La Audiencia Nacional es sin duda alguna el termómetro de la política española. Incluso más que el Tribunal Supremo, porque, al fin y al cabo, muchas de las grandes causas que llegan a la sala penal de la alta instancia judicial española han pasado antes por la Audiencia Nacional, en la fase de instrucción. Es un tribunal especializado –que no especial, en teoría– que ahora reclama tener más poder, más competencias y ampliar las fronteras de los delitos que puede perseguir para aprovechar sus capacidades técnicas y logísticas.
Esta semana ha vuelto a ser el centro de atención por la imputación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por parte del titular del Tribunal Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a raíz del caso Plus Ultra. Un sumario que ha afectado gravemente al PSOE de Pedro Sánchez y ha modificado de arriba a abajo la agenda mediática y política del ejecutivo socialista. A pesar de esta inmensa influencia de la Audiencia Nacional en la biosfera política, institucional, social y económica, su presidente, el magistrado Juan Manuel Fernández, el jueves participaba en un debate donde afirmaba que ni el tribunal que preside ni ningún otro órgano jurisdiccional «hacen política».
La política, fuera de los tribunales
Así lo sentenció durante su intervención en el Foro La Región, en el que aseguró que «ni la Audiencia Nacional ni ningún otro órgano judicial en España se dedica a la política». Una conferencia donde expuso la labor que lleva a cabo la Audiencia Nacional contra la corrupción. Un tipo de delito que considera que «erosiona el sistema democrático». Por tanto, un delito que «no se debe menospreciar ni trivializar». En este contexto, aprovechó para reclamar que «no se hostigue a los que investigan o juzgan este delito».
«La política no se hace en el Tribunal Supremo, aunque la investigación y los casos que impliquen partidos políticos y/o ciertos líderes puedan generar confusión», señaló, en referencia al aforamiento de varios líderes políticos procesados, juzgados o condenados en asuntos como el caso Mascarillas, donde resta pendiente de sentencia el exministro de Transportes José Luis Ábalos. «La justicia en España es la misma para todos», exclamó. En esta línea, defendió la «independencia» como una «característica esencial de los jueces y magistrados».
De hecho, alejó la «independencia judicial» de un concepto de «privilegio corporativo o profesional». «No es una medalla que te cuelgan cuando superas el concurso abierto y que te autoriza a hacer lo que quieras», razonó. Y añadió que significa tomar decisiones «sin tener en cuenta ningún tipo de interés, ni presión política, económica o social». Es decir, que la independencia judicial no se puede blandir por parte de los togados como una especie de patente de corso.
Revisiones y críticas
El magistrado Juan Manuel Fernández también afirmó que la labor de los jueces no queda impune, si la hacen de manera incorrecta. De hecho, recordó que las decisiones judiciales tienen previsto un sistema de apelaciones que puede llegar hasta tres instancias o niveles, una especie de «rendición de cuentas». Esto no es obstáculo para que la judicatura deba aceptar, a su criterio, «críticas». «Vivimos en un país gobernado por la libertad; sería impensable que no pudiéramos criticar las sentencias judiciales», arguyó.
Y siguiendo este camino llevó sus reflexiones a la actualidad del caso Zapatero. «Se puede criticar la resolución del juez Calama y cualquier decisión judicial, pero lo que no se puede hacer es difamarlo», advirtió. «Insultar o difamar no es libertad de expresión; es un delito y no tiene nada que ver con el ejercicio de un derecho», concluyó. «Una cosa es criticar una decisión judicial y otra bien diferente es atacar a la persona que la dicta», resaltó.
Además, añadió que tan importante es qué se critica como quién lo critica. Según la opinión de Fernández, hay que distinguir entre «esferas de acción». «No es lo mismo que un particular critique una decisión judicial que sea el presidente del gobierno, un presidente autonómico o un alcalde quien lo hace», adujo. «No es lo mismo, porque los líderes políticos tienen el deber de lealtad institucional», subrayó. En todo caso, defendió la labor de Calama, a quien definió como «juez magnífico». Y, por otro lado, resaltó que Zapatero «como cualquier otra persona sometida a una investigación penal en España, gozará de todas las garantías constitucionales y procesales y, sobre todo, se le garantizará su derecho constitucional a la presunción de inocencia».
