No era la opción preferida de los sindicatos, pero las asambleas de docentes han decidido comenzar el curso con una nueva huelga. La imagen incomoda al ejecutivo catalán, que debe enfrentar un inicio de curso excepcional a pesar de haber alcanzado un acuerdo con tres de los seis sindicatos de la mesa sectorial. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha pedido un “paréntesis” a los docentes para “reducir el clima de tensión” que vive la comunidad educativa y el presidente, Salvador Illa, ha exigido “respeto por el derecho a la educación de los niños”. Pero los docentes repetirán las imágenes de mayo pasado, con acciones en la calle a primera hora de la mañana que serán seguidas de tres grandes asambleas en Barcelona, Girona, Lleida o Amposta para “planificar la lucha” de los próximos meses.
“Este trabajo interno es también lo que hemos estado haciendo en los últimos encuentros de septiembre”, apunta Mónica Rodrigo, una de las portavoces, en conversación con El Món. Todo queda de esta manera: cada municipio se estructura en diferentes asambleas –algunas propias de cada centro y otras, más amplias, agrupan más de una escuela de una misma área geográfica– y estas reportan sus debates a las asambleas territoriales –hay una cuarentena, mayoritariamente, una por comarca–. Una organización básica que encuentra más dificultades en el siguiente nivel. “No podemos hacer siempre reuniones de cinco horas”, remarcan desde el movimiento, que han reestructurado la organización para que los debates definitivos sean más efectivos. A partir de ahora, todos podrán asistir a las asambleas generales, pero solo un representante de cada territorial tendrá voto. Los sindicatos críticos –USTEC, CGT, Intersindical y COS– también estarán presentes en la toma de decisiones.
El movimiento ha decidido ganar en formalidad después de un inicio de curso que ha mostrado las carencias de un sistema capaz de movilizar al conjunto de la comunidad docente, pero poco práctico a la hora de llegar a grandes consensos. «Las primeras semanas de septiembre hemos chocado con la realidad”, admite Rodrigo. “Las plantillas han cambiado mucho en los centros y las asambleas deben reestructurarse con las personas nuevas”, comenta. Desde las asambleas había surgido la idea, incentivada también por los sindicatos, de crear un listado de prioridades en el último encuentro, celebrado el fin de semana pasado en L’Hospitalet de l’Infant. Pero no ha habido margen para cerrar un documento y la AEC ha ampliado el plazo para hacer anotaciones hasta el 17 de octubre. Los docentes debatirán finalmente un documento final de prioridades –que, a diferencia de lo que querrían los sindicatos más grandes, será «vivo» y puede ir cambiando– el 24 de octubre en una asamblea que se celebrará en Ponent.
Desde las asambleas también se apuesta por asistir a las reuniones que convoque la consejera con los sindicatos. Como organismo autónomo que no se presenta a ninguna elección sindical, no tiene representación en las mesas sectoriales, pero podrían asistir si un sindicato los convoca. De hecho, Ruben Satorra, uno de sus integrantes, ya hizo acto de presencia en la última reunión entre la consejera Esther Niubó y el sindicato USTEC en nombre de la AEC. En este sentido, y a pesar de haber entrado en las conversaciones con el departamento, Mónica Rodrigo descarta hacerle la competencia a los sindicatos. La asistencia a estos encuentros “no es para tomar decisiones” sino “para que se nos tenga en cuenta”, asegura la activista. “Si nos convertimos en un sindicato ya no seríamos lo que somos. Está bien que ellos negocien, pero también que haya un mecanismo de escucha directa”, concluye.
Nuevas huelgas en noviembre
La AEC también ha retrasado el calendario de futuras movilizaciones, si bien USTEC ha hecho público que el movimiento y los sindicatos trabajan con la idea de realizar nuevas huelgas a finales de noviembre. Los días previos, durante el mes de octubre, ambas partes apuestan por realizar una labor interna de reorganización que permita animar a los docentes más desanimados y sumar a aquellos más nuevos. Todo el mundo da por hecho, sin embargo, que el primer trimestre terminará con nuevas protestas, si bien aún no se ha decidido si se replicará el formato descentralizado y prolongado en el tiempo del curso pasado o si se comenzará con días aislados.
