Una de las frases más repetidas en el mundo de la información, como metáfora de la previsión de lo que será noticia, es la expresión «otoño caliente». Aunque se haya visto más que Plats Bruts, nunca pierde fuerza, y más en uno de los casos que ha inquietado más el último curso político, tanto en el Departamento de Interior y Seguridad Pública, en manos de la consejera Núria Parlon, como, por extensión, en el Gobierno de Salvador Illa. En concreto, es el conflicto abierto con los bomberos voluntarios. Una reivindicación que se ha calentado a niveles que eran impensables hace años y que en otoño iniciará una segunda etapa, esta vez judicial y que aún puede inflamar más la confrontación con la consejería de Bomberos Precarios en Lucha, la Federación de Bomberos Voluntarios de Cataluña y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cataluña.
La última reunión con el Departamento de Interior, celebrada el pasado 20 de julio, terminó como el rosario de la aurora. Un encuentro que dejó la continuidad de las conversaciones a merced de la evolución de la multitud de demandas laborales interpuestas ante los diferentes juzgados sociales de Cataluña. Pero el sabor que se llevaron los representantes de los bomberos voluntarios fue de mal agüero. Fuentes del encuentro detallan a El Món que ninguna de las peticiones laborales que plantean fue aceptada, mientras que el ambiente interno se exaspera en contraste con la lluvia de apoyos institucionales de ayuntamientos, comarcales y diputaciones, que ya ha llegado a 119 mociones de reconocimiento aprobadas en entidades con diferentes colores políticos.
El sabor amargo por los resultados del encuentro refuerza la sospecha que hace tiempo tienen los bomberos voluntarios: que el Departamento de Interior quiere acabar con el colectivo y con el sistema doble que combina a los bomberos funcionarios con los «bomberos por horas». Un sistema mixto muy particular de Cataluña y que no tiene ninguna similitud en el estado español. Ahora el sistema tambalea y los voluntarios ven como un peligro inminente que el sistema los aparte y desaparezca su figura. A pesar de la tensión, el colectivo de Bomberos Voluntarios también ha estado participando en el grupo de bomberos de la Generalitat que el Gobierno ha enviado a diferentes zonas del estado para apoyar y ayudar en las tareas de extinción de los grandes incendios que se han vivido en los últimos días.
Agenda 2030
De hecho, no es solo el rechazo constante a las demandas de los bomberos voluntarios lo que ha hecho levantar las orejas del colectivo, sino el proyecto del departamento que prevé aumentar la plantilla del cuerpo de bomberos hasta los 4.000 funcionarios en el año 2030, con convocatorias anuales de 300 incorporaciones. Un proyecto que el Consejo Ejecutivo de Illa aprobó el 21 de octubre de 2025. Un «plan estratégico» con el que el Gobierno quería garantizar un «despliegue progresivo del personal necesario y un relevo generacional que haga posible el traspaso de conocimiento y experiencia». El plan incluso prevé la construcción de un nuevo Complejo Central de los Bomberos de la Generalitat, que actuará como centro neurálgico de gestión de las emergencias en Cataluña.
El plan también preveía hacer convocatorias anuales de bomberos voluntarios. En este sentido, el acuerdo de gobierno remarcaba que los bomberos voluntarios eran «clave para garantizar la seguridad ciudadana y una respuesta eficaz a las emergencias en todo el territorio». Incluso, el plan preveía campañas de comunicación específicas de reconocimiento y valoración del cuerpo de voluntarios. «Pero nada de eso se ha cumplido, ni se contempla», remarcan fuentes de los representantes de Bomberos Voluntarios que lideran las protestas. «Al contrario, todos los gestos van en dirección contraria», señalan.
