La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha emitido dos informes que ha entregado al juez instructor del caso Plus Ultra donde define como «boutique financiera» la trama societaria que lideraba, a su juicio, el expresidente del gobierno español y uno de los líderes espirituales del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Dos densos informes con los que el juez ha justificado la imputación del exinquilino de la Moncloa y negociador con Carles Puigdemont para mantener el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con Junts.
En los dos informes, de 158 y 186 páginas y a los cuales ha tenido acceso El Món, los analistas de la UDEF concluyen que los indicios recogidos, la línea temporal de los hechos y las conversaciones analizadas «proporcionan un relato detallado del uso de los canales de influencia» para obtener fondos públicos. Dos canales que bautizan como «canal Ábalos», en referencia al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, juzgado por corrupción en el caso Mascarillas, y el «canal Zapatero», algo más sofisticado. Pero, al fin y al cabo, según los investigadores, las dos vías confluían.
En el caso Plus Ultra y la obtención de 53 millones de ayudas públicas para superar el atolladero de la pandemia de la Covid, la policía interpreta que el socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y los directivos de la aerolínea hispano-venezolana Julio Miguel Martínez Sola y Roberto Roselli Miele articularon una «estructura formal identificada para canalizar pagos ilícitos a cambio de la influencia ejercida a través de esta boutique financera». Un sistema que, según los investigadores, «habría facilitado la apropiación indebida de fondos públicos mediante el ejercicio de influencia, organizada con la finalidad de recibir pagos» por servicios de esta naturaleza, es decir, conseguir ayudas y dinero público. Unas influencias que, dadas las conversaciones aportadas a los informes, implicarían también a la fiscalía.
Zapatero, en la cima de todo
Para la policía, la pirámide de la trama tenía como «cúspide» a José Luis Rodríguez Zapatero, quien dirigía «la red de influencia y ejercía un liderazgo no visible dentro de la estructura formal, proporcionando una supervisión estratégica del proceso de otorgamiento de subvenciones a la empresa Plus Ultra». En un segundo nivel de la jerarquía, siempre según el relato de la policía, operaban «sus lugartenientes Manuel Aarón Fajardo – representante del PSOE en Venezuela – y Julio Martínez Martínez, quien formalmente dirige la red corporativa en España». De hecho, estos dos nombres tendrían la relación con los clientes.
Según concluyen los inspectores del Grupo 15 y del Grupo 14 de la UDEF, coautores de los informes, el desencadenante de todo son las conversaciones que han podido conseguir –con la ayuda de los servicios de seguridad estadounidenses como el Homeland Security Department–, que identifican las maniobras para facturar a diversas sociedades de la trama de Julio Martínez por operaciones conseguidas por la influencia de Zapatero. Los policías también destacan la capacidad de actuación de la red de influencia para «acceder a información privilegiada» y enterarse de las fechas en que se aprobarían líneas de ayudas. Una información, sin embargo, que era fácilmente identificable a través de las agendas públicas de trabajo de la Moncloa.
Asimismo, la policía recalca que «se ha identificado un patrón de conducta que implica la ocultación deliberada de información a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)». Es decir, la sociedad pública de donde Plus Ultra obtuvo los 53 millones de euros. Uno de los puntos más inquietantes de las conversaciones y que la policía remarca es una conversación del 20 de mayo de 2021 entre Miguel Palomero –el abogado amigo de Koldo García y que contacta con Ábalos– y Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, cuando el caso de la ayuda de la SEPI a la aerolínea era investigado por el juzgado de instrucción 15 de Madrid. Palomero responde: «La fiscal en jefe es amiga». Reyes opina que se debe acabar con la investigación absolutamente y hace que hablen con Julio Martínez, el amigo y socio de Zapatero, para «cortarla». La fiscal en jefe de Madrid era Pilar Fernández, que llegó a estar imputada en el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz, recientemente condenado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y relevado en el cargo.
