«Se pensaban que Manuel García Castellón era el
Pocos días han hecho falta para avalar a los negociadores que defendían aclarar bien el concepto de terrorismo y alargar la negociación de la ley en el Congreso. «Manuel García Castellón no estaba solo, como nos querían hacer creer», relatan las mismas fuentes, «forma parte de un equipo y de una estrategia». De hecho, se referían al mensaje que profería continuamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a los portavoces republicanos y a los juntaires de la negociación, con el que les quería convencer de que García Castellón era «el único» que quería continuar con la causa del Tsunami porque no tenía «ni el apoyo de la Fiscalía». De aquí que los partidos independentistas hayan hecho orfebrería jurídica con el concepto de terrorismo para intentar proteger a los imputados en la causa Judas y en la del Tsunami.
Tiempos y resoluciones dan la razón a los más pesimistas
El tiempo ha demostrado la connivencia del instructor García Castellón con los jueces de la sala de apelaciones y, por supuesto, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que dirige con autoridad el magistrado Manuel Marchena. «Son como un equipo y tenían una estrategia», insisten fuentes de las formaciones independentistas. Una estrategia que incorpora a la Fiscalía —en casos como el de la operación Judas—, diferentes asociaciones profesionales de los operadores jurídicos y sobre todo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La sospecha de los independentistas vino reforzada con la apertura de juicio oral por terrorismo en la causa Judas y las altísimas penas de prisión que pedía, precisamente, la Fiscalía.
La evolución de la causa del Tsunami ha enseñado los dientes del poder del alta judicatura española. Por un lado, ha generado una crisis sin precedentes en la fiscalía española. Y, por la otra, verdaderos tótems como el magistrado Félix Alfonso Guevara, de la Audiencia Nacional, y Juan Ramón Berdugo, del Tribunal Supremo, han cerrado filas con García Castellón, y más cuando le quedan justo cuatro meses para su jubilación. Un ejemplo es como la sala de lo penal se ha esperado hasta esta semana a resolver los recursos del ministerio fiscal y de las defensas sobre la instrucción del Tsunami. Tanto el fiscal como los abogados defensores esperaban el posicionamiento de la sala a la decisión de enviar parte de la causa al Supremo y las acusaciones de investigaciones prospectivas o de hacer malabarismos procesales para que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional mantuviera la causa.
Interpretaciones extensivas
Las interlocutorias han sido contundentes. Así, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha blindado el juez del Tsunami y ha facilitado que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que resuelve los recursos contra las decisiones de García Castellón, salvaguarde las pesquisas del juez. Consideran que el juez no ha hecho ninguna investigación de carácter prospectivo. Así, la alta judicatura española da cobertura a García Castellón amparándose en los indicios recogidos, en las especulaciones de los analistas de la Unidad Central Especial 3 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en una interpretación muy extensiva del artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Precisamente, este último aspecto ha sido un puntal imprescindible para la instrucción. Un artículo que ha permitido a la sala de lo penal laminar la acción de las defensas con el argumento de que no se pueden limitar las pruebas que ordena el juez y solo se pueden recurrir contra las resoluciones en las cuales el juez deniega pruebas que piden las partes. De este modo, las defensas entienden que es una «manera de blanquear una investigación prospectiva porque no permite poner ningún tipo de límite al juez» a petición de los afectados. La triangulación de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional con la sala de lo penal del Tribunal Supremo —con Marchena al frente— y el juez instructor ha sido la primera trinchera para proteger una investigación que tenía por objetivo esquivar la amnistía.
Fiscalía, la segunda línea
Dentro del poder jurisdiccional, entendido como la totalidad de operadores jurídicos, hay que añadir a esta primera línea formada por magistrados una segunda, que ofrece una verdadera red de seguridad contra el independentismo que se puede acoger a la amnistía. Se trata de la Fiscalía, a pesar de que ha desentonado porque, a diferencia de la judicatura, no estaba tan muy coordinada. Ha sido el posicionamiento del ministerio público en la causa del Tsunami el que ha abierto una grieta. En cambio, en la causa Judas, la Fiscalía no se ha movido ni un milímetro respecto del guion y continúa apuntando a delitos de terrorismo contra los CDR de la operación del 23 de septiembre de 2019. Pero el Tsunami ha evidenciado la larga guerra interna dentro del ministerio público.
El fiscal Miguel Ángel Carballo, de la Audiencia Nacional, se negó desde el minuto cero a considerar las protestas postsentencia del Proceso como terrorismo y mantuvo la posición de desórdenes públicos. A la vista de una Fiscalía renuente, el juez coló en la causa dos acusaciones particulares para mantener los cargos de imputación. Pero la eclosión llegó cuando García Castellón remitió una exposición razonada al Supremo, con el argumento que había dos aforados, Puigdemont y el secretario de la Mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg.
Fue entonces cuando la fiscalía del Supremo, con Javier Zaragoza y Fidel Cadena al frente, provocaron el cisma con un desafío inédito contra la figura del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la teniente fiscal del Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde. Filtraciones de borradores, denuncias públicas y maniobras del coro de la élite del ministerio fiscal para evidenciar que la mayoría de sus componentes estaban a favor de considerar terrorismo los hechos del Tsunami. El resultado de la guerra ha sido evidente: el fiscal Miguel Ángel Carballo vuelve a Ciudad Real después de años en la Audiencia Nacional como uno de los máximos especialistas en terrorismo del Estado.
CGPJ y asociaciones, la tercera línea
Pero los jueces y los fiscales de toga no estaban tampoco solos en la acometida. Las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras han actuado como un solo hombre y se han añadido asociaciones de abogados del Estado, de letrados de la Seguridad Social, de los inspectores de Hacienda y de Trabajo o de funcionarios municipales. Todos ellos se presentaron en sociedad el pasado jueves en un acto en Barcelona para clamar contra la amnistía. Entre estas voces destaca, a pesar de la división, la del Consejo General del Poder Judicial, que aprovecha cualquier ocasión para contraatacar la amnistía y ofrecer apoyo a García Castellón. Un hecho muy curioso es que el vocal designado en representación de Cataluña, José María Macías, se ha erigido en el portavoz antiamnistía del Consejo y ya esboza la estrategia de la cúpula judicial para mantener viva la causa del Tsunami como terrorismo.
