El titular del Tribunal Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tiene trabajo. Y no solo para controlar las fugas de información del caso Plus Ultra, donde el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es el principal acusado. De hecho, ha decretado medidas tan extraordinarias como pedir a un juzgado de instrucción de Madrid que investigue las filtraciones, sino para asimilar la multitud de informes policiales que le llegan del caso, llenos de conclusiones y frases con los verbos en condicional, así como el aluvión de documentos aportados como indicios obtenidos en los registros pero de los cuales la policía ya tenía sospechas.
El ejemplo es el último atestado aportado a la causa el pasado 23 de junio, con número 2910/26, de 76 páginas y al que ha tenido acceso El Món. Un atestado firmado por sendos inspectores de los grupos 14 y 15 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, UDEF. Un oficio que se inicia a través de una misteriosa «información obtenida por inteligencia financiera», sin más detalle, y que sirve para construir la descripción de lo que los investigadores, y el juez que tutela la investigación, consideran «la organización criminal que lidera Zapatero». En concreto, son tres pagos de la sociedad Focus Social Research SAC que suman 200.000 euros, abonados entre 2024 y 2025 en una cuenta corriente de Zapatero. Un documento que la defensa ha visto como artillería pesada para defender su estrategia, que se basa en denunciar que se trata de una «causa prospectiva» y política contra el expresidente español y que le permite contraatacar pidiendo la nulidad de las actuaciones.
Causa general
Estos tres abonos, que la policía indica como señal de «inteligencia financiera», sirven a los investigadores para seguir el hilo y narrar lo que consideran un delito de tráfico de influencias a escala internacional, especialmente con América Latina, en el caso concreto de Bolivia. De hecho, los inspectores unen esta información sobre los pagos con las anotaciones de las agendas del ex inquilino de la Moncloa y de los mensajes intercambiados con su secretaria, Gertrudis Alcázar, ahora ya acusada formalmente en el caso, en la misma resolución con que el juez imputaba a las hijas del expresidente, que ya se han personado con abogado y procurador.
La narrativa del atestado y el sustrato prospectivo, así como las filtraciones de los documentos que lo acompañan, ha sido el argumento del abogado del exlíder del PSOE, Víctor Moreno Catena, para pedir la nulidad de la causa contra su cliente. En resumen, reclama que este informe sea expurgado del sumario y define la instrucción como una «causa general» contra su figura. Así, en el escrito presentado al juzgado avisa al instructor que ha dado por buena la tesis policial sobre la base de una información sobre gestiones que «tratan una actividad ajena al perímetro de la investigación de los 53 millones de euros de ayudas que recibió la aerolínea Plus Ultra». Y, por otra parte, cuestiona el origen de la información. Un atestado y unos documentos adjuntos que podrían contaminar el resto de la causa por el sesgo que suponen contra las garantías del investigado y de las funciones estrictas de la policía judicial.
«Influencias ilícitas»
La tesis de los investigadores es que hay una organización criminal, liderada por Zapatero, «dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes, quienes remunerarían estos servicios, justificando los pagos mediante contratos de asesoría simulados». De hecho, los policías consideran que la sociedad Focus Social Research SAC es una «sociedad interpuesta» para poder hacer los ingresos al expresidente español. Un razonamiento que extraen de las conversaciones por WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, que según los agentes de la UDEF describen un «flujo de fondos». En este sentido, los investigadores escriben que, «detrás de estos pagos» de 200.000 euros a Zapatero, hay personas relacionadas con un «conglomerado empresarial de origen peruano, llamado Grupo Gloria». Un grupo mercantil con «inversiones en varios países de Sudamérica, en múltiples sectores, incluyendo alimentos, cemento, agroindustria, papeles y cartones y transporte».
