La consejera de Educación, Esther Niubó, se ha reunido esta semana con CCOO y decenas de entidades impulsoras de una iniciativa legislativa popular (ILP) para alcanzar una inversión en enseñanza similar al 6% del PIB catalán. Ha reivindicado la necesidad de establecer un horizonte económico “sostenible, viable y realista” y ha condicionado esta inversión a un nuevo debate con el conjunto de la comunidad educativa. Niubó recoge así las palabras del presidente, Salvador Illa, que en una conferencia de medio mandato confirmaba nuevos contactos para debatir de forma “amplia” hacia dónde debe ir la educación. Todo esto, después de un último curso marcado por las huelgas, la negociación con los docentes y dos acuerdos con una minoría sindical que no han rebajado la crispación en los centros.
Los impulsores de la iniciativa legislativa remarcan que se debe llegar al 6% –horizonte que ya establecía la ley de educación actual, vigente desde 2009, para 2017– en un plazo de cuatro años, un calendario al cual el ejecutivo no se ha querido comprometer. Ni el presidente, en su comparecencia, ni la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior, han querido fijar plazos. Este jueves, Niubó tampoco lo ha hecho, y se ha limitado a remarcar la necesidad de llegar a la meta del 6% con un calendario “progresivo”.
La ILP establecería un plan nacional de financiación del sistema educativo catalán a cuatro años. Este plan incluye medidas para, entre otras cuestiones, reducir las ratios de alumnos, mejorar las infraestructuras educativas públicas, erradicar la segregación escolar, recuperar las condiciones laborales de los maestros y garantizar la financiación suficiente de la universidad pública, defiende CCOO. El Parlamento rechazó la enmienda a la totalidad de Vox y ha continuado la tramitación de la ILP, a pesar de que los críticos –entre ellos la USTEC, sindicato mayoritario de la escuela pública– recuerdan que ya hay una ley establecida bajo esas condiciones y que querer alcanzar el horizonte aprobado décadas atrás es una cuestión de voluntad política.
Los sindicatos mayoritarios critican la estrategia
Los sindicatos críticos con el Gobierno, los tres que no han firmado ninguno de los dos pactos del curso pasado, que ostentan la mayor parte de la representación docente, han criticado la nueva estrategia. “Anunciar el 6% sin ponerle fecha no es asumir ningún compromiso”, ha apuntado la USTEC, crítica también con la maniobra del ejecutivo con una nueva ley. “Después del vergonzoso acuerdo de marzo que nos puso en pie de guerra, ¿otra vez vais de la mano de los sindicatos minoritarios?”, ha escrito la portavoz Iolanda Segura en la red social X sobre el encuentro del ejecutivo con CCOO para discutir la ley. “Todavía esperamos que nos convoquéis para reabrir la negociación”, ha recordado. “No rebajaremos el tono: si no nos queréis encontrar en la mesa, nos encontraréis en la calle”, concluye el tuit.
Los sindicatos mayoritarios tampoco ven fiable un debate en el seno del Consejo de la Educación de Cataluña, un órgano de carácter consultivo y con presencia de las patronales de la escuela privada y concertada. Un espacio “inoperante” y que está “controlado por la administración” han apuntado estos días algunas voces de USTEC. La Intersindical también ha criticado la estrategia, recordando que los ejecutivos solo hacen caso del consejo escolar “cuando les conviene”. Su portavoz, Marc Martorell, recuerda que el Gobierno ha ignorado las recomendaciones del consejo de bajar ratios, pero sí que ha aceptado revisar el currículo escolar.
El PSC, Junts, ERC, los Comunes, la CUP y Aliança Catalana han confirmado la asistencia a una reunión que el presidente Salvador Illa quiere celebrar la semana que viene para abordar este gran pacto por la educación. PP y Vox se desmarcan de entrada.
