La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaría de Igualdad de Derechos y No Discriminación, ha decidido archivar la denuncia que Acció Cassandra presentó contra los ataques al catalán en el programa de Marc Giró en RAC 1. En un comunicado difundido este domingo, Acció Cassandra explica que el Gobierno «se lava las manos» y ha decidido archivar el caso y no iniciar ningún procedimiento sancionador.
La denuncia de la entidad, que encabezan los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert, se formuló contra la colaboradora Brigitte Vasallo, el presentador Marc Giró y la emisora RAC 1, que pertenece al Grupo Godó. En el programa del 27 de febrero de 2026, Brigitte Vasallo afirmó que “el catalán morirá igual, pero será recordada como una lengua fascista”, y calificó de “abuso de poder” exigir a personas inmigradas que hablen catalán, en una intervención sobre un caso de catalanofobia previamente conocido.
Acció Cassandra prepara un recurso
Acció Cassandra prepara ahora un recurso administrativo contra el archivo y considera que «es un ejemplo paradigmático del sesgo de la política de igualdad de la Generalitat: la oficina interviene en múltiples ámbitos de discriminación, pero cuando se trata de la minoría nacional catalana y de la lengua, la Administración opta por lavarse las manos y no aplicar su propio régimen sancionador».
La denuncia de Acció Cassandra ponía el foco en el hecho de que se calificaba al catalán de «lengua fascista» y se hablaba de «abuso de poder», y se criticaba «la falta absoluta de contrapunto editorial en el programa y la posterior validación del relato por parte de Marc Giró». Según la entidad, el archivo demuestra que «el concepto de igualdad del Gobierno no incorpora realmente a la minoría nacional catalana como sujeto protegido, sino que la trata como una parte difusa del conjunto español«.
Por otro lado, para la entidad el caso de RAC 1 y Brigitte Vasallo se convierte «en una prueba documentada que permite mostrar, en futuros recursos e informes, que la Generalitat tiene las herramientas legales para proteger a la minoría nacional catalana, pero decide no utilizarlas cuando la víctima es catalana y el motivo es la lengua».
Se valorará interponer un contencioso administrativo
La intención de Acció Cassandra es presentar un recurso administrativo, pero si esta puerta se cierra, la interposición de un contencioso administrativo. También «continuará explorando la vía penal por delito de odio, y también la remisión del caso a mecanismos internacionales de derechos humanos para evidenciar la inacción institucional hacia la minoría nacional catalana».
