Era de esperar después de una presión judicial y mediática muy intensa. El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado investigar al expresidente del gobierno español, el socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en el «caso Plus Ultra» a petición de la fiscalía anticorrupción. El juez lo investiga por presunto blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad. Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. El juez lo ha citado para el próximo 2 de junio para tomarle declaración acompañado de abogado. Asimismo, el magistrado ha levantado el secreto de sumario y ha ordenado el registro de la Oficina del expresidente del gobierno español y de las tres sociedades mercantiles que se encuentran investigadas en el caso.
Curiosamente, este caso tomó impulso a principios del pasado mes de marzo cuando el magistrado Calama aceptó la competencia para instruir la causa que la Audiencia Nacional ya había rechazado investigar cuando estaba en manos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, a pesar de que lo había solicitado la fiscalía anticorrupción. El juez reclamó las actuaciones y el pasado 23 de abril volvió a decretar el secreto de las actuaciones. De hecho, el juzgado de Instrucción 15 había practicado detenciones sonadas a raíz de sus pesquisas como la del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. El juez, en su auto de 85 páginas, califica a Zapatero de «líder de una trama organizada» para obtener «decisiones favorables de la Administración».
53 millones indebidos
En su denuncia, la Fiscalía alertaba del «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra, concedidos por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, y aseguraba que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esta sociedad por otras de la supuesta trama delictiva». En este contexto, la fiscalía describía un presunto blanqueo de capitales a través de una organización criminal que operaba en Francia, Suiza y España. La tesis es que los fondos ilícitos de la compañía que habrían sido blanqueados provenían de delitos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos. Un dinero que provendría del desvío de fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) – un programa de subsidios de Venezuela- así como ventas de oro de las reservas del Estado bolivariano.
«Una estructura estable»
Según la resolución, Zapatero lideraba «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» que tenía como finalidad «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra». Una trama que, a criterio del juez, utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y el destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”. El juez concluye que la compañía Plus Ultra intentó asegurar los 53 millones de euros en ayudas concedidas por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) mediante «mecanismos fuera de las vías legalmente establecidas». Para lograrlo, siguieron dos líneas de influencia diferentes: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque, según se informa, ambas vías se operaron simultáneamente, finalmente fue la segunda la que adoptó un «papel predominante» y permitió a Plus Ultra alcanzar sus objetivos.
