Es un tribunal especializado, que no especial, por donde han pasado y pasan las causas que marcan la biosfera política y social del Estado. De hecho, ha sido uno de los organismos jurisdiccionales más duros con el independentismo y todavía marca la agenda del desmantelamiento de ETA –con la política de los presos y los juicios pendientes– así como los grandes casos de corrupción política, narcotráfico, crimen organizado o grandes estafas. Es la Audiencia Nacional.
Precisamente, la especialización de la Audiencia Nacional requiere actualizarse y reforzarse a la vista de la profesionalización de las grandes corporaciones del crimen organizado, especialmente, del narcotráfico transnacional. Un fenómeno que el Departamento de Seguridad Nacional –el organismo que dirige la seguridad del Estado– ha destacado en su informe del 2025, presentado el pasado 13 de mayo, y que define el narcotráfico en España como una de las «amenazas más grandes que proviene del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave».
Cambios para tener más trabajo
En este contexto de superación técnica, profesionalización y sofisticado financiamiento del narcotráfico, la Audiencia Nacional ha planteado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una reforma del tribunal. Cambios orientados a ampliar sus competencias para luchar con más «eficacia» contra el narcotráfico transnacional, que incluirían la capacidad de este tribunal «de investigar y juzgar delitos del tráfico ilícito de bienes culturales y blanqueo de capitales con impacto internacional».
De hecho, quieren asumir todos los casos graves, aunque no ocurran entre varias zonas del Estado. Una situación que choca con la alarma que emitió el mismo tribunal por la saturación de casos que tenía. La propuesta también implicaría asumir las investigaciones en ciberataques a las infraestructuras incluidas en el plan de seguridad estatal, los delitos contra el patrimonio cultural y los delitos de tráfico de personas. Una ampliación que contrasta con iniciativas legislativas, como la de Junts, para cerrar la Audiencia Nacional.
La iniciativa también incluye «avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina la Audiencia Nacional como un verdadero centro judicial español para la coordinación de investigaciones criminales transnacionales complejas, fortaleciendo así su papel estratégico dentro del sistema judicial». «Es un nuevo modelo institucional», especifica la propuesta. Los cambios, según los magistrados, conllevarían «una acción judicial más eficaz en respuesta a las actividades delictivas complejas, facilitando investigaciones más rápidas y mejor coordinadas».
Una petición trabajada
La petición se acordó en la reunión del sanedrín de la Audiencia Nacional el pasado 27 de abril y que recogió el acta del encuentro, a la cual ha tenido acceso El Món. El documento incorpora el «sugerimiento» de «la atribución competencial a la Audiencia Nacional en los delitos de tráfico de drogas, aunque no concurra el requisito de la multiprovincialidad, siempre que así lo aconseje la gravedad del hecho y la complejidad de una investigación eficaz y en tiempo debido». Es decir, establecer un protocolo con los criterios que definan esa «gravedad» y «complejidad» para asumir los casos y que queden centralizados en este tribunal.
Los magistrados de la Audiencia Nacional no están solos. El presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, ha incorporado a la petición las propuestas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, especialmente, de la fiscalía antidroga. Precisamente, el ministerio público, memoria tras memoria, lleva años alertando de que los juzgados de instrucción no tienen suficientes medios para asumir causas de especial dificultad a pesar del cambio que ha supuesto la reforma impulsada con la creación de los tribunales de instancia del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Más competencias
La sala de gobierno de la Audiencia Nacional también pide ir más allá del narcotráfico complejo. Así, también reclama un nuevo estatuto jurisdiccional para combatir especialmente el tráfico de personas. En este sentido, se propone añadir un nuevo párrafo al artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que otorgaría a la Audiencia Nacional la jurisdicción para conocer de los casos relacionados con «delitos de tráfico de personas, en todas las formas de explotación, cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un territorio que se extienda más allá del de una sola comunidad autónoma».
Otra de las competencias que se quieren otorgar entra dentro del ámbito de la seguridad estatal. De hecho, casos como el del apagón del 2025 ya se han atribuido técnicamente a la Audiencia Nacional. Ahora, sin embargo, el tribunal quiere ponerlo por escrito y, en especial, en todo lo que hace referencia a las «infraestructuras críticas», que definen como «esenciales en un estado de derecho». «La Audiencia Nacional, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano ideal para gestionar estos casos», sentencia el acta del acuerdo. Para fortalecer esta área, el documento propone incorporar a la jurisdicción de la Audiencia Nacional los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro infraestructuras como redes eléctricas, sistemas de transporte o entidades financieras, una de las amenazas más repetidas por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y por el Centro Criptológico Nacional (CCN), el brazo informático del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En cuanto a la protección del patrimonio cultural, el texto interpreta que «es una cuestión de interés público de primer orden, dado su papel como guardián de la memoria colectiva de los pueblos y las culturas». En este sentido, los magistrados de la sala de gobierno argumentan que «con su experiencia en la investigación de delitos complejos» son posiblemente «el órgano más adecuado para tratar estos casos». Para abordar este aspecto, se propone incluir en su jurisdicción y competencia los delitos relacionados con el tráfico ilícito de patrimonio cultural que tengan una dimensión transnacional o que afecten al patrimonio cultural de significado especial.
