Los sindicatos educativos han recuperado la unión estratégica para criticar el caos de las pruebas PISA 2025 después de un curso marcado por acusaciones cruzadas durante la negociación con Educación. La crisis de los últimos cuatro días, motivada por el error que invalida el objetivo comparativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha alineado a las organizaciones en contra de la “opacidad” del departamento, que explicó el problema cuatro meses después de saberlo. Los sindicatos también han señalado el acercamiento a la OCDE, una organización de carácter “económico” y “no educativo”.
Dos de los tres sindicatos todavía críticos con los últimos acuerdos de carácter laboral, USTEC y CGT, han comparecido juntos en el Parlamento para denunciar que el departamento “no dio a conocer” la incidencia “en el momento en que la supo”. Profesores de Secundaria (Aspec), que sí firmó el último pacto, ha calificado todo el asunto de “absolutamente inadmisible, escandaloso y surrealista”. Y CCOO, señalado por el resto tras firmar el primer acuerdo de febrero junto con la UGT, ha pedido “transparencia plena” al ejecutivo para esclarecer “por qué no se ha comunicado [el error] hasta julio”.
Los sindicatos ponen el acento en los cuatro meses que han pasado desde que el organismo internacional informó del error. La consejera Esther Niubó se ha defendido alegando que el pasado marzo supieron que “no se habían seguido unos parámetros metodológicos” en la elección de los alumnos, pero no “qué impacto acabaría teniendo” este error. Una justificación insuficiente para los sindicatos. Retrasar las explicaciones “es una decisión política que solo tiene el objetivo de evitar el debate social”, ha apuntado Iolanda Segura (USTEC), que sitúa esta crisis “al mismo nivel de la infiltración policial” de hace unos días. “No pueden salir ahora y cargar el muerto a un técnico, es un tema político”, ha incidido Laura Gené (CGT).
Todos, menos la UGT, que mantiene el silencio
El resto de sindicatos también han pedido más claridad. Navarro (CCOO) cree que se deberá “restablecer la confianza” con el departamento, comenzando por saber “cuándo se detecta” el error y “por qué no se ha comunicado” antes. Una petición que CCOO ha hecho al día siguiente de escuchar las explicaciones de la consejera.
Más contundente es el sindicato de secundaria (Aspec), que en un tuit ha calificado el “escándalo” de “negligencia, opacidad, derroche, caos” y “otras palabras que nos ahorramos, pero que todos tenemos en mente”. Por otro lado, la Intersindical interpreta la polémica como “un intento de manipular las pruebas para que no vuelvan a salir a la baja como los años anteriores”. “Es el enésimo desastre de la Generalitat, son unos incompetentes”, concluye el sindicato nacional en declaraciones a El Món. La UGT es el único sindicato que no se ha pronunciado.
El acercamiento a la OCDE, en el punto de mira sindical
Los sindicatos también han cuestionado el convenio firmado entre el departamento y la OCDE por valor de un millón y medio de euros. Desde la USTEC exigirán –ya lo han hecho sin éxito– que se reviertan los acuerdos del Gobierno con el organismo internacional. “Cataluña ha sido su laboratorio y desde que esto ocurre la educación ha ido en declive”, ha lamentado Segura desde el Parlamento. El secretario de acción sindical, Andreu Mumbrú, también ha denunciado lo que considera “un acto propagandístico”, en alusión a la presentación del informe de la OCDE del pasado 6 de julio, y ha pedido “menos OCDE y menos cosmética”.
La CGT también ha cuestionado la “visión de diálogo” del Gobierno, recordando un tuit de Niubó en el que señala que trabajará “desde el diálogo, la escucha y la cooperación” con “organismos internacionales de referencia”. El sindicato anarcosindicalista pide que las conversaciones se hagan a partir “de las demandas de las trabajadoras”. Una petición similar hace la Intersindical, que pide al departamento que invierta más horas en “aplicar medidas que mejoren el sistema”. “Las pruebas PISA responden a una lógica comparativa de cifras irreales y maquilladas para que la OCDE decida dónde destinar inversiones”, sentencia.
Las dudas que genera la intromisión de la OCDE en las políticas educativas del país también aparecen en el análisis de Comisiones, que no ve de qué forma un “organismo externo” puede evaluar correctamente las competencias del alumnado. “Es el mismo sistema que debe reforzar el seguimiento de evaluación a través de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de Cataluña”, ha afirmado Navarro, que pide “dotar de independencia” a la nueva agencia.
La mitad de los sindicatos, fuera de las protestas el próximo curso
Las críticas sindicales se unen a las de los centros –especialmente de las direcciones– y de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña, que sitúan el eje del problema en el sistema de evaluación, la exclusión de alumnado de las pruebas y en la transparencia. La crisis ha unido al conjunto de la comunidad educativa, que en septiembre se prepara para afrontar nuevas huelgas.
Un año después de iniciar las protestas, el curso comenzará con solo tres de los seis sindicatos con representación en la escuela pública apoyando las huelgas. Entre ellos la USTEC, que suma el 38% de los representantes sindicales. Junto con la CGT y la Intersindical, los otros dos sindicatos críticos, suman poco más de la mitad (55%) de representación. En el camino cayeron la UGT y CCOO en febrero, tras un primer acuerdo bastante polémico, y Profesores de Secundaria, que ha validado el preacuerdo de marzo.
