El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al gobierno español tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. En una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la cual ha tenido acceso El Món, García Ortiz asegura que deja el cargo con un “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y que es el “momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.
El gobierno español ya aceptó a regañadientes iniciar el proceso para relevar a García Ortiz poco después de conocerse la sentencia del Supremo, que aún debe redactarse y publicarse. Mientras no se elija un nuevo fiscal general, sus funciones las ejercerá la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
El Tribunal Supremo acordó por mayoría, pero no por unanimidad, condenar a García Ortiz a una pena de inhabilitación especial de dos años para el cargo por haber filtrado datos personales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será juzgado por defraudar a Hacienda.
«El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presentar mi renuncia como fiscal general», dice la carta de García Ortiz.
Sánchez cierra filas con el fiscal general
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha cerrado filas con el fiscal general del Estado durante el fin de semana. Sánchez ha insistido en la inocencia de García Ortiz y ha cargado contra el Supremo. «Respetamos y acatamos la sentencia, pero discrepamos de su orientación», dijo Sánchez en su comparecencia para hacer balance de la cumbre del G20 en Sudáfrica. «Creo en la inocencia del fiscal general porque los testimonios de los mismos periodistas en el juicio acreditaron que no era el origen de la filtración».
Sánchez también insinuó que llevarán la sentencia del Supremo a “otras instancias” como el Tribunal Constitucional. Según fuentes judiciales, para recurrir su sentencia, García Ortiz primero debe presentar un incidente de nulidad ante el mismo Supremo para después poder presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