El curso ha comenzado con una huelga el 8 de septiembre y un cambio de rumbo del Gobierno que ha situado al presidente Salvador Illa en el centro de la crisis educativa. El presidente, que hasta ahora había delegado la gestión en la consejera Esther Niubó, ha encargado personalmente una tarea de análisis y de elaboración de nuevas propuestas al Consejo de la Educación de Cataluña. Illa también ha liderado un encuentro este viernes con los grupos de la oposición –exceptuando a Vox, que no ha querido asistir– para iniciar dos grupos de trabajo, uno de ellos para establecer cuál debe ser el horizonte del 6% del PIB sobre educación.
La oposición ha reaccionado con escepticismo calificando la reunión de “vacía de contenido” y alertando de lo que puede ser una “maniobra” del ejecutivo para desviar la atención. Así se han expresado exactamente formaciones como Junts o los Comuns, en la línea de otras declaraciones similares de ERC, CUP y PP. Alianza Catalana ha asistido, pero no ha opinado públicamente. Todo deja pocas conclusiones, pero una clara: sindicatos y asambleas preparan más protestas mientras el ejecutivo le pide al país un debate amplio y sin crispación.
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### La Asamblea Educativa de Cataluña se refuerza con una estructura interna formal
Un comunicado de la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC) criticando el preacuerdo alcanzado por una mayoría sindical con el Departamento de Educación anticipó el rechazo masivo expresado por los docentes en la consulta posterior. Las asambleas surgieron de forma orgánica, con representantes de los sindicatos más críticos y otros docentes sin afiliación, y han crecido hasta convertirse en uno de los agentes movilizadores más potentes entre el profesorado. De este movimiento han surgido algunos de los cortes de carreteras más significativos e iniciativas como el veto a las excursiones y las colonias. El último recuento suma un total de 570 asambleas. Más de 32,000 docentes –un cuarto de la plantilla– están llamados a participar en sus debates, que se prolongan durante horas. El movimiento ha crecido y ha decidido finalmente dotarse de una estructura formal.
“Este trabajo interno es también lo que hemos estado haciendo en los últimos encuentros de septiembre”, apunta Mónica Rodrigo, una de las portavoces, en conversación con El Món. Todo queda de esta manera: cada municipio se estructura en diferentes asambleas –algunas propias de cada centro y otras, más amplias, agrupan más de una escuela de una misma área geográfica– y estas reportan sus debates a las asambleas territoriales –hay una cuarentena, mayoritariamente, una por comarca–. Una organización básica que encuentra más dificultades en el siguiente nivel. “No podemos hacer siempre reuniones de cinco horas”, remarcan desde el movimiento, que han reestructurado la organización para que los debates definitivos sean más efectivos. A partir de ahora, todos podrán asistir a las asambleas generales, pero solo un representante de cada territorial tendrá voto. Los sindicatos críticos –USTEC, CGT, Intersindical y COS– también estarán presentes en la toma de decisiones.
El movimiento ha decidido ganar en formalidad después de un inicio de curso que ha mostrado las carencias de un sistema capaz de movilizar al conjunto de la comunidad docente, pero poco práctico a la hora de llegar a grandes consensos. «Las primeras semanas de septiembre hemos chocado con la realidad”, admite Rodrigo. “Las plantillas han cambiado mucho en los centros y las asambleas deben reestructurarse con las personas nuevas”, comenta. Desde las asambleas había surgido la idea, incentivada también por los sindicatos, de crear un listado de prioridades en el último encuentro, celebrado el fin de semana pasado en L’Hospitalet de l’Infant. Pero no ha habido margen para cerrar un documento y la AEC ha ampliado el plazo para hacer anotaciones hasta el 17 de octubre. Los docentes debatirán finalmente un documento final de prioridades –que, a diferencia de lo que querrían los sindicatos más grandes, será «vivo» y puede ir cambiando– el 24 de octubre en una asamblea que se celebrará en Ponent.
