El Tribunal de Cuentas ha denegado que el presidente al exilio, Carles Puigdemont, comparezca y declare por videoconferencia en el juicio programado para este viernes. Según una resolución, difundida esta mañana la Sección de Enjuiciamiento considera que ha tenido más de un año para pedir la declaración telemática y que no ha comunicado «causas y razones» por las cuales no podría asistir a la vía del próximo 17 de noviembre sobre los gastos generados durante el Proceso desde el 2011 al 2017. De hecho, Puigdemont atestiguó por videoconferencia al juicio a la Audiencia de Barcelona en el juicio del ex consejero Miquel Buch y el ex sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà.
La providencia del organismo contable y administrativo recuerda que la decisión de hacer la vista oral se acordó el seis de diciembre de 2022. De hecho, una petición de Lluís Puig, Josep Manuel Suárez y Martí Anglada, que pidieron también el pasado 13 de noviembre declarar por videoconferencia el próximo viernes. El tribunal considera que no se ha pedido con suficiente antelación para poder ser tramitada en los términos previstos por la ley. Por su parte, ERC también presentó un escrito ayer por la tarde al tribunal solicitando la suspensión de la vista prevista para viernes porque ya se ha presentado una ley de amnistía que perdonaría estas actuaciones.

Esperando un año
El tribunal razona que los solicitantes han tenido casi un año para poder realizar su petición. Aun así, refunfuña porque «no la han formulado hasta que faltaban cuatro días para el acto de la práctica de la prueba fijado para el próximo viernes día 17 de noviembre de 2023». «Los solicitantes no han explicado ni han justificado las causas y razones por las cuales Puigdemont no podría comparecer a declarar en la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, cuando en su momento se citó la prueba». «En definitiva», añade el Tribunal en su providencia, «se mantienen incólumes todos los pronunciamientos recogidos a la anterior providencia de fecha 17 de octubre de 2023», es decir, el procedimiento finalizará mediante el trámite de conclusiones escritas que se celebrará otro día. Ahora el Tribunal de Cuentas tendrá que decidir sobre la petición de ERC.