El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado tras meses de presión mediática, política y también judicial. Sobre todo, por la omnipotente Fiscalía Anticorrupción. Una fiscalía especial que dirige con mano de hierro el fiscal Alejandro Luzón, el gran protagonista del caso Mascarillas que cargó con el peso de la acusación especialmente contra el ex mano derecha de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado a Zapatero, lo ha citado para el 2 de junio y ha registrado su despacho de expresidente y las sedes de tres sociedades implicadas en el caso. Ha descartado, de momento, registrar su casa.
Es el primer expresidente español imputado, a pesar de los escándalos de sus predecesores. Por ejemplo, con Felipe González, hubo el caso GAL y el estallido de corrupción de los últimos años de su mandato; José María Aznar estuvo rodeado de una corrupción galopante y del escándalo de las mentiras del 11-M; y Mariano Rajoy, el famoso M.Rajoy, fue el presidente con quien la policía patriótica se desbocó y orquestó conspiraciones como la operación Cataluña o la operación Kitchen hasta que finalmente, por una cadena de escándalos de corrupción con la macrocusa Gürtel en el centro, él cayó con una moción de censura, pero sin pasar por la justicia. Zapatero, casualmente o no, es el delegado de Pedro Sánchez en las negociaciones con el exilio de Carles Puigdemont, y ha tenido el mismo destino que Santos Cerdán. El negociador del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts fue la primera víctima de este virus Puigdemont y terminó imputado y con una larga estancia en prisión. Entre esta circunstancia y el apoyo a Sánchez –a diferencia de otras viejas glorias del PSOE, como Felipe González–, el entorno de Ferraz ve un caso de lawfare.
La imputación de Zapatero se añade al cerco judicial del entorno del sanchismo que ha abarcado desde el caso Mascarillas, al caso Begoña -donde está imputada la esposa de Pedro Sánchez– y el juicio al hermano del actual presidente del gobierno español. La presencia de Zapatero en los actos de campaña del PSOE en todos los ciclos electorales lo había convertido, además, en una especie de icono del PSOE de Sánchez, aunque desde un inicio mostraron claras divergencias. El caso Plus Ultra, sin embargo, ya acosaba al gobierno de Pedro Sánchez, porque, de hecho, había un interés de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Fiscal (UDEF) y de la Fiscalía Anticorrupción de ir filtrando información sobre las pesquisas para crear una biosfera de culpabilidad.
Desde 2020
En este contexto, cabe recordar el inicio del caso, cuando durante la pandemia el ejecutivo de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, española pero con parte de los accionistas venezolanos. Fue una decisión incluida en los 3.000 millones de ayudas y créditos para empresas estratégicas debido a la paralización de la actividad por la pandemia de la COVID-19. Unos fondos que se distribuían a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho, compañías como Air Europa, Volotea y Air Nostrum también se aprovecharon de estos créditos subvencionados y fueron avalados por el Tribunal de Cuentas y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Estas ayudas generaron una primera querella de Vox ante el Tribunal Supremo. Pero la sala penal, siguiendo el criterio del magistrado Andrés Martínez Arrieta, decidió archivar la querella que se dirigía contra Pedro Sánchez y la entonces ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Los magistrados concluyeron que no había indicios de los delitos de prevaricación y malversación en los que se basaba la querella. Un segundo intento fue en enero de 2026, cuando Hazte Oír, otra de las fiscalías en la sombra, presentó una querella por la supuesta implicación de Zapatero en negociaciones económicas y de lobista en Venezuela, con el caso Plus Ultra de por medio. La querella también se archivó. Zapatero negó desde el primer momento haber facilitado el rescate de Plus Ultra con dinero público.
