Más gasolina a los diferentes incendios que asedian al PSOE y Pedro Sánchez. Este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, según adelantó El Confidencial. Una entrada y registro que tiene su origen en una investigación del Tribunal Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, sobre una presunta financiación ilegal de la formación socialista a raíz del caso de Leire Díaz, conocida como la «fontanera del PSOE», por el caso Hirurok, sobre una trama de comisiones a través de empresas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) así como informaciones derivadas del caso Mascarillas.
Según las primeras informaciones, la investigación se centraría en una presunta operativa para ingresar dinero de origen irregular en la contabilidad del PSOE al margen de los controles oficiales del Tribunal de Cuentas. Los investigadores buscan ahora documentos, archivos informáticos y material contable relacionado con esta presunta «caja B» de los socialistas. Un hecho que desde la formación siempre han negado rotundamente. De hecho, el caso Mascarillas por el cual fue procesado el ministro de Transportes José Luis Ábalos, apuntó a esta tesis a través de los pagos en metálico que se hacían en sobres en la sede. Asimismo, los agentes de la UCO investigarían varios domicilios e inmuebles vinculados a cargos socialistas. La petición del registro cuenta con el apoyo de la fiscalía anticorrupción.
Investigación con el SEPI de fondo
Según la información publicada por ‘El Confidencial’, los agentes sospechan que dirigentes de la cúpula socialista habrían participado «activamente en la ocultación de dinero presuntamente ilegal». La investigación señala que la formación habría maniobrado para afrontar con dinero de origen opaco la financiación de las campañas electorales con más presupuesto del declarado formalmente.
El operativo llega tras meses de investigaciones reservadas sobre movimientos bancarios, mensajes y comunicaciones intervenidas a personas del entorno del caso Koldo. Parte de las sospechas surgieron a raíz de conversaciones confiscadas al exasesor ministerial Koldo García, en las que se hacía referencia a pagos en efectivo y entregas de sobres con dinero en la sede de Ferraz.
La investigación gravitaba sobre posibles delitos de fraude, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación relacionados con adjudicaciones públicas. Leire Díez, que había trabajado en empresas públicas como Enusa y Correos, ya estaba investigada en otra causa judicial por presuntas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y miembros de la Fiscalía Anticorrupción.
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