La majestuosa sala principal del Tribunal Supremo, conocida por ser la sede del juicio del Procés, ha sido el escenario de la última etapa del juicio de una masacre que golpeó la sociedad catalana el 17 de agosto de 2017. Ha sido una vista especial, la vista oral de los diferentes recursos de apelación presentados por acusaciones particulares y las defensas que no solo quieren revisar las condenas de la sentencia a la baja o al alza. La vista ha servido también para exigir aclarar uno de los episodios más turbios del caso, el de la muerte de Abdelbaki se Satty, el imam de Ripoll, considerado el cerebro de la célula yihadista que dejó 16 cadáveres y 140 personas heridas en la Rambla y Cambrils y 9 heridos en Alcanar. Una petición a la cual el fiscal José Martínez Jiménez se ha opuesto porque lo considera irrelevante para la causa y la sentencia. Eso sí, con un escrupuloso respecto al relato que defiende las dudas sobre su figura.
Más allá de las peticiones de las acusaciones que exigen penas más duras de acuerdo con el hecho de que la Audiencia Nacional solo imputó a los tres condenados los hechos de Alcanar, la estrella de la jornada ha sido otra. Sin ningún tipo de duda, el nombre que más se ha repetido en la sala ha sido lo de Abdelbaki es Satty. En concreto, toda la turbia historia que acompaña el supuesto inspirador de la célula, el misterio de si se ha acreditado de manera fehaciente si está muerto o no, así como las oscuras relaciones que habría tenido con los servicios de información de la Guardia Civil o con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando estaba enchironado en la prisión de Castelló.
«Hemos demostrado que hay cosas que no cuadran»
La vista transcurría técnica con una exposición muy cuidadosa y sintética de los recursos que han presentado las acusaciones de los agentes de los Mossos d’Esquadra personados en la causa, los que abatieron parte de la célula. Los abogados José Antonio Bitos y Mònica Fando han expuesto que los tres condenados tenían propósito de matar, tenían una organización terrorista y tenían el objetivo de sembrar el terror. Por lo tanto, tienen que ser condenados por los 16 muertos y 140 heridos en la Rambla y no limitarse a los estragos y heridos que resultaron de la explosión de la casa de Alcanar. Así reclaman penas más duras
Pero, en el turno de la acusación particular de los padres del pequeño Xavi, el niño de Rubí de 4 años asesinado en la Rambla, el abogado Agustí Carles, que representa a la familia con el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, la vista ha captado la atención de los asistentes y de los magistrados. Incluso el mismo Manuel Marchena, como presidente del tribunal, ha alardeado de una de sus expresiones más famosas durante el juicio del Procés: «
Agustí Carles llevaba los deberes hechos después de años de escrutar el sumario y ha diseccionado las resoluciones que han impedido aclarar el episodio más oscuro del caso. «No queremos que se nos trate de paranoicos, pero a lo largo del juicio hemos visto que hay cosas que no cuadran», ha aclarado. Hábilmente, ha recogido una expresión de la sentencia de apelación de la Audiencia Nacional, que dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que la parte que alegaba las dudas sobre si el imam había muerto aportara los indicios que encontrara que desvirtuaran la versión oficial, que lo da por muerto, para abrir un testigo de particulares. «¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros?”, se ha preguntado el letrado Carles en una velada referencia a la obligación del proceso penal de buscar la verdad.
Cosas que no se han investigado
En este marco, el abogado Carles ha rogado al tribunal que haga el favor de abrir un testigo de particulares para aclarar de una manera clara, concisa, rigurosa y seria si Abdelbaki es Satty está muerto o vivo. Siguiendo este hilo, ha recordado los numerosos testigos de la existencia de una cuarta persona en la casa de Alcanar que se fue con la furgoneta del imam, o una persona con barba recortada u otra con una camiseta del Barça. Un vehículo que se encontró dos días después en una zona de carga y descarga, sin ninguna huella, pero sí con una fotocopia de su pasaporte, su iPhone y una lata de Coca-cola de donde se habría extraído una muestra de ADN que se habría comparado con una muestra de una chilaba encontrada a su domicilio. Una prueba que solo acreditaría que las dos muestras son la misma persona pero que no garantiza que sean del imam.
Siguiendo el mismo relato, Carles ha narrado el fiasco de la prueba de ADN que hicieron dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que fueron a Marruecos a buscar muestras biológicas de los familiares directos del imam para compararlas con las muestras recogidas en Cataluña. Una prueba que no apareció hasta el 3 de diciembre de 2021, aprovechando el testigo de los policías, un hecho absolutamente inédito en la ley procesal. Así mismo, ha reprochado el informe de las biólogas marroquíes que no fue ratificado en sala y que no cumplía con los requisitos del derecho penal español. Un informe que se contradecía con el informe forense presentado por la defensa del pequeño Xavi y que el juez tiró a la papelera. “Tenemos preguntas y más dudas», ha insistido añadiendo que el móvil del imam habría sido utilizado después de la explosión de Alcanar o el buzón muerto con el que se habría comunicado.
El fiscal y la «irrelevancia»
Curiosamente, en el turno del fiscal, Javier Martínez, ha estado delicado en su exposición y ha mostrado un cuidadoso respeto por los argumentos expuestos por el abogado Agustí Carles sobre las dudas sobre el imam. De hecho, no ha entrado en la valoración de la prueba, ni en las incoherencias ni incongruencias de la instrucción y la investigación. Al contrario, pero siguiendo el argumento de su escrito de respuesta presentado, se ha limitado a argumentar que es «irrelevante» para la sentencia de la Audiencia Nacional saber si el imam está vivo o es muerto porque no cambiaría como hechos probados la condena de los tres acusados y condenados. Incluso, sus relaciones casi clandestinas entre el imam y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de Información de la Guardia Civil.
La sala que revisará la sentencia está compuesta, además de Marchena, por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Javier Hernández. De hecho, la mayoría de las partes, tanto defensoras como acusadoras, interpusieron recurso de casación después de la rebaja de penas que se decidió en la apelación en la Audiencia Nacional, sobre una primera condena de un total de 107 años de prisión. Finalmente, en el caso de Mohammed Houli Chemlal la pena quedó en 43 años de prisión –había sido condenado a 53 años–, la de Driss Oukabir en 36 años –estaba condenado inicialmente a 46 años–, mientras que a Said Ben Iazza se le mantuvieron los ocho años de prisión, a pesar de que ya se encuentra en libertad provisional. La sala ya fijó el límite de cumplimiento máximo en los veinte años de prisión.
Las defensas de los condenados pedían la repetición del juicio por vulneración de derechos como la cadena de custodia o atenuantes de confesión o la negativa de la participación directa de los hechos de los tres acusados. Así mismo, ponían en entredicho la valoración de la prueba de considerarlos una organización terrorista por la divergencia de funciones. El resto de acusaciones que no impugnaron la sentencia de apelación que entienden que a pesar de no participaran de los actos directos de la Rambla y Cambrils, hay pruebas de la intencionalidad que querían cometer atentados terroristas.
