No era la opción preferida de los sindicatos, pero las asambleas de docentes han decidido comenzar el curso con una nueva huelga. La imagen incomoda al ejecutivo catalán, que debe enfrentar un inicio de curso excepcional a pesar de haber alcanzado un acuerdo con tres de los seis sindicatos de la mesa sectorial. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha pedido un “paréntesis” a los docentes para “rebajar el clima de tensión” que vive la comunidad educativa y el presidente, Salvador Illa, ha exigido “respeto por el derecho a la educación de los niños”. Pero los docentes repetirán las imágenes de mayo pasado, con acciones en la calle a primera hora de la mañana que serán seguidas de tres grandes asambleas en Barcelona, Girona y Amposta para “planificar la lucha” de los próximos meses.
Nadie oculta que las asambleas han marcado los tiempos de esta nueva huelga, de la misma manera que todos dan por hecho que las paradas se repetirán antes de acabar el primer trimestre. “El conflicto ha superado el aspecto puramente sindical. Cuando la gente no se siente representada aparecen movimientos como las asambleas”, señala Nacho Rico Martín, miembro de la asamblea educativa del Barcelonès Nord, en conversación con El Món. “Si hay una participación alta, el movimiento puede salir aún más reforzado”, añade. La lectura de estos docentes convertidos ahora en activistas es de un ciclo nuevo marcado por la alta participación de la plantilla en las protestas. En 2023 –durante la época de Josep Gonzàlez-Cambray– la cohesión del movimiento no era tan alta, recuerdan. “Incluso las manifestaciones con menos movimiento han agrupado a 30.000 personas”, apunta Rico al respecto.
La sensación, tanto de los sindicatos como de las asambleas, es que la cifra de participación de la huelga será decisiva a la hora de planificar un nuevo escenario más o menos agresivo para lo que queda de curso. En otras palabras, la movilización de este martes marcará si las protestas dan una tregua al Gobierno o si suman nuevas convocatorias de huelga los próximos meses. Las asambleas se reunirán el martes al mediodía para planificar los próximos pasos –la del Barcelonès se encontrará en la plaza de Sant Jaume, repitiendo una imagen habitual de las protestas de los taxistas o de los agricultores– y ratificarán la decisión en una reunión general el próximo 19 de septiembre.
La segunda tarea de las asambleas, esta encomendada por los sindicatos, es la necesidad de establecer un orden de prioridades de cara a una posible nueva negociación. La USTEC les ha presentado su hoja de ruta, que confirmará después de escucharlas y de saber qué dicen sus representados en los centros, y también ha pedido al movimiento hacer el mismo trabajo de priorización. Las asambleas están de acuerdo y han elaborado un borrador que debe entrar ahora en debate. El documento, según ha afirmado uno de los representantes, Ruben Satorra, aborda cuestiones como las ratios, la aplicación del decreto de escuela inclusiva, el reconocimiento del personal educativo y la necesidad de llegar al 6% del PIB en educación –lo que marca la Ley de Educación Catalana– en un plazo de dos o tres años.
Sin calendario para nuevas negociaciones
La huelga llega en pleno proceso de reestructuración de los sindicatos, especialmente en la organización más representativa, USTEC, que pactó con la consejería una serie de mejoras que los docentes ignoraron en la consulta posterior. “Es un nuevo modelo de negociación más democrático y aún tenemos que aprender”, afirman desde dentro dos meses después de aquel ‘no’ categórico de la plantilla. El sindicato hará en las próximas semanas una ronda de consultas por las escuelas y dibuja tres nuevos ítems de cara a futuras negociaciones: el blindaje de la escuela pública, con avances en ratios y la mejora de las infraestructuras; el despliegue de nuevos recursos para la escuela inclusiva, con más plantilla; y el blindaje del catalán.
La cuestión salarial, que marcó las últimas conversaciones, cae ahora de sus peticiones. La organización entiende que las mejoras pactadas –el sueldo se incrementará unos 700 euros mensuales en tres años– harán que los salarios estén por encima del IPC los próximos años, lo que supondrá una reversión parcial del poder adquisitivo perdido. Ahora bien, los sindicatos también advierten que los beneficios del acuerdo caerán en un futuro si no hay una cláusula que vincule el sueldo al IPC. En todo caso, el debate actual aparecen ahora otras cuestiones antes ignoradas, como la climatización de las escuelas –el presidente Illa ha anunciado este lunes un plan coordinado con los ayuntamientos para abordar esta cuestión– o la defensa del catalán como lengua prioritaria en la enseñanza.
En el último encuentro con la consejera, la USTEC exigió al departamento establecer un nuevo calendario de negociaciones y Niubó salió después con una propuesta ambigua: crear una nueva “agenda de trabajo” compartida que no se ha concretado en ningún calendario específico. Lo habría hecho, afirmó en rueda de prensa, si los sindicatos hubieran desconvocado la parada del primer día de curso. La portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, pidió al mismo tiempo “superar los márgenes” del último acuerdo, que, según los sindicatos críticos, no ha podido ser más ambicioso por las reticencias de la UGT y CCOO, que firmaron su propio pacto el marzo anterior.
Se trata de una lectura similar a la que hacen las asambleas, que admiten, en todo caso, la “dificultad” de cerrar acuerdos con el Gobierno. “Dice que con 2.000 millones de euros de inversión ya es suficiente. Pero mi pregunta es: ¿por qué en Educación vale con eso y luego sí se pueden invertir 7.000 en el aeropuerto del Prat”, apunta Rico. “Hay sindicatos que se han conformado”, concluye. “Pero la complejidad ha aumentado. Si tienes un alumno con autolesiones, por ejemplo, no puedes tener un docente para controlarlo a él y al resto del aula. Y pasa lo mismo en el caso de chicos con trastornos de conducta o problemas económicos en casa”, concluye el activista, ahora con acento de profesor, horas antes de ir a la primera huelga del curso.
