Las casualidades forman parte de la historia. El caso Plus Ultra, en el que ha acabado imputado el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, comenzó en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, ahora en manos de la jueza Esperanza Collazos. Pero la casualidad ha querido que fuera el último juzgado ordinario donde estuvo destinado el magistrado José Luis Calama, antes de que a principios de diciembre de 2018 fuera el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, después de que el juez Fernando Andreu, uno de los amigos de la policía patriótica, fuera ascendido a la sala penal. Con este giro de guion, el caso ahora está en manos de Calama y no le ha temblado el pulso para imputar al expresidente español por su presunta influencia en el pago de 53 millones públicos a la aerolínea Plus Ultra, por la cual habría pasado una factura, por servicios prestados.
Precisamente, en esta plaza, el juzgado de instrucción 15, Calama saltó a la luz pública cuando archivó una causa contra Eduardo Loira, el marido de la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por un delito contra los derechos de los trabajadores de su despacho de arquitectura. Además, archivó el caso Mercamadrid, un sumario con seis investigados por administración desleal de la empresa que gestionaba el mercado central de abastecimientos de la ciudad. Un caso en el que estuvo imputada Concepción Dancausa, delegada del gobierno español en Madrid cuando en la Moncloa estaba el PP.
Estas habían sido dos de las causas más o menos mediáticas de un magistrado de talante discreto, del cual casi no hay imágenes públicas. Nacido en Salamanca hace 67 años, ingresó en la carrera judicial en 1988. La primera plaza la obtuvo en Sigüenza, en la provincia española de Guadalajara. Pero dos años después obtuvo plaza en Barcelona. En concreto, en el juzgado de instrucción número 17, donde ejerció durante tres años. Después de Barcelona fue destinado a Valladolid, donde también estuvo un trienio, hasta llegar al juzgado de instrucción 15 de Madrid, desde donde fue catapultado hasta la Audiencia Nacional por acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La convención general de la biosfera judicial española es que Calama es, sobre todo, un juez discreto y mesurado.
Un juez «magnífico»
Calama, tras la imputación de Zapatero, ha obtenido el apoyo unánime de la judicatura y especialmente del presidente del tribunal donde ejerce, el magistrado Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional. El jueves de esta semana, en un foro organizado en Murcia, Fernández aseguraba que era un juez «magnífico». De hecho, por sus manos han pasado causas de fuerte impacto mediático y casi todas las relacionadas con ciberdelitos y ciberestafas de gran alcance.
Uno de los casos que ha llevado con más intensidad informativa fue la causa Pegasus sobre el espionaje a miembros del gobierno de Pedro Sánchez, como los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el de Defensa, Margarita Robles. Pero los ciberdelitos o delitos tecnológicos de su currículum no se quedan aquí, ni mucho menos. Fue el juez instructor del apagón de abril de 2025. Pero también ha llevado el caso Arbistar, una plataforma de criptomonedas internacionales que dejó miles de afectados o bien el caso Madeirainvest, también de estafas y fraude a través de supuestas falsas inversiones. Otro de los hits del juez fue el sumario Generación ZOE, de estafas piramidales.
También ha adoptado decisiones que no han hecho mucha gracia a la derecha política y mediática. Por ejemplo, admitió la querella de la fiscalía contra Naturgy por precios abusivos durante la pandemia. O bien, el caso Alvise Pérez, el agitador ultra investigado por financiación irregular de su formación Se Acabó la Fiesta, con la que obtuvo un escaño en el Europarlamento. Calama también rechazó prohibir una manifestación en homenaje a Henri Parot, miembro de ETA, una decisión que levantó a partidos, asociaciones de víctimas y, sobre todo, sindicatos policiales. Asimismo, fue el responsable de decretar la libertad del general de la Guardia Civil investigado por el caso Mediador, donde el PSOE también salía salpicado.
De burdeles a la corrupción
Una de las instrucciones que le hizo aparecer con más intensidad en los medios fue la operación Pompeia, un entramado societario para blanquear dinero que provenía de una macrorred de burdeles. Por otro lado, el juez Calama también cerró la instrucción en noviembre de 2025 en otra causa relacionada con un fraude de hidrocarburos por un delito contra la hacienda pública por un importe de 194 millones de euros. Uno de los casos que cerró, para enviarlo a juicio, fue el asunto en el que se juzgaban a cuatro exalcaldes por manipular contratos públicos en 14 ayuntamientos de Cataluña a través de la consultora Efial.
En cuanto a los delitos económicos, en Cataluña es conocido por la instrucción contra la consultora Gotham City por difundir información falsa sobre la multinacional catalana Grífols. También heredó la causa del Banco Popular por estafa a los accionistas. También incluye en sus carpetas el sumario del expresidente de Cepsa, investigado por blanqueo. Una de las causas más sonadas que instruyó fue la del hombre que envió seis cartas con artefactos explosivos a varias instituciones del Estado. El magistrado lo procesó como terrorismo.
