La Mesa del Parlamento ha anunciado que denunciará a la Fiscalía las incomparecencias de varios políticos españoles citados por la comisión de la cámara que investiga el caso Pegasus. Junts, ERC y la CUP han votado a favor de la medida después de que el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exdelegados del gobierno español en Cataluña Enric Millo y Maria Eugènia Gay hayan rechazado asistir a la comisión. Hasta ahora el ministerio público nunca ha dado respuesta a los requerimientos de la cámara cuando se ha activado el mecanismo.
El reglamento del Parlamento permite trasladar a la Fiscalía cualquier incomparecencia. “Si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlamento tiene que dar cuenta al Ministerio Fiscal, a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder”, dice el art. 68.3. El PSC, en cambio, se ha opuesto alegando que un informe del Consejo de Estado avala que los cargos del gobierno español no asistan a una comisión de investigación de un Parlamento porque no están obligados.
Solo Rajoy ha respondido a la comisión Pegasus
Tanto Rajoy, como Sáenz de Santamaría, Gay y Millo han sido citados hasta dos veces por la comisión de investigación sobre el uso del software espía Pegasus contra políticos y activistas independentistas. De los cuatro, solo Rajoy se ha excusado enviando un burofax y bajo el paraguas de los dictámenes del Consejo de Estado. Los otros tres no han dado ninguna respuesta al Parlamento. Hace tres meses los partidos independentistas anunciaron que se planteaban llevar los casos a la Fiscalía, a pesar de que hasta ahora nunca se ha abierto ninguna diligencia ni proceso cuando se han denunciado casos similares.
En una sesión del mes de marzo, la comisión había citado a Teresa Cunillera, exdelegada del gobierno español en Cataluña; Margarita Robles, ministra de Defensa; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; Pedro Sánchez, presidente del gobierno español; Carmen Calvo, exvicepresidenta primera; Nadia Calviño, vicepresidenta primera; y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social. Ninguno de ellos se presentó y no todos consideraron que la petición del Parlamento merecía una respuesta.
