La batalla jurídica por las declaraciones contra el catalán de la escritora Brigitte Vasallo emitidas en el programa Vostè Primer de RAC1 sumará un nuevo capítulo en las oficinas de la Generalitat. La asociación Acció Cassandra ha interpuesto un recurso de alzada ante la Secretaría de Igualdad de Derechos y No-discriminación contra la resolución administrativa que decretó el archivo de su denuncia contra Vasallo, el periodista Marc Giró y la misma emisora del Grupo Godó.
El conflicto tiene su origen en las emisiones del pasado 27 de febrero y 3 de marzo de 2026, cuando durante la tertulia del magazín radiofónico Vasallo pronunció frases como «el catalán será una lengua que será recordada como una lengua fascista» o que «exigir a personas inmigrantes que hablen catalán puede constituir un abuso de poder». Al escuchar estas manifestaciones, Acció Cassandra presentó una denuncia por presunta infracción de la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no-discriminación, que, en el artículo 1.3 e, explicita la protección de la ciudadanía ante cualquier discriminación por motivo de «lengua o identidad cultural«.
El pasado 17 de julio de 2026, la Oficina de Igualdad de Trato y No-discriminación desestimó el caso mediante una breve diligencia donde se limitaba a afirmar que «los hechos denunciados no constituyen una infracción administrativa». Sin embargo, para la entidad denunciante, la decisión del ejecutivo representa un caso flagrante de incongruencia omisiva y de pasividad administrativa. El archivo, según la entidad, demostró que el concepto de igualdad del Gobierno «no incorpora realmente a la minoría nacional catalana como sujeto protegido, sino que la trata como una parte difusa del conjunto español».
Desestimación sin argumentación jurídica
Según el recurso de alzada, la resolución de la Generalitat no es más que una «afirmación estereotipada de un modelo estándar de respuesta» que no contiene ningún tipo de argumentación jurídica. La entidad reprueba que la administración haya cerrado el expediente «sin practicar ninguna diligencia mínima de investigación», como solicitar las grabaciones originales del programa o tomar declaración a los denunciados para evaluar el contexto de las frases. «La motivación no constituye una mera formalidad, sino una garantía esencial ante la arbitrariedad administrativa. La falta de motivación impide conocer las razones de la decisión y dificulta gravemente el ejercicio del derecho de defensa», destaca el texto presentado por Acció Cassandra.
Acció Cassandra solicita formalmente al Gobierno la nulidad del archivo, la reapertura de la causa y la práctica de las diligencias de investigación reclamadas desde un inicio. La entidad exige que se valore de nuevo si las manifestaciones vertidas en los micrófonos de RAC1 pueden encajar en el régimen sancionador de la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no-discriminación. En caso de que la Secretaría de Igualdad mantenga el criterio de no sancionar, la asociación exige subsidiariamente que se dicte una resolución «debidamente motivada» que dé respuesta individualizada a todos los argumentos planteados y detalle «las razones jurídicas concretas por las cuales considera que los hechos denunciados no constituyen una infracción administrativa». En concreto, quieren que el Gobierno se posicione por escrito y aclare por qué razones jurídicas considera que calificar el catalán de «lengua fascista» o equiparar el uso de la lengua a un «abuso de poder» queda fuera de la ley autonómica de no-discriminación.
