La mitad de los centros educativos que debían participar en la prueba piloto con los Mossos han decidido abandonar el proyecto. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha confirmado la baja de siete de los catorce centros que debían formar parte. Una serie de cambios que la misma consejera ha vinculado a la “tensión mediática” que ha habido en torno al plan. “No ayuda si tienes un claustro contrario a todo esto”, comentó en TV3.
“Desde el primer momento vimos que no es una solución que necesite el alumnado”, insistió la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, quien lamentó que el Gobierno vincule los problemas para desplegar el plan al revuelo mediático. Durante la entrevista matinal, la consejera admitió que explicaron “tarde” el proyecto e insistió en que no forzarán a ninguna dirección a aplicar el plan. Tampoco si aparecen nuevos disidentes en los próximos días, fruto de las protestas que se están dando en diferentes claustros.
El proyecto para incorporar mossos de paisano en la dinámica de las escuelas ha generado estupor en toda la comunidad educativa, que prefiere abordar la complejidad creciente en las aulas con personal estrictamente educativo. El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) se ha rebelado contra la prueba, que tampoco genera consenso entre las direcciones. Aunque algunas, sobre todo de áreas del Baix Llobregat, lo solicitaron, la Asociación de Directivos de la Escuela Pública detalla a El Món que ninguno de sus miembros había “ni insinuado” esta preocupación en las juntas.
Niubó pide dejar trabajar a las direcciones
“No es una política pública decidida, es una prueba de concepto que servirá para valorar si debemos tomar decisiones”, manifestó nuevamente Niubó. “Lo importante es que las direcciones que ven que el proyecto puede servir, puedan trabajar con tranquilidad”, agregó igualmente.
El plan comenzó a gestarse en febrero del año pasado entre Educación y el Departamento de Intención. A pesar de no haber muchos detalles, la intención es que los agentes actúen como un complemento, sin ir uniformados ni armados ni participar en las sesiones en el aula. El proyecto, que ha unido a la mayoría de la oposición en contra, también cuenta con el visto bueno del presidente Salvador Illa, quien en la última sesión parlamentaria preguntaba a los críticos “qué miedo tienen” a “probarlo”.
El proyecto ha crispado aún más el ambiente en los centros, que enfrentan una nueva ola de huelgas. Los cuatro sindicatos críticos con el acuerdo del Gobierno con UGT y CCOO han convocado 17 días de paros, repartidos en tres paros generales y otros territoriales. En general, todos los docentes están convocados a cinco días de huelgas entre mayo y la primera semana de junio.
