El histórico acuerdo entre ERC y el PSOE para el “traspaso integral” de Cercanías contiene mucha letra pequeña que anticipa un proceso largo y complejo para materializar una de las grandes reivindicaciones de Cataluña. Sobre el papel, el pacto prevé el traspaso de las vías, estaciones y del personal, así como de la financiación necesaria para costear el servicio, pero a la hora de trasladarlo a la realidad todo será más complicado. Para empezar, Madrid se guarda un as en la manga con la creación de una empresa pública mixta, llamada Rodalies de Catalunya, que estará participada al 50% por el estado y la Generalitat. El Gobierno catalán tendrá el voto de calidad para las cuestiones del día a día, pero tendrá que buscar el consenso con el gobierno español para las decisiones “estratégicas”.
El acuerdo entre los republicanos y los socialistas prevé que la Generalitat asuma la titularidad de todos los trenes, pero solo gestionará la infraestructura ferroviaria de las líneas R1 (Maresme), R2 Sud (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y R3 (Papiol-Hospitalet-Vic-Puigcerdá). Según el documento publicado, de momento solo se traspasarán los tramos de vía donde circulen trenes de titularidad catalana, pero está previsto crear una comisión para analizar todos los trazados —Cercanías tiene unos 1.100 kilómetros de vías— y evaluar si en el futuro se pueden hacer más traspasos. Fuentes de la Generalitat aseguran que es un “acuerdo de mínimos” y que en ningún caso es “una lista cerrada”. La red ferroviaria catalana es muy compleja porque combina el transporte de viajes con el de mercancías.
¿Cómo se gestionarán las vías, los trenes y las líneas?
Las infraestructuras ferroviarias serán gestionadas por la empresa pública catalana Ifercat —que será el equivalente a Adif—, pero en algunos casos habrá que llegar a acuerdos con el gobierno español y otras las continuará gestionando Adif. «Tiene que ser objeto de negociación y habrá que ir estación por estación”, explican las mismas fuentes a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). La otra empresa, Rodalies de Catalunya, de participación mixta, se dotará de todos los “recursos materiales y humanos que hoy son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Cercanías”. La nueva compañía subscribirá un “convenio de colaboración” con Renfe para “asegurar la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos”.
El sindicato de maquinistas se ha mostrado preocupado por las implicaciones laborales que podría tener el traspaso y este punto es una manera de intentar calmar los ánimos. El Gobierno catalán se reunirá pronto con todos los sindicatos para explicar los detalles del acuerdo. Desde la Generalitat afirman que Renfe «dejará de formar parte del día a día» y que a medio plazo será la nueva empresa pública quien se encargará del servicio de Cercanías. El operador estatal le transferirá todo el personal y el material rodante para que pueda prestar el servicio. El acuerdo prevé que el traspaso se alargue como mínimo durante toda la legislatura y hará falta una negociación constante con el nuevo gobierno español.
La financiación del servicio, la otra clave del acuerdo
El otro punto clave del acuerdo ERC-PSOE es la transferencia del dinero que se necesita para cubrir el déficit tarifario de Cercanías, que solo el 2023 subirá a 335 millones de euros. Durante el primer trimestre de cada año se calculará el coste del déficit y el estado transferirá el importe al titular del servicio, que en el futuro será Rodalies de Catalunya y no Renfe. El pacto incluye la transferencia de 132,7 millones extraordinarios que corresponden a otras partidas, como los 80 millones de euros que la Generalitat tiene que abonar a Renfe por orden del TSJC por la ampliación de los servicios que se han hecho en Cercanías en los últimos años. Además, el incremento de los cánones ferroviarios del 2017 los asumirá el estado, así como todos los gastos extraordinarios provocados por incidencias —como la de la R2 Sur en Gavà— u obras previstas y que provocan afectaciones en el sistema de transporte público catalán. El Departamento de Territorio ha asegurado que no formalizará el contrato programa que tenía pendiente con Renfe y que solo lo hará para el servicio Lleida-Manresa.
Con el nuevo acuerdo, la Generalitat también tendrá más incidencia en la ejecución del Plan Cercanías 2020-2030, sobre todo en la segunda mitad del programa, que aún está verde y quedan obras por proyectar y ejecutar. El Gobierno catalán quiere tener más peso a la hora de decidir las nuevas obras. Inversiones como el desdoblamiento de la R3 y los soterramientos ya planificados irán a cargo del Ministerio de Transportes, igual que la compra del centenar de trenes que los próximos años se tienen que incorporar a Cercanías y que serán transferidos a la nueva empresa mixta.
