“Revisemos lo que sea necesario, pero actuemos ya”, dijo la actual consejera de Educación, Esther Niubó, en diciembre de 2023, desde la oposición, frente a los “peores resultados PISA de la historia”. Este lunes, ahora al frente del departamento, ha defendido el papel del ejecutivo socialista ante un error que invalida los resultados de la prueba de 2025 en Cataluña, que no se podrán comparar con otros años ni tampoco con otros países. El fiasco se hizo público el viernes, con el anuncio del departamento de que los resultados de Cataluña no aparecerán en el informe internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por una “incidencia técnica”.
Educación conocía el problema desde marzo, pero a estas alturas la consejería aún está pendiente de una investigación interna que debe confirmar sus primeras hipótesis. El departamento ha atribuido inicialmente el error a una mala selección de los alumnos motivada, a priori, por la coincidencia de dos evaluaciones diferentes. Las escuelas realizaron al mismo tiempo las pruebas de final de etapa –antes conocidas como competencias básicas– y las famosas PISA, una casuística que habría provocado que algunos centros mezclaran los criterios de selección, defiende el Gobierno. Sea por este motivo o por otro, el resultado es que se excusaron de las pruebas más alumnos de los que correspondía: se descartó un 23% de los seleccionados, cuando la OCDE pone el límite en el 5%.
En su comparecencia en el Parlamento este lunes, Niubó ha insistido en esta hipótesis –que sitúa a los docentes en el centro del embrollo– a pesar de defender, al mismo tiempo, que el departamento “no ha culpado a nadie”. En cualquier caso, ha destacado que no ha habido ningún error en ninguna de las pruebas realizadas posteriormente, este curso, lo que situaría el caso de las PISA 2025 como «puntual». Pero las primeras explicaciones no han convencido a la oposición, que ha puesto el acento en los cuatro meses de silencio del departamento, y han indignado a los agentes educativos, que se sienten señalados. Las direcciones apuntan a los inspectores y a la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva como los últimos técnicos responsables de la cadena, mientras que los sindicatos sitúan el error «al mismo nivel» que la infiltración policial de hace unos meses o el desbarajuste en las listas de solo hace un año.
Las escuelas niegan tener responsabilidad en el embrollo
El procedimiento fallido de selección de alumnos que ha desatado la crisis es complejo: los centros elaboran en enero un listado con todo el alumnado elegible (nacidos en 2009, en este caso), una empresa contratada por el Ministerio de Educación elabora una muestra aleatoria y avisa a los centros que tienen alumnos seleccionados; finalmente, los docentes, que conocen al niño, deciden si hay casos dentro de la muestra que deben quedar excluidos. Educación apunta de entrada a este último escalón; el resto de la comunidad educativa señala más arriba.
“Hay errores administrativos, hay errores técnicos, y luego hay errores que comprometen la credibilidad de una institución y dejan a un país sin una de las herramientas básicas para entender la realidad. Eso es exactamente lo que ha pasado con PISA 2025 en Cataluña”, ha señalado la asociación de directores AXIA en un comunicado. Los directores insisten en que el proceso de selección de alumnos para realizar una prueba de estas características es “largo, pautado y sometido a los estándares internacionales de la OCDE” y destacan que los casos excluidos “se validan administrativamente con un papel clave de la inspección y la supervisión de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación”.
La asociación pide fijarse en el proceso de selección de los alumnos más que en debates personales sobre quién ha fallado, pero también advierte de los problemas de credibilidad con los que nace la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, creada en abril de 2025. “Cuando una institución creada para garantizar el rigor de las evaluaciones acaba asociada al hecho de que Cataluña pierda la comparabilidad internacional, el problema deja de ser metodológico, se convierte en un problema de confianza institucional”, lamenta AXIA.
La USTEC, sindicato mayoritario en la escuela pública, también ve “escandaloso” que Cataluña quede al margen del informe PISA por una incidencia en la muestra y carga contra el departamento, en la línea de los directores de centro, por haber apuntado contra los docentes. “Que la información se haya hecho pública un viernes de finales de julio, después de haber sido ocultada desde marzo, evidencia una voluntad clara de minimizar los hechos y evitar el debate público”, ha señalado recientemente. «Lo más grave es que no se ha dado a conocer en el momento en que se supo», ha añadido la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, tras escuchar a Niubó. «Es una decisión política que solo tiene el objetivo de evitar el debate social», ha reiterado.
La CGT ha lamentado que el departamento “cuelgue el muerto” a un técnico y ha acusado a la consejera de «mentir». En un tuit previo, la organización anarcosindicalista había comparado la “percepción de diálogo” del PSC “con la repartición de dinero al estilo de la mafia calabresa”. También ha acusado a la OCDE de ser cómplice de la consejería en «ocultar» el error. “La situación actual solo se resuelve dando respuesta a demandas de trabajadoras”, concluye el sindicato, crítico con el entendimiento entre el Gobierno y la OCDE.
Más presión sobre Niubó
El departamento dirigido por Niubó había apostado por fortalecer el vínculo con la OCDE tras los malos resultados de los últimos años, y por eso había firmado un acuerdo de colaboración –dotado de 1,5 millones de euros–, que se ha traducido en un primer informe del organismo internacional. Es la apuesta del ejecutivo socialista para revertir la caída de resultados, dejando atrás ideas anteriores, como el grupo de asesores impulsado por el gobierno de Pere Aragonès (ERC). Algunos sindicatos han recordado el carácter empresarial y económico de la OCDE para rechazar su acercamiento; un rechazo que ha crecido tras el último fiasco.
El responsable de acción sindical de USTEC, Andreu Mumbrú, ha acusado al ejecutivo de malgastar el millón y medio de euros invertidos en la colaboración con la OCDE. También acusa al Gobierno de “montar un acto propagandístico” en favor de las pruebas PISA y al mismo tiempo “ocultar hasta finales de julio lo que ya sabía en marzo”. “Menos OCDE y menos cosmética: más negociación, inclusiva y recursos”, reitera en un tuit.
Desde el Parlamento, la CUP también se ha desmarcado con ironía. «No es nuestro modelo, pero sí la herramienta que han elegido y pagado ustedes para mejorar la educación. Y ni siquiera son capaces de aplicarla con garantías», ha apuntado Pilar Castillejo. El resto de la oposición también ha pedido responsabilidades políticas a Niubó, que este fin de semana ha recibido el apoyo de Salvador Illa. El presidente de la Generalitat ya la ratificó después del caos de las adjudicaciones del verano pasado y ante las críticas de los docentes durante el conflicto educativo.
A pesar de haber firmado dos acuerdos con los sindicatos, la consejera no ha puesto fin a las protestas de los docentes. Por ahora, han convocado una huelga coincidiendo con el inicio de curso, el próximo 8 de septiembre; a la pérdida de poder adquisitivo se han sumado recientemente las carencias de la escuela inclusiva, el calor en las aulas y la persecución policial de las asambleas. El fiasco de PISA es «la gota que colma el vaso», han dicho las portavoces de USTEC y CGT este lunes.
