La entidad Acció Cassandra ha trasladado a los juzgados el caso de Gerard Insa, el profesor menospreciado en la Clínica Diagonal, en Esplugas de Llobregat, para defender su derecho a hablar catalán durante una visita médica. La entidad considera que la actitud de la clínica «va más allá de la infracción del código deontológico médico» y supone una «vulneración de derechos reconocidos en el Estatuto y la ley de política lingüística». En un comunicado, los abogados apuntan que se trata de «un caso paradigmático de catalanofobia» y remarcan que «puede constituir un delito de odio según el Código Penal español».

Acció Cassandra, que nació para señalar y cuestionar las agresiones a la lengua y la nación, remarca que el menosprecio que sufrió Insa es una «muestra grave de la xenofobia y hostilidad hacia la diversidad lingüística en el sistema sanitario». La entidad reconoce las disculpas públicas de la Clínica Diagonal, «hechas a raíz de la presión social y mediática», pero cree que la respuesta «ha sido insuficiente». «El Departamento de Salud ha anunciado medidas correctoras, pero el paciente y la entidad denunciante exigen garantías para la no-repetición de los hechos y una reparación a la altura de la gravedad del caso. Ante la discriminación, la sociedad catalana debe responder con firmeza, dignidad y todas las herramientas jurídicas disponibles», remarca el comunicado.

Lluís Gibert i Josep Rosell, en una entrevista al seu canal de youtube de Victor Puig
Acció Cassandra es una iniciativa jurídica y ciudadana impulsada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell i Fossas / YouTube

Visibilizar la catalanofobia

Gerard Insa hizo pública la situación en las redes sociales y ha llamado a «actuar contra esta situación». «No solo es legítimo, sino que es necesario si queremos defender la dignidad de los catalanohablantes y contribuir a una sociedad realmente democrática», ha remarcado. La víctima rellenó el equivalente a la hoja de reclamaciones de la clínica y ha contactado con Consumo para exponer la discriminación que sufrió. Según explicó él mismo a El Món, desde Consumo le han dejado claro que «es una situación de denuncia».

Acció Cassandra añade que este tipo de denuncias públicas –y ahora también jurídicas– sirven para «visibilizar la catalanofobia» y para «advertir» a otras instituciones o empresas que deben «respetar los derechos fundamentales de los catalanohablantes». En este sentido, la asociación «anima» a otros posibles afectados a hacer lo mismo si reciben cualquier tipo de discriminación por hablar catalán.

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