Ha sido uno de los nombres destacados de esta semana. Es Santiago Pedraz, un magistrado histórico de la Audiencia Nacional. De hecho, es el decano. Lo demuestra el hecho de que repasar su trayectoria como magistrado instructor y miembro de la sala penal es una especie de recopilación, el ‘hechos y gente’ del poder y los escándalos españoles de los últimos 20 años. Pedraz ha vuelto a ser protagonista en la prensa y en las redes sociales al estallar el caso Leire, una investigación dirigida por este juez sobre una supuesta cloaca del PSOE encabezada por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán –procesado ya en otro sumario por cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones–, y que habría coordinado Leire Díez, también implicada en un caso de cobros ilegales a través de empresas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Pedraz ordenó la entrada en la emblemática sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Todo un símbolo. No le tembló la mano y no se puede descartar que, a medida que avance la instrucción, el magistrado impute en el caso a la formación que lidera Pedro Sánchez. La contraofensiva ha cumplido con la reacción previsible de atacar la investigación del juez y calificarla como un caso de lawfare. Sin embargo, un repaso a sus años de juez, con más horas de vuelo en los tribunales que el avión del Tibidabo, hace tambalear esta tesis. Se trata de un magistrado garantista, que ha repartido palos, ha archivado asuntos delicados que perjudicaban o beneficiaban a todas las bancadas. De hecho, su historial más bien muestra que no se ha encogido ante la fatxoesfera y que ha procurado ejercer con cierta fama el principio de independencia judicial. Decenas de resoluciones lo avalan y abarcan casos que han marcado la agenda política y social española, entre las cuales se cuentan dos archivamientos de querellas contra el PSOE.
Otro de Salamanca
Santiago Juan Pedraz comparte origen con otro juez que ha ocupado las portadas los últimos días, el titular del Tribunal Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ha imputado al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto líder de una trama para conseguir comisiones a través de una sociedad instrumental propiedad de sus hijas, además de otros métodos.
Quizás Calama tiene más el don de la discreción que Pedraz, pero ninguno de los dos tiene las ínfulas de estrella de Baltasar Garzón, quien precisamente ahora vuelve a tener una guerra administrativa con el Consejo General del Poder Judicial y ha escrito un libro sobre la democracia que, seguro, no entrará a valorar la presunción de inocencia que no tuvo cuando ordenó la razzia contra el independentismo en 1992 para asegurar la pax olímpica. Con Garzón, Pedraz tendrá muchas coincidencias porque los caminos de la alta judicatura en España tienen muchos carriles comunes.
Pedraz y Calama son de Salamanca. Y ya lo dice el dicho castellano: «Estudiante salmantino, ¡tunante fino!». Y posiblemente, al magistrado Pedraz le queda la expresión como anillo al dedo. Juez astuto. Se ha casado tres veces, lo que le ha obligado a apartarse de alguna causa. Es pintor -sus exposiciones son conocidas dentro del mundo de los galeristas y buena parte del sector más cool del poder en Madrid-; compartía con otro histórico de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ahora ya jubilado, la pasión por las motos de gran cilindrada y luce un peinado de estilo de cantante grunge que bien lo haría pasar por el representante del grupo Nirvana. Políticamente, tiene una gran virtud: no gusta ni al PP, aunque no tiene pinta de ser secretario general de los Comunistas de Navalcarnero, ni al PSOE, que nunca se ha fiado de un hombre liberal que no rechaza los encantos de la burguesía. Y tiene entre sus méritos haber sido objeto de una querella de Manos Limpias. Poquísimos jueces pueden presumir de eso.
De Jaén a Euskadi, pero con sorpresa
Pedraz nació el 11 de junio de 1958. Su padre era periodista de la Agencia EFE e incluso dirigió un diario en Costa Rica, donde residió el juez. Posiblemente por su ascendencia periodística, es uno de los magistrados más comprensivos con la prensa y más dispuesto a comunicar sus decisiones. Entró en la carrera judicial en 1984, con 26 años, sin ser de los primeros de la promoción. De hecho, quedó el 102 de una lista de 116. Su primer destino fue en un municipio de Jaén, en Andalucía, llamado Villacarrillo. Casualmente, donde tres años antes había comenzado su andadura Garzón, a quien volvería a seguir los pasos en los destinos de Cabra y Almería.
En 1988, fue ascendido a magistrado y nombrado juez de instrucción en San Sebastián, donde llegó a ser juez decano. Ahora bien, su aterrizaje no fueron flores y violas, y no precisamente por ETA. Pedraz mostró su carácter en un caso del año 1989 cuando, para sorpresa de los poderes del Estado, instruyó un caso por supuestas conductas criminales de las unidades antidisturbios del CNP contra manifestantes abertzales. La Audiencia le obligó a archivar la causa. Y todavía se ganó más críticas por parte de sindicatos policiales y de compañeros de toga cuando citó a hasta 80 agentes antidisturbios que habían actuado contra los disturbios por la aparición de Mikel Zabalza, para intentar identificar al policía que había golpeado el rostro de una manifestante.
