El sindicato USTEC, mayoritario entre los docentes de la escuela pública, ha anunciado acciones legales contra la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes de Barcelona. El caso ha encendido los ánimos dentro de la comunidad educativa y pone contra las cuerdas a los principales dirigentes de los Mossos y del Departamento de Interior. La USTEC llevará los hechos ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, un ente público que depende del Parlamento y vela por el buen cumplimiento de la legislación.
En un comunicado, el sindicato también apunta que está estudiando si interpone una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por “vulneración de derechos fundamentales”. En esta misma dirección, la USTEC solicitará formalmente a Interior “el acceso completo a todos los informes, actas, diligencias, fichas y comunicaciones” relacionadas con asambleas y las huelgas educativas para saber “con qué finalidad” se ha decidido hacer un seguimiento policial de las reuniones de los docentes que preparan las huelgas.
Exige la dimisión “inmediata” de Parlon
La USTEC recuerda que los Mossos han identificado a unas ochenta personas en el marco de las protestas de docentes, según los datos que el mismo Departamento de Interior ha cedido a la CUP en una respuesta parlamentaria. La organización considera que estas acciones “forman parte de una actuación policial sostenida contra el personal educativo” y exige la “dimisión inmediata” de la consejera de Interior, Núria Parlon. El sindicato la acusa de amparar unas actuaciones –la infiltración de mossos, sobre todo– “incompatibles con los derechos fundamentales y con el respeto a la actividad sindical y a los espacios asamblearios”.
En los últimos días, Núria Parlon ha lamentado lo que considera una operación para “desprestigiar” a los Mossos d’Esquadra y ha avalado la continuidad del director del cuerpo, Josep Lluís Trapero. Todo esto, a pesar de la presión de la oposición ante una infiltración que en ningún momento ha sido desmentida ni por el cuerpo ni por la misma Parlon. Las primeras espadas de Junts, ERC y la CUP han exigido dimisiones; en algunos casos de Trapero y en otros directamente de la consejera Parlon.
Los Comuns, con quienes el Gobierno mantiene una alianza estable –investieron a Illa y tienen un acuerdo de presupuestos– también ven al Gobierno “superado” por la crisis educativa. La exalcaldesa de Barcelona y alma mater de la formación, Ada Colau, ha pedido transparencia y ha lamentado unas persecuciones «propias de la derecha».
La polémica estalla después de que una asamblea de docentes –órganos que cuentan con representantes sindicales entre sus miembros, pero independientes de los sindicatos– detectara la presencia de dos agentes de los Mossos en la reunión. Al ser interpeladas, las supuestas policías afirmaron que trabajaban en una escuela de Santa Coloma de Gramenet, pero un docente del centro, presente también en la reunión, las desmintió. Los sindicatos han acusado al Gobierno de querer espiarlos y torpedear las huelgas con acciones que rozan la legalidad, sobre todo acusándolo de vulnerar el derecho a huelga. Mientras tanto, el Gobierno y los Mossos han cerrado filas con los Mossos.
