Técnicos del Ministerio de Educación avisaron en abril de 2025, justo al inicio de las pruebas PISA, a sus homólogos catalanes que la empresa contratada para organizar los exámenes había detectado tasas de exclusión del alumnado superiores a las establecidas, según una información de La Vanguardia confirmada por el mismo ministerio en un comunicado de prensa. El aviso habría llegado un año antes de lo que apuntó la consejera Esther Niubó en sede parlamentaria, si bien el ministerio matiza que las comunicaciones quedaron entonces a nivel técnico. La Moncloa protege al ejecutivo catalán y afirma que “no es hasta marzo cuando se toma conocimiento del impacto de aquellas incidencias técnicas sobre los resultados de las pruebas”.
En su intervención en el Parlamento, Niubó afirmó que el departamento supo en marzo que “no se habían seguido unos parámetros metodológicos” en la elección de los estudiantes, pero no “qué impacto acabaría teniendo” este error. La consejera no entró en detalle sobre la crisis amparándose en una investigación interna que lleva cuatro meses en marcha; reafirmó que los centros cruzaron los criterios de exención de diferentes evaluaciones —las PISA y las de final de etapa— como primera “hipótesis”, pero no mencionó que los técnicos del departamento estaban al corriente desde el desarrollo de las pruebas.
Los grupos parlamentarios y los sindicatos lamentan que el Gobierno no tenga una conclusión clara de qué falló cuatro meses después de haber iniciado la investigación y elevan la responsabilidad política al presidente Salvador Illa. La oposición está de acuerdo en que el presidente debe comparecer en el Parlamento, pero no en la fecha en que debe hacerlo. Junts quería reformar el calendario de plenos para forzar tanto como sea posible una comparecencia este mismo viernes, coincidiendo con el regreso del presidente de su viaje a Vietnam, pero PSC, ERC y Comuns han rechazado la propuesta.
“Es absurdo hacer comparecer a Illa cuando aún no hay unas conclusiones terminadas sobre las causas de este error”, apunta ERC en un comunicado enviado a los medios. Los republicanos presentarán una solicitud paralela para septiembre, “cuando haya unas conclusiones que se puedan presentar”. En la misma línea, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha recordado que los resultados de PISA llegarán en septiembre y que el presidente también podrá responder así a las huelgas de inicio de curso. Una comparecencia en julio, argumentan los Comuns, sería casi “clandestina”. “Es casi hacerle un favor”, ha apuntado.
Junts y CUP quieren que Illa comparezca al volver de Vietnam
El portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha acusado al “tripartito” que “siempre sale a proteger al presidente Illa”. Los de Junts creen que el presidente se ha “escondido detrás de la consejera [Niubó]” y han reiterado “el escándalo” que supone “el silencio y meses sin dar ninguna explicación”. Vergés responsabiliza a Illa “porque ha apoyado a una consejera que, además, está políticamente amortizada” y ha insistido en que comparecer ante los grupos debería ser “lo primero que debería hacer cuando vuelva de su viaje a Vietnam”.
Junts ha contado con el aval de la CUP en la junta de portavoces, que ha votado a favor de la comparecencia y de un posible cambio de calendario. “Queremos que comparezca lo antes posible, pero por mucho que la CUP pida una comparecencia para este viernes, el siguiente o el siguiente, la potestad es exclusiva del presidente”, ha dicho, en todo caso, el portavoz anticapitalista Xavier Pellicer. El presidente tiene 30 días para comparecer una vez el Parlamento aprueba su comparecencia. “Hay una manifestación general en la que se cree que el presidente debe dar explicaciones, pero el grupo del Gobierno y los que lo apoyan han votado que no [a la propuesta de Junts] y todo queda sobre la mesa”, ha añadido.
