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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto la veda contra el uso de la inteligencia artificial (IA) en etapas infantiles y juveniles. Lo que hace dos semanas era solo una recomendación para los docentes, pronto podría ser una prohibición: el ejecutivo, que en una guía sobre la IA a principios de curso limitaba a una recomendación el hecho de que el alumno no hiciera un uso “autónomo”, ahora ha decidido directamente vetarla en menores de 14 años. Es la principal novedad de un conjunto de anuncios –muchos, de cosas que ya se sabían– que el ejecutivo ha ido desgranando a lo largo del día a partir de un informe del Departamento de Salud en el que se avisa de los efectos negativos que generan las pantallas.

Continúa así una ofensiva contra el uso de la tecnología como herramienta pedagógica, después de la prohibición de los móviles decretada hace dos cursos para toda la etapa obligatoria. El presidente ha reiterado, en un acto esta tarde, el compromiso de su gobierno con el veto a los teléfonos, un aspecto que Educación ya había introducido tras escuchar las conclusiones del famoso grupo de expertos creado para hacer frente al descenso de nivel en las PISA 2022. Entre otros, aquel anuncio también incluía una reducción “progresiva” de las pizarras digitales y de las tabletas en educación infantil.

Fuentes del Departamento de Educación matizan que la IA no se ha utilizado hasta ahora como herramienta pedagógica, pero que los docentes habían pedido una guía clara. Es por eso que la consejería emitió una recomendación a inicios de septiembre a las escuelas. “Si quieres prohibir, debes hacerlo como ley o como decreto, y eso lleva más o menos un año”, apuntan desde el departamento. El ejecutivo se suma a la ola de voces que piden restringir el uso de la IA, una idea que la Unión Europea puso negro sobre blanco en un decreto que fija la obligatoriedad del control parental en casos de menores de 16 años; una edad que el mismo gobierno europeo permite a sus estados miembros rebajar si así lo consideran oportuno y que el estado español ha decidido fijar en los 14 años. Por otra parte, la mayoría de aplicaciones ya prohíben por sí mismas el uso a menores de 13 años, si bien el control real de este veto es más bien inexistente.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asiste al acto «Protegemos la infancia. Apaguemos pantallas, abramos libros», acompañado de la consejera de Salud, Olga Pané, y de la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó | Mònica Riu (ACN)

Jornada monográfica para anunciar restricciones a la IA

“Estamos más desorientados que nunca”, apuntó Illa esta tarde, cerrando una jornada casi monográfica del Gobierno. Por la mañana, el ejecutivo ha hecho pública una nueva Guía de Salud Digital, elaborada a partir de 700 estudios científicos, según explicó la subdirectora general de Adicciones, Lluïsa Conejos, a los medios de comunicación. El estudio divide los impactos por edades y señala riesgos físicos, mentales y relacionales como retrasos en el desarrollo, caries, miopía, trastornos del sueño, problemas emocionales y violencias digitales.

El informe de Salud se ha adelantado a lo que después expresó Illa en una entrevista en RAC1: “No podemos permitir que un uso excesivo de pantallas haga que los niños no tengan contactos con Rodoreda, Martorell, Cervantes o Llull, que no se habitúen a la lectura”. Un par de horas después, la maratón comunicativa sobre los peligros del mal uso de la IA continuó con la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, quien también apuntó la necesidad de regular las pantallas en menores «más allá» del ámbito educativo, desde una perspectiva de salud pública.

La intención del ejecutivo es utilizar “todos los instrumentos” de que dispone con la participación de la sociedad y de las empresas “para proteger a los niños”, según comunicó el mismo Illa en el último acto del día. De esta forma, el próximo lunes 28 de septiembre la comisión interdepartamental que encabeza el Departamento de Empresa implementará ya 60 medidas “inmediatas” a partir de la guía que se ha hecho pública. Para más adelante, el ejecutivo se ha comprometido a generar un marco legal “sólido y permanente” para convertir “las recomendaciones en ley”.

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