Nuevo protagonista en el caso Cerdán. En concreto, la Fiscalía Europea ha registrado un escrito en el Tribunal Supremo reclamando detalles sobre el caso Santos Cerdán para estudiar si corresponde al ministerio público europeo la investigación del caso. El escrito, de una página y al que ha tenido acceso El Món, lo firman las fiscales Olga Muñoz y Laura Peñón, quienes piden información «sin demora» sobre el caso.

En concreto, «exhortan al instructor de la causa» para que informe a la Fiscalía Europea sobre «el objeto de su investigación, con identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones que ahora se están investigando». En este sentido, el magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, deberá remitir la documentación reclamada y esperar la respuesta de la Fiscalía Europea.

Si el ministerio público propusiera «la avocación del caso» porque considera que es de su competencia, el magistrado Puente o bien debería inhibirse o bien presentar un conflicto de competencia para mantener el caso en sus manos. Precisamente, en esta fiscalía europea se incorporó Ignacio de Lucas, fiscal antidroga de la Audiencia Nacional y uno de los fiscales que cobró de la FIAAPP, la Fundación del ministerio de Exteriores que financiaba incluso la formación de agentes encubiertos. Precisamente, De Lucas fue nombrado a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez. Cabe decir, que el hermano del fiscal, Francisco, fue senador del PSOE por el País Valenciano.

El suplicatorio remitido por la fiscalía europea al juez de Cerdán/QS
El suplicatorio remitido por la fiscalía europea al juez de Cerdán/QS

La Fiscalía ya intervino en el caso Mascarillas

Hay que recordar que no es la primera vez que la Fiscalía Europea entra en juego en este caso. En esta línea, la causa de las mascarillas que llevaba el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, fue asumida, en buena parte, el 30 de mayo de 2024, por la fiscalía europea. De hecho, fue el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Calama, quien accedió a delegar la investigación a los fiscales europeos y evitó que se quedara en la fiscalía del tribunal español.

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