Hace años que el proyecto del Hard Rock en Cataluña es como el ajo, está en todos los platos de los partidos políticos que han tenido algún protagonismo en Cataluña. Pero especialmente del PSC. Precisamente, son los socialistas quienes han hecho bandera para impulsar un negocio de ocio en Tarragona. Ahora, sin embargo, el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tiene otra perspectiva. De hecho, añade elementos que podrían explicar ciertas situaciones. En concreto, la Audiencia Nacional sitúa un intento de operación sobre el proyecto Hard Rock de Tarragona dentro de la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo alrededor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según ha avanzado El Periódico, y confirma la resolución a la que ha tenido acceso El Món, la interlocutoria que imputa al expresidente español recoge un contrato firmado el 1 de octubre de 2021 entre dos empresas, Grupo Aldesa e Idella Consulenza Strategic, y el presunto intermediario de Zapatero, Julio Martínez, “para la búsqueda de oportunidades de negocio” con una “contraprestación del 3%”. A criterio del magistrado, la trama identificó el proyecto Hard Rock de Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. Con todo, el juez admite que “no consta ningún pago” relacionado con esta operación y que, por tanto, los contactos “podrían no haberse materializado”.

La UDEF
Los informes de la UDEF detallan que se trata de contratos firmados por el Grupo Aldesa y Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez. La documentación recoge que Martínez pidió expresamente que se eliminara la palabra “comisión” del contrato. Un detalle que según el juez, “permite inferir que la operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la auténtica naturaleza económica de las operaciones”. La interlocutoria añade que “este patrón reproduce lo que se ha observado en otras sociedades” y refuerza la hipótesis de una estrategia orientada a “ocultar o disfrazar pagos de diversa naturaleza” mediante contratos aparentemente mercantiles