De Madrid… al cielo de la Audiencia Nacional
En 1992 deja Euskadi y lo destinan a Madrid como jefe de formación del Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, será nombrado juez de instrucción, titular del número 26 y magistrado de la Audiencia de Madrid. En febrero de 2005, sin embargo, su vida cambia de manera considerable. Es nombrado magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional. Un doble reto. Por un lado, accedía a dirigir un tribunal que gobernaba la agenda política, social y mediática española. Pero por otro lado, no llegaba precisamente en el momento más dulce de este juzgado, que sufría una crisis reputacional de primer orden.
Era el juzgado que había dirigido Javier Gómez de Liaño, que fue condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada en el caso Sogecable. El mismo juzgado de donde fue expulsado Guillermo Ruiz de Polanco por dos faltas muy graves por adormecer tanto las causas que los presos preventivos de ETA, en los años duros, quedaban en libertad por desatender los requerimientos de renovación de prisión provisional. El juzgado venía muy marcado por la presión política y por la maldición de sus titulares, pero Pedraz no tuvo ningún problema en asumir el mando del juzgado, no sin polémica.
Un juez contra el «todo es ETA»
Pedraz no se acobardó y demostró su independencia y la virtud de no hacer caso a lo que Johan Cruyff definió como «entorno», en referencia a los ambientes de poderes no escritos que influyen en el estado de ánimo. Como ejemplo, el caso de Ignacio de Juana Chaos, un miembro de ETA condenado a 3.000 años de prisión por once atentados y 25 víctimas mortales. De Juana Chaos podía salir de la cárcel por los derechos penitenciarios al haber cumplido los 18 años de prisión. Pero un compañero de toga de Pedraz y actual ministro del Interior con Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, decidió imputarlo por un delito de enaltecimiento del terrorismo por unos artículos que había escrito en el diario Gara. Pedraz al asumir la causa, dijo que ni hablar y que de los artículos no se desprendían ni amenazas ni una nueva pertenencia a banda armada. La decisión de dejarlo salir de la prisión irritó a sus compañeros de toga, que no eran muy comprensivos con las veleidades garantistas cuando la causa se trataba de ETA. No solo fue esta la tarjeta de presentación de un juez que quería dejar claro que iba a su manera. Un ácrata de la toga que, sobre todo, como juez instructor era garantista.
La segunda gran causa fue como miembro de sala acompañado de un genio y figura de la Audiencia Nacional, el magistrado Alfonso Guevara, que junto con Carlos Ollero frenaron al frente del «todo es ETA». En una interesantísima sentencia, los tres magistrados concluían que Jarrai, Segi y Haika, organizaciones abertzales juveniles, eran organizaciones ilícitas pero no organizaciones terroristas como sostenía Baltasar Garzón. Por lo tanto, la condena fue mucho menor al considerar que eran organizaciones que se movían dentro del Movimiento de Liberación Vasco pero no terroristas. Un cambio de paradigma que dejó boquiabiertos a buena parte de los togados de la Audiencia Nacional.
Internacionalización de los procesos
El magistrado tampoco se ha acobardado para abrir procesos en el marco de la internacionalización ni en nombre de la justicia internacional, aunque metiera al Estado en un embrollo diplomático. Posiblemente, su caso más enigmático fue el del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por un disparo de las tropas americanas en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003. El magistrado perseveró en el caso y no paró hasta que pudo procesar, el 4 de octubre de 2011, al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolfard y al teniente coronel Philip de Camp, tres miembros del Regimiento de Blindados 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército de los EUA.
Fueron años de esfuerzos y con una guerra soterrada interna por parte de la fiscalía de la Audiencia Nacional, en manos de Javier Zaragoza, que se opuso ante el CGPJ. Después se descubrieron las conversaciones de Zaragoza –que muchos años después sería el fiscal del Procés– con la diplomacia de los EUA para detener la investigación de Pedraz. De hecho, los informes de Wikileaks lo constatan. Finalmente, el 9 de junio de 2015, Pedraz dictaba una resolución de archivo del caso en la que hacía un doloroso tirón de orejas al Estado español por haber matizado legislativamente el poder del principio de la justicia universal. El juez se lamentaba de una especie de boicot para no continuar el caso.