Según el atestado, y realizando un verdadero cruce entre los documentos de los ingresos con los whatsapps y contratos confiscados en los registros, el objetivo de Zapatero era «intentar mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la administración pública de Bolivia». Por eso, las agendas confirman las «reuniones y los contactos con altas esferas políticas bolivianas». Unas «altas esferas» que serían el mismo presidente de Bolivia, los ministros de Economía y el de Justicia, así como el Procurador General del Estado, una especie de fiscal general. Incluso, los inspectores de la UDEF involucran a Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, que acompañó a Zapatero en uno de los viajes y, Carmen Almendras, embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y, actualmente, Senior Advisor de Kreab Bolivia, SA. De hecho, sobre el grupo Kreab, los policías recuerdan que Zapatero recibió 55 transferencias por un importe de 851.180 euros y siete transferencias por un total de 105.000 euros de Kreab Worldwide, que pertenece al mismo grupo.
Contratación
A pesar de la insistencia de los policías en definir Focus Research como una sociedad pantalla, los mensajes y documentos intervenidos por la policía demuestran la larga negociación para firmar el contrato de asesoría entre Zapatero y la mercantil, y su papel de intermediación en varios conflictos que tenía el Grupo Gloria con dos fábricas de cemento y la sociedad Yura Inversiones con varios contenciosos con la administración boliviana. Unas gestiones por las cuales Focus se comprometía a pagar los 200.000 euros.
La sospecha de la policía es que Focus solo aparece para la firma del contrato y para abonar las facturas, «sin ninguna referencia a la gestión o asesoramiento en favor de esta sociedad». Una interpretación que la defensa ve sesgada, con el entendido de que Focus representa la parte comunicativa y de marketing del grupo Gloria, para quien realmente trabajaba como mediador Zapatero. De hecho, la misma policía admite que Zapatero hace gestiones a lo largo del tiempo para Gloria con varios ministerios bolivianos para resolver los conflictos con las empresas cementeras. En este sentido, Zapatero incluso pide informes de las empresas afectadas a su secretaria, algo que recoge el mismo atestado de la UDEF.
Para añadir material a la teoría policial, los investigadores destacan un mensaje entre Gertrudis Alcázar y la exembajadora que, con motivo de uno de los viajes a Sucre, ciudad de Bolivia donde Zapatero tiene previsto pronunciar una conferencia y encontrarse con el presidente boliviano, Luis Arce, comunica que se integrarán Domingo Arnaldo Amaro Chacon y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Dos nombres que la policía identifica como administradores de la sociedad Inteligencia Prospectiva, y que califican de «sociedad sin actividad real, cuyo objeto es introducir fondos en España, con origen en territorios extranjeros, simulados como ampliaciones de capital».
La defensa reprocha la «nebulosa» de la UDEF
En conclusión, en su informe los investigadores de la UDEF señalan que «por los hechos analizados» hay «indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de diferentes clientes». Un entramado donde, a juicio de los policías, su secretaria tendría un papel «relevante», según los whatsapps intervenidos. Unas «influencias que serían remuneradas por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar estos pagos». Una afirmación que contrasta con los documentos que constatarían la intermediación del expresidente español.
El abogado de Zapatero tilda de «voluntarista» y «nebulosa» la «definición» de la UDEF sobre la «organización» de Zapatero. En este sentido, reprocha y califica «de incomprensible» que se ponga la lupa en la relación profesional que mantuvo el expresidente con la entidad Focus Social, la empresa a través de la cual se le habrían hecho llegar los pagos por su intermediación, como acreditarían los contratos. Por eso pide expurgar de la causa el informe, que no tendría más objetivo que enturbiar la actividad privada de Zapatero, según el punto de vista de la defensa.
De hecho, el mismo expresidente de Bolivia, Luis Arce, en prisión preventiva desde diciembre por desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, ha negado cualquier tipo de vínculo con «algún tráfico de influencias que haya favorecido» a la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia que defendía Zapatero, ni a ninguna «otra empresa privada». Así lo ha especificado en un comunicado emitido en sus redes sociales. Un comunicado donde carga las tintas contra la UDEF.
Compartimos el comunicado público que el expresidente Luis Alberto Arce Catacora envía desde el Penal de San Pedro al pueblo boliviano y a la comunidad internacional sobre el informe emitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España en relación al caso… pic.twitter.com/km7SouX1zu
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 25, 2026
