Jornada intensa, y con sorpresa controlada, este martes en Barcelona. La consejera de Educación en el exilio y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha vuelto a Cataluña después de cinco años. Un retorno estudiado y con una estrategia clara: evidenciar que «España no respeta la inmunidad de los eurodiputados», por lo menos de los independentistas. El plan ha salido incluso mejor del que su entorno esperaba, con una detención televisada por parte de un mosso d’esquadra de
La intención del equipo de Ponsatí era aprovechar el simbolismo del retorno consciente de que el delito por el cual está procesada –desobediencia– no comporta pena de prisión. Un gesto que le ha servido para señalar que la justicia española hace oídos sordos a las directrices de la justicia europea y al mismo proceso judicial puesto en marcha en España. En primer término, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le mantiene la inmunidad desde el pasado mes de mayo hasta que no se resuelva el proceso abierto con el Parlamento Europeo. Y, en segundo lugar, porque el mismo Pablo Llarena todavía no ha emitido una petición de suplicatorio de acuerdo con el nuevo delito por el cual está imputada Ponsatí, y por tanto no puede dictar una nueva orden de detención. De hecho, la semana pasada la justicia italiana ya archivó el caso de Carles Puigdemont en Cerdeña porque entendía que la euroorden había perdido el objeto, porque no existían los delitos en que se basaba.
Del Supremo, Marlaska y los Mossos
Esta martes por la mañana, fuentes del entorno de la consejera advertían que había que «liberar la tarde» porque algo pasaría. El motivo «secreto» era el retorno de la consejera a Cataluña, que se tenía que producir tarde o temprano, como anunció el mismo día 13 de enero, cuando el juez Llarena emitió una nueva interlocutoria con que solo le imputaba desobediencia, a pesar del las peticiones de otros delitos del ministerio fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox.
La Fiscalía anunció el lunes de esta semana que renunciaba a recorrer contra la nueva resolución de Llarena. Un contexto que le era favorable a Ponsatí para controlar los riesgos, a la vista de las dos exiliadas que han vuelto con la única acusación de desobediencia, la cupaire Anna Gabriel y la ex consejera Meritxell Serret. De hecho, las dos se personaron ante Llarena y quedaron en pocos minutos en libertad.
El caso de Ponsatí, pero, era notablemente diferente, porque si bien había obtenido que la acusación se redujera a desobediencia, tenía muy claro que dentro de sus planes no entraba la posibilidad de presentarse voluntariamente ante el juez. De hecho, así lo ha expuesto en una densa rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. Una vez se ha difundido su llegada, fuentes del Tribunal Supremo se encargaban de recordar que había una orden de detención estatal para comunicarle el procesamiento. Un aviso a navegantes.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistía en declaraciones en los pasillos del Senado que los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarían siguiendo el criterio de los jueces. Y los Mossos d’Esquadra han cumplido con la orden judicial y han detenido a Ponsatí ante las cámaras, a pesar de los avisos, enfatizados, de que era eurodiputada y, por lo tanto, protegida por la inmunidad parlamentaria. El consejero del ramo, Joan Ignasi Elena, ha convocado una comparecencia en la sede del Departamento de Interior para desmarcarse de cualquier orden directa o indirecta a los Mossos d’Esquadra y apuntando a la magistratura como la responsable del arresto.
Ciudad de la justicia y ‘habeas corpus’
El guion salía como estaba previsto. Los Mossos conducirían a Posantí ante el juzgado de guardia, que le comunicaría su obligación de comparecencia ante el juez del Supremo. Pero el trámite se ha alargado porque la alta magistratura de Madrid no respondía las peticiones de la juez de Barcelona. El abogado de Ponsatí, Gonzalo Boye, que ha acompañado en todo momento a Ponsatí, ha presentado un
El relato a través del entorno político de la ex consejera estaba acordado con tiempo. «La detención de Ponsatí es ilegal porque es una eurodiputada y tiene inmunidad», ha sido el mensaje repetido en varias versiones y desde varios perfiles, como el del presidente al exilio, Carles Puigdemont, o eurodiputados que han querido expresar su rechazo, condena o sorpresa por la detención. La imagen que se ha generado ha sido la de una profesora universitaria que vuelve en coche a Barcelona, hace una rueda de prensa y la policía la detiene por un delito menor y sin prisión ante las cámaras y todos los ojos de las redes sociales. Todo con un estilo impregnado de Ponsatí y su espíritu de verso libre y un punto desacomplejado.
El resultado era el esperado, hacer caer el Estado en el terreno que se dibuja y se explica desde el exilio: que els independentistas tienen sus derechos ninguneados por parte de los diferentes poderes del Estado. Todo, a las puertas de la resolución de la justicia de la UE sobre el recurso presentado contra su suplicatorio –la votación de la Eurocámara en que se le levantó la inmunidad, de momento sin efecto– y a la espera de las euroórdenes que Llarena ya tendría que haber remitido en la cámara europea. El sudoku se ha completado, con una movilización conjunta de las fuerzas soberanistas ante la Ciudad de la Justicia y de los diferentes comunicados de los partidos políticos y de las entidades independentistas felicitando el retorno de la consejera.
