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Movimiento rotundo por parte del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Su defensa ha registrado un escrito con el que reclama al Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado José Luis Calama la nulidad del ‘caso Plus Ultra’. El equipo jurídico del exlíder del PSOE alega una presunta vulneración de derechos fundamentales a raíz de la filtración de los atestados y del resultado de las diligencias obtenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

En concreto, ha presentado lo que técnicamente se llama un incidente de nulidad. Un procedimiento específico a través del cual la defensa de Zapatero razona que se ha vulnerado el derecho a un juicio ordinario predeterminado por ley y a un proceso con “todas las garantías” a la tutela judicial efectiva sin indefensión, así como a su presunción de inocencia. Por otro lado, también pide que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en todas las entradas y registros acordados para investigar el caso por haber estado contaminadas y no tener nada que ver con el objeto de la investigación.

Zapatero, en llega a la Audiencia Nacional/Javier Barbacho/ACN
Zapatero, en llega a la Audiencia Nacional/Javier Barbacho/ACN

Una pieza separada

La decisión de Zapatero coincide con la del juez que esta mañana ha acordado deducir testimonio a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid para investigar las filtraciones e identificar a los responsables ante su eventual carácter delictivo “considerando la gravedad de los hechos y el potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas secretas”. El magistrado acuerda también que se forme una pieza “de información delicada” en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

 El magistrado advierte que una vez se practiquen estas declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada -que dirige el PP- y a las defensas la transcripción del contenido, que proporciona automáticamente el programa de grabación. Para la defensa de Zapatero, el juez, sin embargo, ya ha llegado tarde y la causa incurre en la vulneración de derechos.

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