El Consell de la República no pasa por buenos momentos. La queja ante el gobierno del Consell presentada por una entidad vinculada, por supuestas irregularidades en la gestión económica, empieza a generar fuertes tensiones internas. Las anomalías contables denunciadas por escrito por los responsables de CatGlobal, la asociación que da cobertura legal en Bélgica a la plataforma encargada de internacionalizar la causa catalana, han abierto la caja de Pandora. Sobre todo, en cuanto a la gestión de Toni Comín, en el día a día de la entidad y como cara visible de la institución ante las diferentes entidades que sostienen la red del exilio.
La publicación de una información sobre el caso en El Món ha provocado una reunión al mes alto nivel del gobierno del Consell para este martes donde, según fuentes consultadas, se analizará la documentación aportada por los denunciantes. Una documentación fiscal y contable que ha puesto en guardia a los miembros del gobierno del Consell y ha hecho emerger antiguos documentos que dormían el sueño de los justos sobre el polémico papel de Toni Comín, como en el episodio de la dimisión de la Sindicatura Electoral del Consell o en la dimisión de Sergi Miquel como gerente de la Casa de la República. A todo esto, hay que añadir el mail que Aurora Madaula, miembro del gobierno del Consell, envió a los denunciantes en el que mostraba su «alarma, consternación e indignación» por los hechos comunicados. El gobierno del Consejo, sin embargo, guarda oficialmente un silencio sepulcral, para hacer control de daños y evaluar posibles contramedidas.
Reunión urgente
En este contexto –después de que Toni Comín haya sido escogido como el único eurodiputado de Junts per Catalunya en las elecciones del 9-J y en plenas negociaciones para la investidura de un presidente de la Generalitat, a la cual el líder del partido, Carles Puigdemont, aspira–, se han empezado a producir movimientos. Fuentes del Consell que insisten en mantenerse en el anonimato aseguran que empezarán a tomar decisiones una vez se celebre la «importante reunión» de este martes. Será la primera vez que se encuentren para analizar la misiva enviada al gobierno del Consell y los datos aportados por los responsables de CatGlobal.
Las mismas fuentes aseguran que la información documental aportada muestra la «carencia de transparencia» en los números de la institución. Pero los miembros del gobierno del organismo no han recibido solo esta queja firmada: otras personas del entorno del Consell y ex colaboradores también han hecho llegar «detalles», «datos» y circunstancias» que todavía «enturbian más la situación». Sobre todo, con informaciones de «pagos de posibles gastos personales por parte de Toni Comín con fondos gestionados por el Consell de la República». De hecho, algunos de los miembros del Consell consideran «preocupantes» las explicaciones [internas] que hasta ahora ha dado Comín» en respuesta a sus requerimientos.
Un mediador
La tensión entre CatGlobal con su interlocutor en el Consell de la República, Toni Comín, ha crecido en los últimos días hasta el punto de que se ha nombrado un delegado «especial» para aclarar la situación. Un mediador que intente rebajar el malestar y para que se puedan aclarar los hechos, que algunos atribuyen a «malentendidos contables» o «diferencias de criterio entre las normas de la fiscalidad belga y la que es de aplicación en Cataluña». Una versión que, en principio, topa con la de los denunciantes. Fuentes del caso apuntan que fue la gestoría belga Megyxx Sprl y su contable, Etienne Mestré, que fiscaliza las cuentas de CatGlobal, quién dio «la alerta al ver transferencias que iban directas a una cuenta privada de Comín».
Estos datos hicieron maniobrar el Consell con el nombramiento de este mediador que partía de la premisa de la «pésima relación personal» que mantenían los miembros de CatGlobal con Comín. En concreto, razonaba que la polémica había salido de madre por las «malas formas de Comín» y por las «particularidades de su carácter» que, precisamente, no facilitaban las relaciones en organizaciones muy fiscalizadas y de carácter privado, donde todo el mundo puede opinar en igualdad. «Las formas han podido degenerar los hechos», comenta uno de los miembros del Consell intentando quitar hierro a la situación.
Renacen polémicas mal apagadas
La crisis de CatGlobal ha hecho despertar polémicas que permanecían mortecinas y que esperaban mejores tiempos para poder ventilarlas, después del largo ciclo electoral que ha vivido Cataluña y después de la crisis interna que vivió el mismo Consell para cambiar su manera de funcionar y de escoger sus representantes. Una de las más sonoras fue la propuesta de dimisión de los miembros de la Sindicatura Electoral el 17 de septiembre de 2023. En una carta, enviada exclusiva y confidencialmente a Puigdemont por los entonces integrantes Jordi Domingo, Olga Amargant y Mònica F. Pujagut, presentaban su dimisión irrevocable.
La misiva, de cinco páginas, y a la cual ha tenido acceso El Món, cargaba contra la actitud de Comín con sus decisiones oficiales en dos ocasiones, en julio de 2022 y en septiembre de 2023. Así, lo acusaban de «pretender revisar o someter decisiones tomadas por la Sindicatura a calendarios o intereses personales o políticos». Una acusación surgida por la negativa de Comín a publicar dos resoluciones de la Sindicatura sobre dos consultas hechas a los asociados.
Una situación que hizo poner el grito al cielo a los miembros de la Sindicatura, que pidieron explicaciones a los encargados técnicos de las publicaciones y estos derivaron la responsabilidad al vicepresidente del gobierno del Consell. «Tenemos las manos atadas porque necesitamos el visto bueno de Toni Comín», alegaron. Comín arguyó que era mejor no publicar las resoluciones de golpe porque «cansaban a la gente». La situación y las respuestas generaron una convulsión interna considerable, en la cual intervino Carles Puigdemont. En resumidas cuentas, los síndicos acusaban a Comín de utilizar una institución como la Sindicatura a su «capricho, interés o conveniencia». La Sindicatura fue relevada el 16 de enero de 2024.
