Sorpresa en Andorra. El titular del juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado una interlocutoria en la que comunica al comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo que le permite viajar al Principado para testificar en la causa abierta por la justicia andorrana donde se investiga la trama de la operación Catalunya en el país de los Pirineos.
Una decisión que ha tenido el informe favorable del ministerio público y que ha sorprendido a muchas de las partes personadas en la macrocausa Tandem, el gigantesco sumario con más de 40 piezas separadas en las que se investigan los negocios privados públicos y semipúblicos del comisario. Cabe tener presente que Villarejo tiene el pasaporte retirado y se encuentra en situación de libertad provisional desde el 3 de marzo de 2021. De hecho, ha sido condenado por algunas de las piezas separadas de la Tandem ya juzgadas y en otras ha resultado absuelto.
Un día intenso
En concreto, el magistrado autoriza que Villarejo se traslade a los juzgados andorranos para comparecer este martes, 4 de noviembre, a las tres de la tarde. El comisario español jubilado está citado el mismo día que Jordi Cinca, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Andorra en plena operación Catalunya; Gilbert Saboya, entonces ministro de Asuntos Exteriores; el abogado José María Fuster Fabra, exabogado de los propietarios de la BPA, y Ramon y Higini Cierco. De hecho, será un día intenso en la batllia andorrana y muy esperado, porque es un paso clave para la continuidad de la causa abierta por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), con colaboración con la entidad Drets, contra Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, y la cúpula de Interior durante su primera etapa en la Moncloa.
La causa investiga la injerencia española en el Principado de Andorra para intentar encontrar fondos ocultos de los líderes independentistas, un operativo que habría terminado con la intervención y el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde la familia Pujol Ferrusola tenía el dinero que supuestamente provenía de la «deixa» del abuelo Florenci Pujol.
