La teoría explica que los juicios penales deben buscar cierta verdad judicial. Un concepto diferente de lo que es la verdad y aún más alejado de las diferentes teorías sobre la materia que ha desarrollado la filosofía. La verdad judicial es aquello que ha quedado acreditado respetando unas normas de procedimiento y unas garantías. Por eso, el juicio de la operación Kitchen es un manantial de información que se va acreditando y explicando sobre el funcionamiento de las cloacas del Estado y su infantería, la policía patriótica española.
Si las anteriores jornadas han ido perfilando quién era quién y de qué manera actuaba en las operaciones clandestinas de esta brigada policial, de carácter político, la de este lunes fue muy provechosa. Aunque ha sido una declaración en diferido y en formato de prueba documental. Las circunstancias lo han obligado. Los acusados y el tribunal que preside con oficio la magistrada Teresa Palacios escucharon la grabación de las declaraciones en instrucción de uno de los pocos protagonistas de la policía patriótica que no solo ha reconocido su existencia, sino que a menudo ha defendido la labor, pero no ha dejado de criticar alguna de las operaciones más burdas. De hecho, de él es la frase «se cargaron un banco por la operación Cataluña», para identificar la trama andorrana para acabar el Proceso con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde los Pujol Ferrusola tenían el dinero.
La sala escuchó la declaración en instrucción del comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, el veterano jefe de la omnipotente Unidad Central de Apoyo Operativo del Cuerpo Nacional de Policía (UCAO, en el acrónimo español). García Castaño estaba imputado en la causa por la trama Kitchen y en varias causas más de la macrocausa Tándem, pero quedó fuera por su estado de salud, que lo ha exonerado de toda responsabilidad penal. Antes, sin embargo, había aportado detalles bastante jugosos sobre el funcionamiento de la brigada política y su estructura vertical a través de su participación en la Kitchen, el operativo para robar información delicada sobre la financiación del PP en manos del extesorero de la formación, Luis Bárcenas, los conocidos «papeles de Bárcenas». Una operación que, a medida que avanza el juicio, queda más claro que también sirvió para obstaculizar la investigación de la trama Gürtel.
Una escala de información
Según García Castaño, Sergio Ríos, el chofer de Luis Bárcenas, informaba sobre el extesorero del PP a los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo cuando lo que reportaba era «interesante». Entonces, el conducto reglamentario hacía que Villarejo informara al entonces director adjunto operativo del CNP –máximo mando uniformado del cuerpo–, el comisario Eugenio Pino, único condenado por ahora por la operación Cataluña a raíz del caso del pendrive de los Pujol. Aun así, también destacó que a Villarejo le encargó el trabajo «una autoridad política», sin decir ningún nombre. En este contexto, añadió que Villarejo tenía su propia línea de comunicación política. «Cuando trabajaba, él informaba al presidente del gobierno», detalló García Castaño, a pesar de que Rajoy en el juicio aseguró que no conocía al comisario.
El tribunal presidido por Palacios también escuchó, en la grabación reproducida, cómo García Castaño afirmaba al magistrado Manuel García-Castellón, titular de la instrucción del caso, que la orden de investigar a Bárcenas provenía «de instancias superiores». Tanto es así que sacó de la ecuación al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Es decir, que apuntaba directamente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a miembros del gabinete del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. García Castaño admitió que era «consciente» de que le habían pedido que obtuviera el material comprometedor para el PP para «ocultarlo» al magistrado que investigaba el caso Gürtel y la pieza separada sobre papeles de Bárcenas, Pablo Ruz.
García Castaño fue el responsable de las vigilancias a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, cuando el extesorero del PP estaba en prisión. Y así lo admitió al juez instructor. Siguiendo el hilo de la declaración que se escuchó este lunes, Sergio Ríos, el chofer de Bárcenas fue fichado como «colaborador habitual» y «transmitía directamente» la información sobre Bárcenas que «encontraba interesante», tanto al comisario Villarejo como a Gómez Gordo. Unos encuentros que se concertaban cada 20 días. Ahora bien, García Castaño señaló que, en principio, a Ríos no se le pagaba como confidente, aunque la ingente prueba aportada y desclasificada acreditan que cobraba 2.000 euros mensuales que provenían de los fondos reservados. Ríos fue identificado con el nombre «K-2» entre los siete confidentes que tenían registrados en este operativo, numerados del K-1 al K-7. García Castaño también reconoció haber sido el responsable del volcado de la información que contenían los móviles que sustrajeron a Bárcenas. García Castaño describió al instructor la dinámica profesional y operativa de la brigada política. Tanto fue así que la magistrada Palacios decidió restringir la audiencia pública de la vista.