El Juzgado de Instrucción 15
Pero el caso concreto sobre las ayudas de 53 millones a Plus Ultra se mantuvo en el Juzgado de Instrucción 15, con Manos Limpias y la Fiscalía Anticorrupción detrás. El caso, aunque fue rechazado en un primer momento por la Audiencia Nacional, el magistrado Calama decidió aceptarlo el pasado mes de marzo y decretar su secreto. El argumento para aceptarlo en la Audiencia Nacional era que la posible trama tenía ramas internacionales. En ese momento, ya estaban imputados el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Solá, y su CEO, Roberto Roselli. También entraban dentro del caso Rodolfo Reyes Rojas, Snip Aviation SL, Santiago Fernandez Lena, Alejandro Delgado Crego, y Miguel Palomero. Ahora se añade Julio Martínez Martínez, amigo de running de Zapatero y administrador de la empresa Análisis Relevante, una consultora geoestratégica a la que el ex inquilino de la Moncloa facturaba de manera continuada.
Julio Martínez Martínez había sido contratado por Plus Ultra para ejercer de intermediario ante cargos de Nicolás Maduro para resolver problemas burocráticos, políticos, aduaneros y administrativos de la compañía, así como para encontrar más negocios dentro del sector aéreo. Martínez fue detenido y la UDEF confiscó en su domicilio entre 300.000 y 400.000 euros en metálico. Un dinero que el consultor alegó a la policía que provenía de operaciones «familiares» y de una venta de un inmueble que no había declarado a Hacienda.
Zapatero facturaba a la empresa Análisis Relevante, de Martínez, “consultorías globales”. A través de esta sociedad, Martínez también cobró de Plus Ultra gestiones hechas en Venezuela. La investigación, pues, se ha centrado en relacionar a Zapatero con el rescate de Plus Ultra a cambio de cobrar estas comisiones a través de la empresa de Martínez. Zapatero ha negado los hechos, pero sí que ha reconocido los trabajos como un “experto en geoestrategia” debido a su experiencia y sus viajes para participar en foros en más de 90 países.
Dos vías
Pero el sumario va más allá. En conclusión, el instructor interpreta que Zapatero lideraba “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” que tenía como finalidad “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Una trama que, a criterio del juez, utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y el destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del mismo entramado”.
El juez concluye que la compañía Plus Ultra intentó asegurar los 53 millones de euros en ayudas concedidas por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos fuera de las vías legalmente establecidas”. Para lograrlo, habrían seguido dos líneas de influencia diferentes: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque, según se informa, ambas vías se operaron simultáneamente, finalmente fue la segunda la que adoptó un “papel predominante” y permitió a Plus Ultra alcanzar sus objetivos.
«Pagar un poco por follar»
Uno de los indicios recogidos, además de las facturaciones, es una conversación del 13 de marzo de 2020, entre Rodolfo Reyes, de Snip, y Julio Martinez Sola, sobre posibles vías para obtener influencia. Reyes contacta con Ramón Gordils, embajador venezolano, para sondear un posible acceso a Zapatero. Según los indicios que recoge la interlocutoria, que aporta las transcripciones del sumario, Gordils se compromete a encontrar el camino para llegar a Zapatero, y el presidente de Plus Ultra muestra su disposición a pagar por influencia. La frase es todo un paradigma: «Como dice un amigo, follaremos, aunque habrá que pagar un poco». Es decir, pasar una factura para contratar un lobby.
De hecho, el sumario incorpora los pagos que habría recibido Zapatero, que el expresidente español nunca ha negado. De hecho, se ha jactado como «autónomo y consultor». Así, reconoció sin rodeos que trabajaba para Análisis Relevante y que cobraba contra factura. La UDEF calcula que Análisis Relevante transfirió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. Además de ingresos de otras sociedades relacionadas con Julio Martínez, como Gate Center, que envió 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav, mientras que las empresas del grupo Thinking Heads, vinculadas a otro de los imputados, Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían enviado 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. El sumario recoge encuentros, informes, llamadas y mensajes. La tesis central es que la empresa Análisis Relevante fue una empresa pantalla para hacer llegar a Zapatero el dinero de la comisión por la subvención a Plus Ultra. Un tráfico de influencias, según el criterio del juez; un ejercicio de lobby, desde el entorno de Zapatero. Y un caso de lawfare, a interpretación de los partidos políticos que apoyan a Sánchez.
