Efecto réplica en la Fiscalía a raíz del caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo surgió a raíz de las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) a partir del sumario Plus Ultra. Es decir, la investigación que concluye que el expresidente del gobierno español medió para que la compañía aérea hispano-venezolana cobrara 53 millones de euros públicos durante la pandemia de los cuales habría recibido una comisión.
En este sumario aparecen dos fiscales mencionadas por los investigados que formarían parte de la trama de la «boutique financiera». Dos representantes del ministerio público adscritas a la fiscalía de Madrid, una era la jefa, que habrían trabajado para archivar la primera denuncia por la adjudicación de la ayuda a la aerolínea. Una denuncia que recayó sobre el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid y que, en primera instancia, fue finalmente archivada, posteriormente reabierta hasta que se remitió a la Audiencia Nacional, donde ahora está en manos del titular del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
Dos expedientes
En concreto, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto un expediente contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez -involucrada en el caso de Álvaro Garcia Ortiz, y también contra la fiscal María Luisa Llop, quien pidió el archivo de la investigación del rescate de Plus Ultra en el año 2021. El expediente se ha abierto a raíz de una denuncia del partido, Justitia Europa, quien lo remite a la inspección fiscal. De hecho, son los mensajes que se intervinieron a través del volcado de los teléfonos móviles del pasado mes de diciembre y de las comunicaciones intervenidas por el servicio de seguridad interior de EE.UU., Homeland Security. Según las comunicaciones, los implicados en la trama se jactaban de tener conocimiento de la fiscalía y que ya maniobrarían para cortar el riesgo de una investigación judicial sobre el rescate.