4.000, la cifra que hace sospechar
Contado y debatido, el último recuento oficial del Departamento de Interior informa que el cuerpo tiene 2.883 profesionales, de los cuales 2.708 son hombres y 175 mujeres. Y, de bomberos voluntarios, se cuentan 1.395 y 73 parques en toda Cataluña. Cabe decir que en la última promoción se incrementaron en 83 plazas el «servicio activo de los bomberos voluntarios», pero esta cifra es, para los diferentes colectivos, la «chocolatina del loro», casi de «compromiso». A su parecer, el objetivo de hacer crecer hasta los 4.000 miembros los bomberos funcionarios es un indicativo de que el Departamento de Interior «quiere acabar con el modelo mixto o mantenerlo de manera simbólica o residual».
En este sentido, recuerdan que el departamento, si tuviera voluntad, podría profesionalizar a un buen número de bomberos voluntarios que tienen suficiente experiencia y formación sin que esto supusiera «una funcionarización por la puerta trasera». Al fin y al cabo, incorporarlos supondría neutralizar el impacto que supone el relevo generacional en el cuerpo, en el sentido de que en muchos parques ya hay más bomberos de nueva generación que no de veteranos. «El hecho de que después de años de reclamaciones lo único que se haya conseguido sea un seguro médico de atención es suficiente señal para constatar que ahora les estorbamos», añaden. Al fin y al cabo, la reclamación principal de los bomberos voluntarios es que si se lesionan durante un servicio sea considerado un accidente laboral y si, con los años, padecen una enfermedad a causa de los servicios también se considere profesional.
Por eso, la insistencia en ser dados de alta en la seguridad social y tener la cobertura que requiere un servicio como el de prevención y extinción de incendios. «Somos bomberos generalistas», enfatizan. Es decir, los servicios que prestan son tanto en accidentes de tráfico, como incendios –forestales o urbanos– o rescates. «Solo queremos poner fin a la precariedad y regular nuestros derechos laborales», remarcan. «Por ejemplo, si tenemos un accidente con baja, nos lo restan de la nómina de nuestro trabajo», detallan desde el colectivo, «cuando lo hemos sufrido mientras apagábamos un fuego o asistíamos a un rescate».
Falta de voluntad
A las demandas históricas –con protestas que suponían incluso cierres de parques durante el verano–, como el reconocimiento de relación laboral, se añaden otras reclamaciones. Unas peticiones a las que creen que Interior hace oídos sordos y que señalan el desdén con que se trata al colectivo y el material con el que trabajan en los parques de voluntarios. Una demanda que también comparten con los bomberos funcionarios que, justo antes de iniciar la campaña de verano, enseñaron los dientes con manifestaciones y que, una vez terminada la campaña forestal, retomarán las protestas.
Los bomberos voluntarios piden mejores equipos de protección individual (EPI), vehículos adecuados y soluciones a problemas de seguridad laboral. Es decir, corregir y aplicar el Plan de Riesgos Laborales para controlar la gestión de tóxicos, la mejora de los EPI y su mantenimiento y limpieza, el compromiso de material de protección y uniformidad y vehículos. Precisamente, este punto también alimenta el malestar de los bomberos voluntarios, que ven cómo camiones que serían operativos para el colectivo, porque todavía tienen vida útil, van a la chatarra, mientras a ellos les mantienen vehículos obsoletos en los parques. «Parece que no quieran que tengamos vehículos en condiciones», murmuran. En esta línea, recuerdan que, por proximidad, los bomberos voluntarios pueden ser perfectamente los primeros en llegar a un servicio. «Lo hacemos desprotegidos laboral y materialmente», concluyen. Dos señales que no les dejan espacio para la duda de que en Interior no les hace ninguna gracia mantener esta figura mixta.
Apoyos institucionales
La posición de la consejería que dirige Parlon contrasta con el goteo de apoyos institucionales que están recibiendo las demandas de los bomberos voluntarios. Estos últimos días se han sumado la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Calaf (l’Anoia). La aprobación de diferentes mociones de apoyo a las demandas del colectivo ya suma 119 entre ayuntamientos, consejos comarcales -el Pallars Sobirà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, l’Urgell- y diputaciones.
