, que recuerda que este perfil de alumno representa el 5% del total de estudiantes en Cataluña.
La Síndica tampoco acepta la hipótesis de que algunos centros se habrían equivocado de criterios en una posible confusión con otras pruebas que se realizaban en la misma época, las de final de etapa, ya que el alumnado exento en este caso fue del 9,7%, una cifra muy inferior al 23,2% que quedaron fuera de las PISA. Si se hubieran aplicado criterios similares, las cifras deberían ser más cercanas. Por este motivo, la institución ha solicitado al departamento “información detallada” sobre los 51 centros que formaban parte de la muestra, las características del alumnado exento, los mecanismos de acompañamiento y supervisión aplicados por los centros participantes, la verificación posterior de los criterios aplicados y las causas que explican el error detectado. También ha solicitado la documentación enviada a los centros antes de las pruebas y una copia del informe elaborado a raíz de las diligencias informativas abiertas para aclarar los hechos.
Las direcciones cuestionan la actitud de Educación
La Asociación de Directivos de la Educación Pública de Cataluña (Axia) ha sido una de las voces más críticas tras escuchar las explicaciones del departamento. Los directores advierten que el error compromete la “credibilidad” del sistema educativo catalán y tildan de “devastadoras” sus consecuencias. La asociación asegura que Educación no les había comentado nada antes de lanzar la bomba a los medios de comunicación y lamenta que las direcciones se han sentido “señaladas” como responsables. En un comunicado, apuntan a los estamentos superiores y remarcan el papel “clave” de la inspección en todas estas decisiones y sitúan a la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación al frente del seguimiento.
«¿Alguien cree que 51 centros se han equivocado al mismo tiempo?», han apuntado los últimos días las direcciones, que en varias apariciones en los medios han asegurado que las indicaciones del departamento eran poco claras antes de pasar las pruebas. Axia no ve el error súbito o técnico, como ha apuntado el departamento, sino resultado «de un proceso que disponía de controles, plazos y responsables».
Los sindicatos ven poca transparencia
La crisis de las PISA ha reforzado momentáneamente la unidad sindical, que este curso había saltado por los aires durante la negociación con el departamento. La mayoría de los sindicatos han cargado contra lo que consideran una gestión poco transparente del error, poniendo el acento en los cuatro meses –o más, según las últimas informaciones– que el departamento ha tardado en explicar los errores de PISA. La USTEC, la CGT e Intersindical, las tres organizaciones que mantienen el conflicto laboral abierto, han cuestionado que Educación no explicara la incidencia “en el momento en que la supo”.
“Es una decisión política que solo tiene el objetivo de evitar el debate social”, ha apuntado Iolanda Segura (USTEC). La CGT ha pedido “no cargar el muerto” a un técnico. “Un escándalo más”, ha rematado la Intersindical. Profesores de Secundaria, que sí firmó el último acuerdo con el departamento y desconvocó la última jornada de huelga, ha señalado la “hipocresía” de anunciar un acuerdo con la OCDE –organizadora de las pruebas PISA– el 6 de julio, cuando la administración “ya sabía, desde marzo, que la muestra PISA no era válida”. “La pregunta es obvia: ¿por qué se escondió el error durante cuatro meses?”, ha apuntado en la línea de las otras organizaciones. “¿Cómo se puede dar una imagen peor de negligencia?”, añaden.
Menos vehementes en el discurso, pero señalando las mismas carencias, CCOO y UGT también han pedido esclarecer los hechos. Comisiones ha pedido “transparencia plena” al ejecutivo para esclarecer “por qué no se ha comunicado [el error] hasta finales de julio”. UGT ha reaccionado prácticamente una semana después de estallar la polémica, también para pedir “transparencia, independencia y más herramientas para evaluar nuestro sistema educativo”. “No podemos permitir que las herramientas que deben servir para mejorar el sistema educativo pierdan credibilidad. Por eso, reclamamos que se disponga de todos los mecanismos humanos, técnicos y organizativos necesarios para poder hacer todas las evaluaciones con rigor, transparencia e independencia”, ha apuntado en un comunicado breve de prensa.
Las asociaciones de familias ponen el acento en los vulnerables excluidos
Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC) también han cuestionado lo que ven como una “mala noticia” para el sistema público catalán. “Las pruebas PISA tienen limitaciones y no pueden ser el único indicador de la calidad del sistema educativo. Aun así, aportan información útil para observar tendencias”, opina la plataforma, que pide “abordar a fondo las causas” del error, lejos “de alimentar titulares o buscar culpables”. “Lo más preocupante”, han apuntado en un hilo en la red X, es “la exclusión de alumnado”. “Si queremos una escuela inclusiva, también necesitamos evaluaciones inclusivas. Sin la participación de todo el alumnado, no podemos obtener una fotografía rigurosa del sistema”, rematan las familias.
La oposición apunta a Illa, pero no se pone de acuerdo en qué día debe comparecer en el Parlamento
“Han jugado con los silencios”, apuntó la diputada de Junts Anna Erra durante la comisión parlamentaria para abordar el caso. Una frase breve y que resume el sentido del conjunto de la oposición, que ha reprochado a la consejera Esther Niubó que no haya dado explicaciones antes a pesar de conocer el error. La republicana Irene Aragonès le reprochó “cuatro meses de silencio” y Pilar Castillejo, de la CUP, acusó al departamento “de ocultar información”. Los Comunes han exigido la apertura de una investigación independiente que, por ahora, el ejecutivo no tiene sobre la mesa. PP, Vox y Aliança Catalana también han criticado al Gobierno con acusaciones de “trilerismo”, en algún caso, y pidiendo dimisiones y elecciones.
Todos están de acuerdo en el hecho de que el presidente, Salvador Illa, debe comparecer ante el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones, pero no se han puesto de acuerdo en una fecha. Junts quiso entrar una petición para que el presidente compareciera el viernes pasado, pero la negativa de ERC y los Comunes lo impidió. Los socios de investidura creen que aún es pronto para tener la máxima información posible –Educación dice que tiene en marcha una investigación interna desde hace cuatro meses– y aseguran que septiembre es una fecha más adecuada. Junts y CUP han acusado a las dos formaciones de facilitarle el trabajo a Illa.