Desde las asambleas también se apuesta por asistir a las reuniones que convoque la consejera con los sindicatos. Como organismo autónomo que no se presenta a ninguna elección sindical, no tiene representación en las mesas sectoriales, pero podrían asistir si un sindicato los convoca. De hecho, Ruben Satorra, uno de sus integrantes, ya hizo acto de presencia en la última reunión entre la consejera Esther Niubó y el sindicato USTEC en nombre de la AEC. En este sentido, y a pesar de haber entrado en las conversaciones con el departamento, Mónica Rodrigo descarta hacerle la competencia a los sindicatos. La asistencia a estos encuentros “no es para tomar decisiones” sino “para que se nos tenga en cuenta”, asegura la activista. “Si nos convertimos en un sindicato ya no seríamos lo que somos. Está bien que ellos negocien, pero también que haya un mecanismo de escucha directa”, concluye.
Nuevas huelgas en noviembre
La AEC también ha retrasado el calendario de futuras movilizaciones, si bien USTEC ha hecho público que el movimiento y los sindicatos trabajan con la idea de realizar nuevas huelgas a finales de noviembre. Los días previos, durante el mes de octubre, ambas partes apuestan por realizar una labor interna de reorganización que permita animar a los docentes más desanimados y sumar a aquellos más nuevos. Todo el mundo da por hecho, sin embargo, que el primer trimestre terminará con nuevas protestas, si bien aún no se ha decidido si se replicará el formato descentralizado y prolongado en el tiempo del curso pasado o si se comenzará con días aislados.
El curso ha comenzado con una huelga el 8 de septiembre y un cambio de rumbo del Gobierno que ha situado al presidente Salvador Illa en el centro de la crisis educativa. El presidente, que hasta ahora había delegado la gestión en la consejera Esther Niubó, ha encargado personalmente una tarea de análisis y de elaboración de nuevas propuestas al Consejo de la Educación de Cataluña. Illa también ha liderado un encuentro este viernes con los grupos de la oposición –exceptuando a Vox, que no ha querido asistir– para iniciar dos grupos de trabajo, uno de ellos para establecer cuál debe ser el horizonte del 6% del PIB sobre educación.
La oposición ha reaccionado con escepticismo calificando la reunión de “vacía de contenido” y alertando de lo que puede ser una “maniobra” del ejecutivo para desviar la atención. Así se han expresado exactamente formaciones como Junts o los Comuns, en la línea de otras declaraciones similares de ERC, CUP y PP. Alianza Catalana ha asistido, pero no ha opinado públicamente. Todo deja pocas conclusiones, pero una clara: sindicatos y asambleas preparan más protestas mientras el ejecutivo le pide al país un debate amplio y sin crispación.
Nadie oculta que las asambleas han marcado los tiempos de esta nueva huelga, de la misma manera que todos dan por hecho que las paradas se repetirán antes de terminar el primer trimestre. “El conflicto ha superado el aspecto puramente sindical. Cuando la gente no se siente representada aparecen movimientos como las asambleas”, apunta Nacho Rico Martín, miembro de la asamblea educativa del Barcelonès Nord, en conversación con El Món. “Si hay una participación alta, el movimiento puede salir aún más reforzado”, añade. La lectura de estos docentes convertidos ahora en activistas es de un ciclo nuevo marcado por la alta participación de la plantilla en las protestas. En 2023 –durante la época de Josep Gonzàlez-Cambray– la cohesión del movimiento no era tan alta, recuerdan. “Incluso las manifestaciones con menos movimiento han agrupado 30.000 personas”, apunta Rico al respecto.
