Una sorpresa temporal porque de contenido no lo era tanto. La sala Tercera del Tribunal Supremo, la contenciosa administrativa, dictó una breve, pero contundente providencia con la que acababa el caso del fiscal Ignacio Stampa. Un proceso largo que ha enturbiado la imagen del ministerio público, sobre todo durante la dirección de Dolores Delgado, y del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ejecutó una investigación y posterior sanción, en el marco de la macrocausa Tàndem del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investigaba los negocios y las pesquisas del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo. De hecho, el fiscal Stampa fue uno de los dos fiscales que destapó una causa donde ha aparecido toda la cloaca del Estado.
Stampa fue apartado cuando aparecieron audios de Villarejo con Delgado, cuando era la fiscal jefe antiterrorista en la Audiencia Nacional. Tras un largo camino procesal y administrativo, y con buena parte del aparato de la fiscalía haciéndole el vacío, el pasado 17 de febrero, la sala contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional condenaba al ministerio de Justicia a indemnizar con 4.000 euros al exfiscal anticorrupción. La abogacía del Estado presentó un recurso de casación y la sala contenciosa ha decidido no admitirlo ni a trámite. En la resolución, a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados son contundentes. Ni ningún motivo de los alegatos justifican el recurso y si hubiese motivos, tampoco tendrían “interés casacional”. La decisión finaliza un camino que restablece a Stampa en su lugar, precisamente, un fiscal que ahora ha denunciado a Leire Díaz, la fontanera del PSOE, por sus actividades contra la fiscalía anticorrupción.
Aviso de la Audiencia Nacional
La resolución de la Audiencia Nacional ya fue un duro tirón de orejas a García Ortiz porque Stampa había recurrido su decisión de investigarlo “por inspiración de la Fiscalía General del Estado”, en manos de Delgado. Ahora el Supremo ni entra a discutir los hechos y da por buena la indemnización. Las sospechas fueron sobre la presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza separada del caso Dina, dentro de la macrocausa Tàndem.
Los magistrados concluyeron que la investigación contra Stampa, dirigida desde la secretaría general técnica, entonces en manos de García Ortiz, se “alargó de manera innecesaria” cuando las primeras pesquisas no habían dado ningún resultado. “El mantenimiento de la investigación previa, cuando estaba en tránsito de resolución el concurso en la Fiscalía Anticorrupción, en el que Stampa concurría como aspirante, impidió que su expediente personal apareciera sin tacha”, aseguraba la resolución.
Es decir, que Stampa se quedó sin poder concurrir a la plaza definitiva de Anticorrupción por una investigación que se llevaba desde el despacho de García Ortiz. Un hecho que, según la Audiencia, “puso en duda la profesionalidad, fama, buen nombre, comportamiento ético” del fiscal Stampa. Por eso, consideró que la actuación de la Fiscalía le provocó un daño moral que implicaba una indemnización de 4.000 euros. Una decisión que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.
