Cuatro meses de silencio han acabado acorralando a la consejera de Educación, Esther Niubó, en el Parlamento de Cataluña. La oposición no entiende por qué el departamento ha informado ahora de un error tan grave que invalida la tarea comparativa de las pruebas PISA si la primera notificación de la OCDE llegó el pasado marzo. Niubó se ha defendido: Educación sabía entonces que “no se habían seguido unos parámetros metodológicos” en la elección de los alumnos, pero no “qué impacto acabaría teniendo” este error. Su comparecencia en la comisión de educación no ha servido para esclarecer qué falló, una cuestión que el departamento atribuye a los resultados de una investigación interna que, cuatro meses después, continúa en marcha. “Si no hemos dado más detalles es porque estos son objeto de unas diligencias”, ha reiterado.
“Han jugado con los silencios y las fechas, siempre lo hacen. Es un escándalo que no pueden minimizar”, ha apuntado la diputada de Junts, Anna Erra. La republicana Irene Aragonès también ha acusado a la consejera de haber protagonizado “cuatro meses de silencio” y ha reprendido al secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, por no explicarles nada en la comparecencia que hizo el pasado 9 de julio. “Nos convoca a todos los portavoces para informar del informe de la OCDE, pero no dedica ni un minuto para informarnos de que Cataluña investigaba una incidencia que podía dejar sin validez comparativa los resultados de PISA”, ha cuestionado. “No es una cuestión técnica, es una decisión política”, ha reiterado.
Las formaciones independentistas han coincidido en pedir más explicaciones. También la CUP ha acusado al Gobierno de «ocultar información», a pesar de dejar claro que el modelo de la OCDE no es el suyo. “Usaron la OCDE cuando les servía para avalar su política, pero ocultaron información que cuestionaba su propia gestión”, ha criticado Pilar Castillejo. En la misma línea, la presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, ha lamentado que las diligencias aún estén abiertas y ha pedido una auditoría externa. “Quizás no tarde cuatro meses”, ha espetado. En la réplica, Niubó ha descartado encargar inicialmente la auditoría, alegando que “dos procedimientos simultáneos pueden aclarar las cosas peor”, pero ha abierto la puerta a hacerlo una vez se haya cerrado la investigación interna.
“Tan pronto como tuvimos conocimiento de la incidencia, en marzo de 2026, iniciamos un procedimiento interno para determinar con precisión qué ha pasado. Se abrieron unas diligencias previas, de carácter reservado, para tratar de reconstruir los hechos, y el proceso continúa abierto”, había apuntado minutos antes Niubó. Sus explicaciones tampoco han convencido a los agentes sociales, presentes en la tribuna de la sala. “Lo más grave es que no se dio a conocer en el momento en que se supo. Es una decisión política que solo tiene el objetivo de evitar el debate social”, ha apuntado desde la sala de prensa del Parlamento, la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura. La CGT ha comparecido después para denunciar la «enésima metedura de pata» del PSC.
Niubó insiste en la “hipótesis” de la confusión de los centros
El error que ha hecho estallar la polémica recae en el número de alumnos descartados: un 23% de alumnos seleccionados no realizaron finalmente la prueba, muy por encima del 5% que exige la OCDE para que los resultados sean válidos. A la espera de conocer las conclusiones de la investigación interna, Niubó ha insistido en que una “hipótesis plausible” es que los centros cruzaron los criterios de PISA con el de las pruebas de final de etapa, que organiza la Generalitat.
“Los mismos 51 centros educativos que participaron en PISA también tuvieron que aplicar, en muy poco margen de tiempo, las pruebas de final de etapa. Este calendario coincidente permite plantear que se podría haber generado una confusión en los centros sobre los criterios que se debían seguir”, ha afirmado Niubó en su intervención. “El porcentaje de alumnos que no participó en las pruebas de final de etapa es similar al de PISA”, ha remarcado Niubó, que posteriormente, tras las observaciones de la oposición, ha negado que el departamento “haya culpado a nadie”.
“No es un error administrativo o técnico, hablamos de la credibilidad del sistema educativo catalán”, ha lamentado en nombre de Junts, Anna Era. “Hace 25 años que se hace la prueba y lo primero que se les ocurre es culpar a los centros”, ha remarcado. ERC también ha acusado a la consejera de ampararse en los docentes para justificar un error “estructural” del sistema de evaluación. “Cuando todo falla, la responsabilidad ha de ser estructural”, ha apuntado Irene Aragonès, que ha pedido asumir “responsabilidades políticas” por el desastre de PISA.
Los Comuns han reprochado a Niubó que “ha habido tiempo para cerrar” la investigación y ha recordado a Niubó que es la única responsable “del desastre”. “Hay temas que los han vinculado a la falta de recursos y a los recortes de Convergència y otros, como los malos resultados, a los gobiernos anteriores. Esta vez, el desastre es exclusivamente suyo”, ha sentenciado. El PP ha indicado que todo ello es una «indecencia política» y ha acusado al Gobierno de recurrir al «trilerismo» para evitar unos nuevos malos resultados de PISA y Aliança Catalana, que ha preguntado al ejecutivo «qué oculta», ha pedido la convocatoria de elecciones.
