Uno de los conflictos abiertos que tiene el Departamento de Interior es el de los bomberos voluntarios. Es un problema que viene de lejos, pero que en el último año ha cobrado impulso. No solo por una ola de protestas mediáticas, por la solidaridad sindical obtenida o por el apoyo institucional de ayuntamientos y consejos comarcales de todos los colores políticos, sino también por una pensada ofensiva, con 410 demandas, ante los tribunales sociales que, a partir del otoño, tomarán velocidad de crucero con diversas vistas programadas en juzgados de todo el país.
Reclaman reconocimiento laboral, que los den de alta en la Seguridad Social y que se solucione la precarización de su relación con el Departamento de Interior, que hace que se sientan «bomberos riders«. El argumento y el reproche a la administración de la demanda es que bajo una “falsa apariencia de una teórica voluntariedad se esconde una profesionalización encubierta” de un colectivo que tiene unos 1.400 efectivos. El Departamento de Interior, sin embargo, intentó encontrar una fórmula para evitar tener que darlos de alta en la Seguridad Social y calmar los ánimos. De hecho, Interior siempre ha defendido el modelo mixto, de bomberos profesionales y voluntarios por horas, por la sostenibilidad económica del servicio. Ninguno de los dos intentos ha tenido éxito.
Por un lado, se planteó una especie de plan de jubilación privado, que Interior no se atrevió finalmente a licitar, y la contratación de un seguro de asistencia médica que los bomberos voluntarios califican de «deficiente» y que no resuelve los problemas de fondo. Un seguro que ahora se ha prorrogado. Todo ello en un escenario marcado por una campaña forestal agresiva, un otoño caliente judicialmente y el inicio de discretas negociaciones entre Interior y el colectivo. Las dos iniciativas demuestran que el actual sistema de protección de los bomberos voluntarios es débil jurídicamente hablando y avalarían la idea de que la administración es consciente de que el servicio estaría desregulado y desprotegido laboralmente hablando.
El primer fracaso
La consejería, para intentar evitar las actuales protestas, intentó encontrar en el mercado un «plan de capitalización» -un plan de jubilación privado- para los bomberos voluntarios. Pero la consulta a los operadores fue un fracaso. El mismo departamento reconoció documentalmente que ninguno de los «operadores del mercado» hizo ninguna propuesta. El fiasco hizo cerrar en el cajón la idea porque Interior no se vio con fuerzas para preparar una licitación. La idea surgió de un veterano político de la seguridad en Cataluña, Joan Delort, que ya se ha jubilado. Fue en septiembre de 2023, cuando inició un proceso de «consulta preliminar de mercado» para intentar conseguir, en el ámbito privado, una especie de fondo con aportaciones públicas para beneficiar a los bomberos voluntarios cuando dejaran de prestar este servicio.
Técnicamente, se pidió a diferentes compañías y sociedades de inversión una «instrumentalización de un plan de ahorro con aportaciones anuales por parte de la Administración de la Generalitat de Cataluña» que pudiera ser «capitalizado por los bomberos voluntarios» cuando finalizaran su relación. De hecho, en el expediente administrativo, al cual ha tenido acceso El Món, se hacía constar la «voluntad del Departamento de Interior de incluir mecanismos de compensación y reconocimiento a su actividad de bombero voluntario». La iniciativa, sin embargo, fue a parar a un callejón sin salida.
Un «informe final» que consta en el expediente administrativo demuestra que ninguna compañía, sociedad o entidad que ofreciera este tipo de productos de servicios mostró interés. «A través de contactos informales con operadores del sector, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos tuvo conocimiento de que el objeto de la consulta no era ofrecido en el mercado«, concluía la resolución. Por tanto, dado que la consulta preliminar del mercado finalizó «sin aportaciones» que permitieran «obtener información directa del sector», el departamento admitió no tener «conocimientos suficientes de apoyo para la preparación de una eventual licitación». Y la iniciativa murió.
Un seguro médico «deficiente»
Un año más tarde, comenzó la licitación para el seguro de accidente que, según los bomberos voluntarios, es «deficiente» y no resuelve el problema de base, que los accidentes sean considerados laborales y se deriven derechos de las enfermedades profesionales. A finales del año 2023, también se emitió una consulta preliminar de mercado a diferentes mutualidades asistenciales para proveer a los voluntarios de una «asistencia sanitaria en caso de que sufrieran algún accidente mientras llevaban a cabo las tareas propias de su actividad o mientras se encontraran ‘in intinere’ durante las 24 horas del año y los 365 del año».
Finalmente, en julio de 2024, la Secretaría General del Departamento de Interior firmaba una contratación con Previsora Balear, para las diversas regiones de emergencias, dividida en cuatro lotes, con un presupuesto anual de 544.680 euros, prorrogable durante cuatro años previendo un presupuesto total de 2.995.740 euros. El pasado dos de julio, el Departamento de Interior publicó la tercera prórroga con la compañía, para continuar dando cobertura sanitaria de accidente a los bomberos voluntarios durante el año 2027 por el mismo importe de 544.680 euros. Una solución que el colectivo considera que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo, pero que ayuda a dar cobertura a las demandas judiciales que están en marcha.
Un reconocimiento implícito
De hecho, en la memoria justificativa del expediente de adjudicación del seguro, Interior ponía negro sobre blanco que los protegían de los accidentes en sus tareas porque «no disponían de ningún tipo de servicio asistencial sanitario integral que los protegiera en caso de accidente». En este contexto, Interior entendía que era necesario incluir «mecanismos de compensación y reconocimiento a esta actividad voluntaria y altruista». Es decir, un reconocimiento implícito del factor de riesgo de su trabajo que indicaría la necesidad de una protección como accidente de trabajo de la Seguridad Social y la cotización pertinente en caso de accidente en su tarea de bombero. Una situación más beneficiosa, porque ahora, a lo sumo, es considerada enfermedad común y no como accidente laboral, y por tanto con menos prestaciones económicas y sociales.
Desde Bombers Precaris, la gran plataforma unitaria del colectivo, insisten en que el proceso de conversión en una relación encubierta de trabajo «se ha visto agudizado durante los últimos años con la obligatoriedad de hacer un número mínimo de horas al año (650) y de estar controlados mediante una app, al estilo de Glovo”. “La Generalitat, en lugar de asumir la responsabilidad y el reconocimiento de los derechos a trabajadores públicos que prestan un servicio esencial de alto riesgo, ha optado por mantener bomberos rider sin cotizar a la Seguridad Social”, remarcan. El intento de encontrar un sistema de previsión de futuros a través de un plan de capitalizaciones privadas y la renovación de un seguro son indicios claros de que la administración está en falso en la regularización laboral de los bomberos voluntarios.