La sensación, tanto de los sindicatos como de las asambleas, es que la cifra de participación de la huelga será decisiva a la hora de planificar un nuevo escenario más o menos agresivo para lo que queda de curso. En otras palabras, la movilización de este martes marcará si las protestas dan una tregua al Gobierno o si suman nuevas convocatorias de huelga los próximos meses. Las asambleas se reunirán el martes al mediodía para planificar los próximos pasos –la del Barcelonès se encontrará en la plaza de Sant Jaume, repitiendo una imagen habitual de las protestas de los taxistas o de los campesinos– y ratificarán la decisión en una reunión genérica el próximo 19 de septiembre.
La segunda tarea de las asambleas, encomendada por los sindicatos, es la necesidad de establecer un orden de prioridades de cara a una posible nueva negociación. La USTEC les ha presentado su hoja de ruta, que confirmará después de escucharlas y de saber qué dicen sus representados en los centros, y también ha pedido al movimiento hacer el mismo trabajo de priorización. Las asambleas están de acuerdo y han elaborado un borrador que debe entrar ahora en debate. El documento, según ha afirmado uno de los representantes, Ruben Satorra, aborda cuestiones como las ratios, la aplicación del decreto de escuela inclusiva, el reconocimiento del personal educativo y la necesidad de alcanzar el 6% del PIB en educación –lo que marca la Ley de Educación Catalana– en un plazo de dos o tres años.
Sin calendario para nuevas negociaciones
La huelga llega en pleno proceso de reestructuración de los sindicatos, especialmente en la organización más representativa, USTEC, que pactó con la consejería toda una serie de mejoras que los docentes ignoraron en la consulta posterior. “Es un nuevo modelo de negociación más democrático y aún debemos aprender”, afirman desde dentro dos meses después de aquel ‘no’ categórico de la plantilla. El sindicato realizará en las próximas semanas una ronda de consultas por las escuelas y dibuja tres nuevos ítems de cara a futuras negociaciones: el blindaje de la escuela pública, con avances en ratios y la mejora de las infraestructuras; el despliegue de nuevos recursos para la escuela inclusiva, con más plantilla; y el blindaje del catalán.
La cuestión salarial, que marcó las últimas conversaciones, cae ahora de sus peticiones. La organización entiende que las mejoras pactadas –el sueldo se incrementará unos 600 euros mensuales en tres años– harán que los salarios estén por encima del IPC los próximos años, lo que supondrá una reversión parcial del poder adquisitivo perdido. Sin embargo, los sindicatos también advierten que los beneficios del acuerdo caerán en un futuro si no hay una cláusula que vincule el sueldo al IPC. En todo caso, el debate actual aparecen ahora otras cuestiones antes ignoradas, como la climatización de las escuelas –el presidente Illa ha anunciado este lunes un plan coordinado con los ayuntamientos para abordar esta cuestión– o la defensa del catalán como lengua prioritaria en la enseñanza.
En el último encuentro con la consejera, la USTEC exigió al departamento establecer un nuevo calendario de negociaciones y Niubó salió después con una propuesta ambigua: crear una nueva “agenda de trabajo” compartida que no se ha concretado en ningún calendario específico. Lo habría hecho, afirmó en rueda de prensa, si los sindicatos hubieran desconvocado la parada del primer día de curso. La portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, pidió al mismo tiempo “superar los márgenes” del último acuerdo, que, según los sindicatos críticos, no ha podido ser más ambicioso por las reticencias de la UGT y CCOO, que firmaron su propio pacto el marzo anterior.
Se trata de una lectura similar a la que hacen las asambleas, que admiten, en todo caso, la “dificultad” de cerrar acuerdos con el Gobierno. “Dice que con 2.000 millones de euros de inversión ya es suficiente. Pero mi pregunta es: ¿por qué en Educación vale con eso y luego sí se pueden invertir 7.000 en el aeropuerto del Prat”, apunta Rico. “Hay sindicatos que se han conformado”, concluye. “Pero la complejidad ha aumentado. Si tienes un alumno con autolesiones, por ejemplo, no puedes tener un docente para controlarlo a él y al resto del aula. Y pasa lo mismo en el caso de chicos con trastornos de conducta o problemas económicos en casa”, concluye el activista, ahora con acento de profesor, horas antes de ir a la primera huelga del curso.
