Llamada de alerta de los jueces de paz, que se enfrentan a dos grandes cambios, la aplicación progresiva del plan estatal de modernización de la justicia, que ya está afectando juzgados de paz grandes como el de Sant Cugat y, paralelamente, a la nueva ley de eficiencia organizativa impulsada por el gobierno español, que podría comportar su desaparición. Tres jueces de paz con quien ha hablado El Mundo se muestran preocupados por la desaparición de esta figura y la suya sustitución por oficinas judiciales, las consecuencias de estos dos cambios a que se enfrentan. Alertan de que es un “recorte de derechos” para la ciudadanía, que utiliza los juzgados de paz para hacer gestiones relativas al Registro Civil y para resolver disputas sin llegar a los juzgados ni necesitar una gestoría y que, de retruque, «invade competencias» del Gobierno de la Generalitat.
El proyecto de ley que impulsa el gobierno español no aclara si cada uno de los pueblos que ahora tienen juez de paz –898 municipios de los 947 que hay en Cataluña– podrán abrir también una oficina ni establece los recursos económicos que recibirán para desarrollar su trabajo. La figura del juez de paz es tradicional en Cataluña y las personas que se dedican no entienden los motivos de su supresión. “Tenemos una larga tradición de buen funcionamiento de nuestro colectivo, que hace justicia de proximidad”, señala Ramon Esmarats, juez de paz de Tona, en Osona.
Resolución de conflictos sin pasar por un juicio
Esmarats, economista jubilado, accedió hace unos años para aportar “algo de valor” en su pueblo. Insiste en que la gente del municipio confía en los jueces de paz, que consiguen que pequeños conflictos entre vecinos se decidan en casa. “Reducimos costes y plazos. La conciliación que basura es muy importante y la gente se vería muy perjudicada si desaparecemos”, avisa.
La jueza de paz de Salt, en el Gironès, Francesca Terrón, coincide con su compañero y recalca que “se ahorran recursos judiciales” gracias a su trabajo. “Conseguimos que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo en su municipio. Como que conocemos el territorio porque somos vecinos, podamos reconducir mejor los conflictos y empatizar con todas las partes”, explica. Considera que su trabajo es “humanizar la justicia” y cree que, además, el talante de los jueces de paz “corresponde completamente a la forma de ser de la sociedad catalana”.
«Privatización» de los casamientos
Otro ámbito donde la ciudadanía se vería afectada en caso de que finalmente se suprimiera la figura del juez de paz a raíz del proyecto de ley de eficiencia organizativa, seria en los casamientos. “Se privatizarían, porque se tendrían que hacer con un notario y esto es un coste que hoy en día no se tiene que asumir”, avisa Esmarats. En este sentido, Terrón añade que la boda “quedarán desamparadas” y los trámites serán mucho más largos.
“Los jueces de paz tenemos una audiencia reservada con la pareja que se tiene que casar y esto sirve para detectar si lo hacen por la razón correcta”, explica. Son, muchas veces, los que detectan los matrimonios de conveniencia o por papeles, por lo cual Terrón alerta de que si los menguan las competencias o los suprimen se dejarán de localizar.
Mociones en todo el territorio para salvar los jueces de paz
Esmarats y Terrón se emocionan al hablar de las mociones que se hicieron en toda Cataluña a escala municipal para mantener los jueces de paz al país cuando se supo que la intención del gobierno español era eliminarlos. “Es esperanzador ver las mociones de todos los ayuntamientos, que nos apoyaron. En Cataluña los jueces de paz están muy arraigados”, explica la jueza de paz de Salt. Esmarats añade que el Parlamento también votó a favor de la continuidad de esta figura jurídica.
Ambos esperan que el Congreso modifique el proyecto de ley y no afecte Cataluña, pero temen que el PSOE “la quiera aprobar de todas todas”. En este sentido, Esmarats señala que “ERC será capital”. “Si votara a favor de esta ley después de votar en el Parlamento por nuestra continuidad, sería un contrasentido”, asegura. Además, recuerda, el Estatuto “quedaría recortado”. “Sería ir hacia el pensamiento único en el estado español, una uniformización encubierta”, advierte.
Terrón tiene fe que “por coherencia” los partidos catalanes mantendrán el que votaron en el Parlamento. “Somos una institución que ha demostrado a lo largo de las décadas que funciona, y si nos suprimen la ciudadanía dejará de tener derechos en cuanto a la justicia de proximidad”, señala antes de concluir que sería una “carencia de consideración” hacia el Estatuto que los regula.
Juzgados doblemente colapsados
Si los juzgados ya están colapsados actualmente y ya sitúan juicios para el año 2025, con la desaparición de los jueces de paz que comportaría la ley española y la asunción de todas sus funciones por parte de los juzgados, el problema podría doblarse. “La gente no podrá tener los papeles en el tiempo que los necesita y la atención al ciudadano quedará totalmente perjudicada”, explica Ana Maria Osa, jueza de paz de Sant Cugat, uno de los municipios que se ha visto afectado por la aplicación del plan de modernización de la justicia que ya ha empezado a implementarse progresivamente. Sant Cugat es uno de los municipios más grandes con juzgado de paz y es por eso que ya han empezado a notar estos efectos. “A partir de ahora todo será en línea y se perderá la parte de la proximidad, el rasgo principal de los jueces de paz”, avisa.
Osa pose como ejemplo el caso de un joven marroquí que se dirigió al juzgado de paz de Sant Cugat hace pocos días porque necesitaba la documentación española que le correspondía para poder acceder a una beca para estudiar en Alemania. Hacía cinco meses, le habían dado cita a Rubí, donde hay el juzgado ordinario de la zona, pero como que está colapsado lo enviaron de nuevo en Sant Cugat. «Como que vimos que tenía este problema, lo intentamos ayudar y enviamos de urgencia la documentación, pero finalmente se encuentra que no tendrá los papeles a tiempo, cuando hace cinco meses que empezó la gestión, y perderá la beca», explica la jueza. Asegura que como este hay muchos casos porque el plan de modernización de la justicia es «un disparate inmenso» y una norma que «no tiene ninguna seguridad jurídica».
