Segunda jornada de «cuestiones previas» del juicio a la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs. A mediodía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha dado voz a la defensa de Borràs para replicar las modificaciones y las aportaciones de la prueba del ministerio fiscal. En una intervención tan clara como dura, el abogado Gonzalo Boye ha advertido al tribunal que con los cambios y la nueva prueba de la fiscalía «están vendidos». Incluso, ha asegurado que «sienten miedo» a la vista de cómo ha actuado el ministerio público.
En concreto, el letrado ha criticado una modificación del relato de la acusación que «aunque sea solo un adverbio» deja a Borràs en indefensión porque tiene
«Con anterioridad»
El cambio que ha batallado con contundencia el equipo de letrados de Borràs ha sido la incorporación del adverbio de tiempo «con anterioridad» a una Junta de Gobierno del Instituto de las Letras Catalanas celebrado el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs era la presidenta. En un primer momento, la fiscalía explicaba al tribunal que una vez se acordó sacar adelante uno de los proyectos pagados con contratos fraccionados, Borràs contactó con el otro acusado, Isaías Herrero. Pero el pasado viernes reformó el texto corrigiendo que fue con «anterioridad» a esta Junta de Gobierno.
La defensa de Borràs ha saltado como un resorte reclamando explicaciones sobre este cambio que considera sustancial y quiere saber en qué prueba se basa para afirmarlo. Una prueba que en ningún caso se encontraría en la causa y que el ministerio público tendría que haber aportado. «Nos desarman», ha criticado para aducir que la fiscalía tiene «una prueba que no conocemos y que nos deja indefensos». Es decir, con qué prueba y con qué hechos cambian un dato que consideran sustancial para acreditar una hipotética prevaricación. Boye ha apuntado que será con una de las declaraciones de los otros acusados que habrían pactado con fiscalía. «Estamos vendidos», ha remarcado. El cambio supone que Borràs y Herrero concertaban los contratos antes de que los acordara la Junta de Gobierno del ILC. Boye ha pedido la suspensión de la vista al considerar que el cambio es «esencial». Una suspensión que el Tribunal, después de una conversación entre los magistrados unos diez minutos dentro de la sala, ha denegado. El cambio de adverbio, no obstante, ha sido aceptado por los magistrados.
Sin prueba nueva
Por otro lado, el Tribunal ha aceptado la petición de la defensa de Borràs de no admitir la prueba aportada de nuevo por el ministerio fiscal y que levantó tanta polémica. En concreto, se trata de la prueba número 7, que incluye cuatro documentos con once carpetas de contratos menores que se referenciaban con las misteriosas diligencias 41/2022. El tribunal no ha admitido la prueba a pesar de la respetuosa protesta del ministerio fiscal, que ha acabado pidiendo disculpas a Barrientos por las explicaciones del pasado viernes sobre el origen de estas diligencias.
Así pues, la prueba ha sido expurgada de la causa y ha dejado a Boye sin «protestas». Pero no ha sido la única victoria de Boye y Elbal. El tribunal también ha permitido que Borràs declare en la fase final del juicio a pesar del fiscal. En cambio, los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, declararán el primer día. Ahora falta que el tribunal resuelva sobre alguna otra de las cuestiones previas planteadas, como por ejemplo la carencia de custodia de la prueba o los plazos de instrucción superados en algún trámite procesal.