No fue la única internacionalización del magistrado Pedraz. De hecho, fue el primer juez en abrir una causa internacional por «genocidio de género» por las mujeres asesinadas durante los años 1979 y 1986 en Guatemala. Una instrucción donde añadía la defensa del derecho internacional y la legitimidad de España para actuar en ataques indiscriminados contra la población civil. Fue la causa bautizada como Genocidio Maya. En el ámbito internacional también archivó la querella por homicidio imprudente por el ataque que sufrió la embajada española en Kabul en 2015 y dejó en manos del contencioso administrativo la indemnización a las familias de dos policías asesinados y cuatro agentes heridos.
Política y economía, también
El magistrado Pedraz también fue reticente a abrir una causa contra un concejal del Ayuntamiento de Madrid de la época de Manuel Carmena como alcaldesa que fue denunciado por unos tuits que supuestamente enaltecían el terrorismo. Hasta en dos ocasiones archivó el caso. En la lista del Juzgado Central 1 también consta el procesamiento, en 2015, casi 14 años después de los hechos, de cinco dirigentes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez, y, antes de instruir oficialmente el caso Pujol, después de que el magistrado José de la Mata fuera nombrado vicepresidente de Eurojust, ya detuvo a la fiscalía anticorrupción que le reclamaba embargar todos los bienes del hijo menor del presidente Jordi Pujol, Oleguer Pujol, investigado en la pieza Drago. De hecho, es la pieza de los «3.000 millones de los Pujol», que acabó archivando en julio de 2023, nueve años después de abrirse.
También fue el juez que envió a juicio a la plana mayor de Ausbanc y al histórico secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard. Fue el que hizo sentar a 14 personas en el banquillo de los acusados por extorsión y estafa. La sala penal los condenó, pero, en una sorprendente sentencia, los magistrados del Tribunal Supremo admitieron después el recurso presentado por los condenados y decidieron absolverlos, con el argumento de que los bancos que extorsionaban tenían más poder y más capacidad de fuego que no Ausbanc o el parasindicato de funcionarios. Otro de los asuntos que lo llevó a aparecer en los diarios fue el sumario Marsans, que en 2012 dirigió por apropiación indebida de Gerardo Díaz Ferran, gerente de la compañía de viajes y que llegó a ser presidente de la patronal española, la CEOE. En 2019 archivó el caso de Mario Conde por apropiación indebida de fondos de la caja del caso Banesto. Y también el mismo año inadmitió una querella de Vox contra Zapatero por colaboración con banda armada. La resolución de inadmisión fue una lección advirtiendo que el derecho penal es algo demasiado serio para hacer política poco rigurosa.
Hacia el Juzgado Central de Instrucción 5
En 2020 se trasladó como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde ordenó las causas que había dejado José de la Mata. Se encontró cerrado el caso Pujol, pero archivó la pieza de los 3.000 millones, lo que supuso un revés a las acusaciones. También llevó adelante la pieza Mercasa Angola, pero archivó la pieza Mercasa -de corrupción internacional de empresas públicas españolas- de Panamá y República Dominicana. Y archivó la pieza separada del 3% sobre donaciones en metálico, aunque continuó la del financiamiento de CDC o el caso Infraestructuras que ya provenía del Juzgado del Vendrell.
Una vez situado en el juzgado, el magistrado continuó con su mentalidad de independiente y abrió un procedimiento contra el expresidente de la Real Federación de Fútbol Española, Ángel María Villar, por apropiación indebida. Cerró el caso contra el líder del Frente Polisario, Brahim Gholi. Un caso que despertó los ánimos guerracivilistas de la política española en el marco de una querella por genocidio. Pedraz no ha rehuido casos complejos, como una trama de hidrocarburos, el caso Gasflow o la estafa de GOWEX, la famosa sociedad de wifi que no tenía servidores. En cambio, cerró sin miramientos el caso Egara, una pieza separada del sumario del 3% donde se intentaba implicar a David Madí en una trama para manejar adjudicaciones del transporte sanitario y que buscaba implicar al presidente Artur Mas. En el cajón de los archivos también se debe contar la inadmisión de las querellas por los disturbios de la Vuelta Ciclista de 2025 a raíz de las protestas por la guerra en Gaza, la querella fantasma contra Joan Laporta en plena campaña electoral o la querella del PP contra el PSOE por financiamiento ilegal.
También ha sido el encargado de instruir el atentado contra Alejo Vidal-Quadras, el fundador espiritual de Vox; de abrir diligencias contra el responsable de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres por espiar a Julian Assange o la querella de Podemos contra Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo del CNP durante los años de plomo de la policía patriótica, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Uno de sus éxitos más mediáticos fue cuando ordenó el cierre de Telegram por una denuncia de las plataformas televisivas españolas. Rectificó en 24 horas. Un caso que sorprendió porque no es habitual que un juez se autocorrija. Pero Pedraz, garantista e independiente, se sale del estándar.
