La Fiscalía del Tribunal Supremo ha registrado un escrito de ocho folios en el que apoya la petición de conceder un indulto parcial al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El informe, firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, considera que es procedente reducir la pena de inhabilitación con el entendimiento de que la condena ya ha cumplido su función y, además, que las consecuencias han sido “intensas y desproporcionadas”.

En el escrito, la fiscalía aporta como argumento la ausencia de antecedentes penales, la inexistencia de enriquecimiento personal, la imposibilidad práctica de reincidencia y la enorme repercusión pública del caso. De hecho, señala que el caso y la condena han tenido una “incidencia desorbitada” sobre la reputación y la carrera profesional del exfiscal general.

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, durant la vista oral en què se l'ha jutjat / Tribunal Suprem / Europa Press
El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, durante la vista oral en la que se le ha juzgado / Tribunal Supremo / Europa Press

Ni la pena, ni la multa

En el informe, la teniente fiscal sí admite que el indulto solo puede ser parcial porque la condena ya se ha ejecutado y porque la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros al perjudicado ya se han liquidado. Por tanto, pide finalizar la inhabilitación que, en principio, debería extenderse hasta diciembre de 2027. Cabe señalar que el ministerio fiscal resalta que aplicar el indulto «no borraría la condena ni revisaría los hechos probados, sino que únicamente adelantaría los plazos de cancelación de los antecedentes penales».

Álvaro García Ortiz, fue condenado, no sin polémica interna, por la poderosa sala penal del Tribunal Supremo. El tribunal consideró que había cometido un delito de revelación de secretos, por el cual le condenó a una pena de 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado. La fiscalía no acusó y la Abogacía del Estado se encargó de su defensa.

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