Las negociaciones exprés para aprobar la oficialidad del catalán en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del próximo martes 19 de septiembre están pendientes de la respuesta de varios estados miembro que han pedido más información a España para valorar la solicitud. Varias fuentes diplomáticas consultadas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) han asegurado que hay una predisposición general a negociar que el catalán sea oficial en la Unión Europea, pero algunos estados se han mostrado reticentes a hacerlo “con prisa”, tal como pide el gobierno español. La Moncloa necesita la luz verde en la próxima reunión para poder abrir conversaciones con los independentistas para investir a Pedro Sánchez. El interés es tan grande que la delegación española se habría ofrecido a pagar los costes de la medida, indican las mismas fuentes.
La mayoría de los socios mantienen una actitud “constructiva” y tienen ganas “de escuchar” la propuesta española, según las mismas fuentes, pero también quieren “más información” sobre las implicaciones “legales y presupuestarias” de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE. Durante las reuniones preparatorias del consejo entre los diferentes embajadores, algunos estados han expresado dudas por cómo podría afectar la oficialidad del catalán para el resto de lenguas minoritarias que también persiguen reconocimiento en la Unión Europea. Antes de tomar una decisión definitiva, los estados quieren esperar a que los servicios jurídicos del Consejo Europeo se pronuncien.
La oficialidad del catalán, pendiente de los informes de costes
Fuentes diplomáticas griegas han asegurado a la ACN que quieren “escuchar” al ministro de Asuntos exteriores español, José Manuel Albares, pero que también hay que tener en cuenta a aquellos estados que plantean “dudas sobre el coste creciente en traducciones e interpretaciones”, añaden desde la delegación helénica. “Queremos que las negociaciones continúen para poder examinar todos los aspectos de este asunto”. Alemania “en principio” también está dispuesta a negociar, pero exigen información más detallada y, en especial, un informe “de impacto” que calcule cuántos intérpretes harían falta, qué disponibilidad habría y cuánto dinero costaría incorporarlos.
Durante las conversaciones entre los embajadores, han surgido voces de los países bálticos que han expresado su preocupación por cómo afectará esta medida en sus estados, puesto que estos países tienen una fuerte comunidad rusófona. “Nuestra posición es que tenemos preguntas y poca información”. Fuentes diplomáticas insisten en que no hay ninguna decisión tomada y que la reunión del martes será importante para escuchar las explicaciones del gobierno español y aclarar dudas. Finlandia ha sido uno de los países que ha hablado más claro. «Incrementar el número de lenguas oficiales y de trabajo incrementaría la carga financiera y administrativa y probablemente también retardaría la toma de decisiones en la Unión Europea, demorando la entrada en vigor de las regulaciones en la UE”. Dudas similares ha expresado Suecia.
