La causa que se sigue contra el expresidente del gobierno español y líder espiritual del sanchismo, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía como punto principal las ayudas públicas de 53 millones de euros a la compañía aérea hispanovenezolana Plus Ultra. De hecho, es la base del caso que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han explicado al titular del Tribunal Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para justificar la imputación del ex inquilino de la Moncloa. Pero ahora se añade otra compañía y otros intereses enmarcados en la geoestrategia.
En este caso, tiene un carácter más delicado que no una compañía aérea de una relativa importancia estratégica para la economía española o europea. Es la poderosa tecnológica china Huawei, nueva protagonista de las pesquisas sobre la presunta trama que dirigía Zapatero. Una importantísima empresa que formaría parte de los intereses chinos en las labores de influencia de Zapatero y su supuesto entramado de lobby, pero que chocaría de lleno con las directrices de la Unión Europea contra el uso de su tecnología por razones geoestratégicas. Unas prevenciones compartidas por los EE.UU., que en julio de 2025 remitieron una comunicación a la Moncloa alertando de su incomodidad por las contrataciones de la administración española con la multinacional china. En Cataluña, hace tiempo que el diputado de Junts Francesc de Dalmases -que incluso había tenido diferencias por esta materia con compañeros de grupo- comenzó a presionar al gobierno de Salvador Illa por sus relaciones con Huawei que contravienen el criterio de Bruselas.
Las anotaciones en un diario requisado al socio de Zapatero
Aunque era un rumor desde hacía tiempo –incluso con avisos por parte de los EE.UU.–, y que el PP y Vox presionaban al PSOE desde hacía años en Madrid y Junts hacía lo mismo con el PSC en el Parlamento –por la supuesta rama catalana del caso–, no ha sido hasta que se han difundido los atestados de la UDEF que las sospechas han acabado de tomar cuerpo. Precisamente, a raíz de unas anotaciones encontradas en un diario requisado en el registro del domicilio de Julio Martínez Martínez, el principal socio de Zapatero a través de la empresa Análisis Relevante, consultora que habría servido de conducto para transferir fondos de posibles comisiones irregulares al expresidente.
Unas anotaciones que han servido de punto de apoyo para introducir de nuevo las relaciones entre la administración socialista y las tecnológicas chinas. Además, Huawei, cuenta entre los objetivos de colaboración por los cuales fue condecorado por la Guardia Civil Víctor de Aldama, delator de la trama que la policía llama «vía Ábalos», de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones en plena pandemia que podrían haber servido, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, para financiar irregularmente al PSOE.
De Zapatero a Marlaska
La UDEF añadió todavía más dudas cuando, en uno de sus atestados presentados dentro del caso Zapatero, destacaban al juez haber intervenido un correo electrónico con una lista de representantes de empresas con los que Zapatero se habría encontrado. Un listado en el cual, además de representantes de la aerolínea Plus Ultra –el vicepresidente, Julio Martínez Sola–, de Aldesa y de Banco Santander, había uno de Huawei España, Yong Ying. Y no se puede olvidar que Víctor de Aldama, una pieza clave para encarcelar a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, tuvo contactos con Huawei que reflejó la Guardia Civil en sus informes como unas actividades que habrían servido para galardonarlo por la misma Guardia Civil.
Además, cabe recordar que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, adjudicó a la empresa china las contrataciones durante cuatro años para custodiar las grabaciones de las interceptaciones de telecomunicaciones ordenadas por jueces. De hecho, Huawei cobró más de 12 millones de euros en diferentes licitaciones adjudicadas mediante un sistema “restringido”, es decir, con invitación del organismo adjudicador, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda. En concreto, la compra del sistema Oceanstor 6800 V5.
Estas compras hicieron levantar las orejas a la oposición, que no entendía cómo se confiaban las grabaciones policiales de las comunicaciones a una empresa china que desde la Unión Europea y desde los EE.UU. consideraban un riesgo para la seguridad geoestratégica. La adjudicación abrió una batalla entre la oposición y el Ministerio del Interior, que en sus respuestas se limitó a recordar que se cumplía con la legalidad del Consejo de Seguridad de la Unión Europea y del Esquema de Seguridad Nacional, porque no se contrataba directamente Huawei, sino proveedores que utilizaban su tecnología en una carta de servicios 5G homologada en el año 2020 por Bruselas.
Huawei llega al Senado
Desde el PP, que consideraba que las respuestas por escrito eran evasivas, el senador Eloy Suárez Lamata formuló a Marlaska una pregunta, en una sesión de control del 9 de septiembre de 2025, sobre el riesgo de las relaciones con Huawei. El senador le espetaba al ministro que la ley china exigía a Huawei que proporcionara toda la información que solicitaran los servicios de inteligencia del Partido Comunista Chino. También le preguntaba si «era consciente de que los contratos de Huawei están bajo el escrutinio de los servicios de inteligencia extranjeros, precisamente a causa de ciberataques a gran escala, espionaje y preocupaciones sobre la seguridad de ciertos países».
