Julio Iglesias no sale de una y entra en otra, por lo que se ve. El exitoso cantante, que enfrenta la acusación de abuso sexual de dos exempleadas, ahora recibe otra denuncia que empeora aún más su imagen pública. En esta ocasión, son tres exempleados quienes lo ponen contra las cuerdas porque lo han denunciado por un presunto despido improcedente.
También ha sido Eldiario.es el encargado de sacar a la luz esta información, procedente de dos hermanos y un compañero que estuvieron trabajando en la mansión de Punta Cana del artista 9 y 21 años respectivamente. Según su testimonio, los despidieron sin ninguna explicación durante la pandemia: “No nos dieron ni siquiera una liquidación”.
Todos ellos realizaban tareas de mantenimiento, según han dicho, pero Julio Iglesias habría decidido despedirlos de repente sin que hicieran nada malo. ¿La justificación? Que no quería que estuvieran “entrando y saliendo” de la villa porque eso incrementaba las posibilidades de que se contagiara de coronavirus. Tampoco les parece bien que les hubieran hecho un contrato de “trabajador doméstico” cuando también trabajaban de chofer, así que les corresponderían más derechos laborales que los que les daban.
Los exempleados de Julio Iglesias lamentan la situación contractual
En la denuncia hay frases tan impactantes como la siguiente: “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de colonización porque han llamado criados y domésticos a dos trabajadores que hacían de carpinteros, pintores o choferes en su casa que también era su empresa». El abogado habría intentado ponerse en contacto con los letrados de Julio Iglesias, pero no habrían respondido en ningún momento.
Muchos pueden pensar que es muy exagerado que este tema salga ahora a la luz, precisamente, pero la verdad es que su batalla judicial habría comenzado en 2020 y, aún ahora, no hay prácticamente ningún avance. En un principio, un tribunal dijo que solo deberían haber cobrado 900 € y 450 € respectivamente; pero cuando apelaron fue entonces cuando se decretó que había sido injustificado.
De hecho, llegaron a condenarlo por no inscribir a los trabajadores en el sistema dominicano de la Seguridad Social y debería haber pagado sus salarios desde la demanda hasta la sentencia en un total que ascendía a los 53.000 €. Él, no contento con esta decisión, habría vuelto a recurrir y la situación judicial se encuentra en stand by. Según dicen en el medio, será en febrero cuando tenga lugar una nueva vista que aclarará qué pasará con esta historia.
