El nuevo ciclo de protestas de los docentes, que comienza mañana con un paro nacional y una manifestación unitaria en el centro de Barcelona, llega enrarecido en medio de la polémica infiltración de mossos en una asamblea de maestros. Los sindicatos, comandados por la USTEC, mayoritario entre el colectivo, han pedido al Parlamento que investigue la infiltración y advierten que estudian llevar el caso ante el TSJC. La polémica no ha ayudado a reducir la tensión, disparada desde que el Gobierno cerró un acuerdo parcial con la UGT y CCOO, representantes de un 20% de los docentes.
Educación ha convocado a las organizaciones sindicales críticas con el acuerdo a un encuentro el próximo jueves, en el marco de la mesa sindical y una vez superado el primero de diecisiete embates que preparan los docentes entre mayo y junio. Una reunión, defiende el ejecutivo, que debe servir “para valorar la situación en que nos encontramos y explorar fórmulas para reducir el clima de tensión”. Pero llega tarde, han respondido los sindicatos, que habían pedido previamente una reunión antes de la manifestación de este martes.
En este clima, la consejera Esther Niubó ha pedido desescalar la “tensión” que vive el sector educativo, si bien ha reprochado a los sindicatos una convocatoria de huelgas “desproporcionada”, en alusión a los 17 días de paros que habrá las próximas semanas. “Desproporcionado es el espionaje [a docentes]”, le ha respondido la portavoz de la USTEC, Iolanda Segura, en las redes sociales.
El resto de sindicatos también han acusado al Departamento de Interior y al mismo presidente Salvador Illa de deteriorar la “calidad democrática” del ejecutivo. “Lejos de negociar con el cuerpo de trabajadores de la educación de Cataluña, muestra sus prioridades: enviar agentes de paisano a una asamblea en un centro educativo para espiar al personal educativo, y enviar mossos mediante un plan piloto a los centros educativos”, apunta un comunicado conjunto de la USTEC, Profesores de Secundaria, CGT e Intersindical. Junts, ERC y la CUP han pedido dimisiones al Gobierno, pero la consejera de Interior, Núria Parlon, ha blindado a Trapero.
La infiltración es la segunda polémica que une al colectivo docente con los Mossos, después de que Educación haya puesto en marcha una prueba en 14 institutos –la mitad ya se han desmarcado por la presión de los claustros– para reducir la conflictividad con agentes de paisano en las escuelas. Una medida “preventiva”, según el departamento; una manera de atacar la complejidad social desde una visión “punitiva”, según la mayor parte de la comunidad educativa, que pide hacerlo con recursos pedagógicos. Los sindicatos, en este sentido, han acusado al Gobierno de reducir integradores sociales en las aulas, una premisa que el departamento niega. “Los agentes no sustituirán a ningún agente educativo”, se ha defendido Niubó.
Posiciones enrocadas
En una comparecencia pública este lunes, el presidente Salvador Illa ha querido subrayar que el ejecutivo “siempre tiene la mano tendida”, pero aclarando nuevamente que el margen de maniobra se reduce a la forma en que se debe “implementar el acuerdo” alcanzado con CCOO y UGT. Un mantra que ya repitió el consejero Albert Dalmau cuando sustituyó a Niubó –»diálogo dentro del marco del acuerdo»– y que ha reiterado la misma Niubó en su regreso al departamento.
Los sindicatos, en cambio, huyen de este marco negociador y exigen una “negociación real” que comience con una nueva propuesta salarial sobre la mesa. La USTEC, la CGT y la Intersindical también piden más recursos para la escuela inclusiva, aspecto que choca con el posicionamiento del cuarto sindicato de las protestas, Profesores de Secundaria (Aspec), que ven el modelo de escuela inclusiva actual como un «fracaso». A pesar de las diferencias, los cuatro mantienen la fidelidad en el marco de las huelgas.
Mientras tanto, las asambleas de docentes –independientes de los sindicatos– plantean otras protestas complementarias, como el veto a las colonias. Un aspecto que preocupa a las entidades del tercer sector, que ven peligrar cientos de puestos de trabajo. Fundesplai avisa que han detectado menos reservas, respecto al mismo tramo de curso del año pasado, y calcula que las afectaciones serán del 70% si los claustros llevan adelante la amenaza.
Más de 900 escuelas se han adherido al manifiesto que pide dejar de hacer colonias para forzar a Educación a sentarse, una iniciativa que ya les funcionó en la época de Ernest Maragall –entonces miembro del PSC– como consejero. Los sindicatos no querían un adelanto de curso, un hecho que lograron a medias al instaurarse una semana blanca que no convenció a las familias. “No dejaremos caer el sector del ocio educativo”, ha remarcado Niubó al respecto.
Incremento salarial insuficiente
Las cuatro organizaciones quieren repetir cifras similares a la protesta de marzo, en que un 43% de los docentes hicieron huelga –según las cifras de los sindicatos, el seguimiento fue del 90%–. Registros superiores a la protesta “histórica” que ya se había hecho en febrero, en este caso, aún con el apoyo de la UGT y CCOO. USTEC, Profesores de Secundaria, CGT y la Intersindical continúan reclamando un incremento del complemento específico que vaya más allá del 30% pactado con las otras dos organizaciones sindicales y una bajada de ratios que vaya más allá de la planteada.
Las cuatro formaciones críticas reiteran que solo desconvocarán las protestas si hay acuerdo. El primer embate, este martes, reunirá a docentes de toda Cataluña en una manifestación unitaria que recorrerá el centro de la capital y terminará en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. Será el punto de inicio de un mes entero de movilizaciones, que repetirán el modelo territorializado de marzo y acabarán con una segunda manifestación en Barcelona el 6 de junio.
