El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado al Consejo de Educación de Cataluña un diagnóstico integral del sistema educativo que se presentará antes de las elecciones municipales. Solo seis meses de debate que comienzan con los claustros todavía molestos por la falta de recursos y que fijará propuestas en cinco o seis temáticas consensuadas con el Gobierno. El debate no incluirá cuestiones puramente económicas ni tampoco servirá para trazar cómo se llega al famoso 6% del PIB que marca la Ley Educativa de Cataluña (LEC), cuestiones que la consejera Esther Niubó reserva para el presidente y el Parlamento. En cambio, sí que reabrirá el tema de la escuela inclusiva y tratará la bajada de nivel de los estudiantes.
El Consejo, formado por 75 miembros –entre sindicatos, patronales privadas, familias y otras entidades educativas– y liderado por el exconsejero socialista Joan Manuel del Pozo, prevé una primera fase de “escucha” entre los meses de octubre y noviembre; una segunda de “deliberación” entre diciembre y febrero; y una última con las conclusiones entre marzo y abril. Será justo antes de las elecciones municipales. Un plazo ajustado, pero que Del Pozo ve coherente para que el debate electoral no entre de lleno en el debate educativo. Participarán cientos de entidades, entre fundaciones educativas, representantes de los docentes, de las familias, de las patronales de la escuela concertada y los partidos políticos, que serán invitados. Del Pozo también ha abierto la puerta a los exconsejeros de Educación. Menos claro ha sido con la Asamblea Educativa Catalana, impulsora de las últimas huelgas educativas; podrán asistir como miembros de la sociedad civil, pero no serán invitados como organización.
“Es un día importante para el consejo y para la comunidad educativa”, ha apuntado Del Pozo, quien ha señalado como “buena noticia” la respuesta del ejecutivo a las demandas sindicales del curso pasado y ha lamentado “que haya quedado un clima de desconfianza”. “Necesitamos volver a un debate en un espacio de confianza más alta, con un debate sereno y con buena fe”, ha remarcado el exconsejero y ahora presidente del Consejo de Educación. Este martes trasladará al Pleno la propuesta de Illa para que comience a definir qué temas se deben tratar en estos meses.
Todo esto llega en una semana en la que el presidente Salvador Illa comparecerá el miércoles en el Parlamento de Cataluña para explicar los errores de las pruebas PISA. Durante la comparecencia, Niubó ha avanzado que no habrá más conclusiones que las que ya ha expuesto ella misma en otras ocasiones y ha invitado a las fuerzas políticas a aprovechar la jornada para iniciar un nuevo debate educativo.
Los sindicatos, críticos con la propuesta del Gobierno
La propuesta del Gobierno no ha sido bien recibida por la mayoría de los sindicatos. La USTEC, CGT e Intersindical, los tres que no han firmado los acuerdos del curso pasado, insisten en que el Consejo de Educación de Cataluña es un órgano consultivo y dominado por la administración, y exigen, a cambio, un calendario de negociación con el comité de huelga. Profesores de Secundaria, segundo mayor representante sindical, que sí firmó el último pacto, también ha cuestionado la estrategia del ejecutivo, recordando que ellos no forman parte del consejo.
El cambio argumental del ejecutivo tampoco ha movido de lugar las asambleas educativas, que este fin de semana han ratificado la voluntad de hacer nuevas paradas. En todo caso, aún sin un calendario claro y a la espera de tejer nuevas prioridades que se cerrarán a finales de octubre. La última huelga registró una participación más baja que la de los ciclos anteriores, si bien muchos docentes priorizaron el componente emocional del primer curso y reservaron fuerzas para un curso que, previsiblemente, tendrá más paradas. La intención, aseguran desde las diferentes organizaciones sindicales y asamblearias, es que el primer trimestre termine con nuevas paradas.