Marlaska se defendió alegando que el material comprado a Huawei se estaba adquiriendo «desde 2011 y sin interrupción». «Son armarios que se utilizan para el almacenamiento, armarios que están integrados en el sistema SITEL, gestionado por Telefónica y coordinado por las fuerzas de seguridad del Estado, que, obviamente, son las únicas que tienen control sobre los datos almacenados allí; no hay ninguna forma de comunicación ni posibilidad de extraer estos datos», argumentaba. Es decir, como no tenía una conexión con internet, el riesgo de contagio o extracción de datos era relativizado. Marlaska aseguraba tener el aval del Centro Nacional de Criptología. «En otras palabras, se cumple la normativa nacional e internacional, al mismo tiempo que se protege siempre la seguridad de nuestros ciudadanos y se garantizan las pruebas para los procedimientos legales», concluía Marlaska. De hecho, esta ha sido la respuesta a la cual ha hecho referencia en las decenas de preguntas sobre la materia en el Congreso de los Diputados y que se puede consultar en el diario de sesiones número 90 del Senado. La respuesta fue la misma que dio al diputado en Madrid de Junts Josep Pagès, que el pasado 18 de julio ya preguntaba por esta licitación contra las reticencias de la comunidad europea y de los EE.UU.
Pero esta también fue la respuesta del ministro a dos presidentes de sendas subcomisiones del Congreso norteamericano, que en agosto de 2025 ponían el grito en el cielo por el hecho de confiar a Huawei las escuchas policiales ordenadas por los juzgados. En la misiva, Tom Cotton y Rick Crawford, expresaban su inquietud y apuntaban que se ponían en peligro la seguridad, la privacidad y los intereses comerciales de los EE.UU. por parte de España. Cabe tener presente que la administración de Donald Trump prohibió el uso de Huawei en dispositivos relacionados con la seguridad del Estado.
Un diario vuelve a abrir la puerta
En este contexto, los agentes del caso que instruye el magistrado José Luis Calama en la Audiencia Nacional encontraron un diario durante el registro en el domicilio de Julio Martínez Martínez, el amigo y socio de Zapatero. En concreto, son unas anotaciones que los policías relacionan con un contrato del gobierno español con Huawei por valor de unos 400.000 euros. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) delata que en el diario confiscado se leen frases como «Huawei-100 fin de mes» y «contrato 400», que vincula con «el anuncio de un concurso para el suministro de equipos de Huawei para su red de datos».
Según los investigadores, se trata de un contrato «con un valor estimado de 400.000 euros» y que «tiene como objetivo sustituir piezas de repuesto para enrutadores y conmutadores ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General». De hecho, este contrato se adjudicó a través de la presidencia de ADIF, sociedad estatal investigada en el caso Santos Cerdán. Curiosamente, la licitación se anunció en el Boletín Oficial del Estado del 24 de diciembre. La licitación se resolvió efectivamente por parte de ADIF por un importe de 400.000 euros.
Era la enésima decisión que alarmaba a la oposición, que formuló preguntas por escrito al gobierno a través del Congreso. La respuesta del ejecutivo no se salía de los márgenes de la formalidad: «En cuanto al asunto en cuestión, cabe destacar que Adif aplica los principios generales de contratación establecidos en la legislación vigente, dado su carácter de empresa pública adscrita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible». Una respuesta que ha persistido y que desde la Moncloa desvinculan de la relación de lobbista de Zapatero.
Un contrato de 127 millones que sitúa equipos de Huawei en una red catalana
Precisamente, este miércoles Junts y PP pusieron sobre la mesa el caso Huawei en Cataluña aprovechando los informes de la UDEF. Ahora bien, el pasado 24 de abril, el consejero de la Presidencia y mano derecha de Illa, Albert Dalmau, respondía al diputado Dalmases sobre la viabilidad del proyecto XCAT, que preveía instalar equipos de Huawei cuando había la prohibición por parte de la Comisión Europea de introducir equipos chinos en la red europea de internet. Era una pregunta que venía por un aluvión de intervenciones en la comisión de Exteriores y de Asuntos Institucionales de la cámara en torno a los riesgos de incluir Huawei. Dalmau, sin embargo, defendía que este proyecto, en manos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), se articulaba «como un acuerdo marco de servicios corporativos de conectividad» sin nada cerrado. Y añadía que el Gobierno tenía «conocimiento del debate y de las propuestas en curso en el ámbito europeo sobre ciberseguridad.»
El consejero remarcaba que era «un texto en fase de elaboración, es decir, no definitivo, sometido al correspondiente procedimiento y, por tanto, negociación y eventuales modificaciones antes de su aprobación». «En base al acuerdo marco de servicios corporativos de conectividad, el CTTI no formaliza ningún contrato con Huawei, sino que lo que se contrata es el servicio y es la empresa adjudicataria quien define la solución técnica para prestarlo de acuerdo con los requisitos del pliego y la normativa aplicable», aseguraba quitándose las pulgas de encima. El contrato tiene un importe de 127 millones de euros y se ha adjudicado a la unión temporal de empresas liderada por SIRT, que incorpora el uso de equipos de Huawei para desplegar una red de fibra óptica que conecte varios organismos de la Generalitat.
«De esta manera», continuaba la respuesta, si se produjeran eventuales cambios en la normativa aplicable en materia de seguridad o cadena de suministro, «la ejecución del servicio y los proveedores se deberán adecuar en los términos que establezca el marco legal vigente». Es decir, que si las cosas se ponían complicadas ya mirarían de cambiar de proveedor. Dalmau insistía en la «posición de neutralidad institucional» basada en riesgo y en derecho aplicable: «Lo que es determinante para la relación con las instituciones europeas es el cumplimiento de las normas y orientaciones vigentes y, si estas cambian, el compromiso del Gobierno es la adaptación de los servicios y de los proveedores». Además, Junts y el PP también han aprovechado para pedir explicaciones sobre los encuentros del ejecutivo de Illa con Huawei.
